Por Carlos Polimeni
 La difusión de un borrador del proyecto de Ley de Radiodifusión con que el gobierno nacional quiere comenzar a encarrilar el ramificado mercado de los medios electrónicos de comunicación comenzó a generar ayer un debate del que, astutamente, se excluyeron los dueños de los principales holdings. El interventor en el Comité Federal de Radiodifusión, Gustavo López, aclaró varias veces durante la jornada que al girar el borrador a senadores, diputados, empresas, medios de comunicación y cámaras sectoriales se propuso inaugurar un período de discusiones, que se extenderían hasta un plazo máximo de dos meses, antes de que la Cámara de Diputados reciba el anteproyecto definitivo de ley. La ley de radiodifusión en vigencia, que los medios electrónicos pisotean una y otra vez, con la complicidad de las sucesivas administraciones, data de los años de plomo, ya que fue promulgada en 1980. Uno de los puntos centrales de la cuestión es que el espíritu de esa ley es antimonopólico y en los últimos diez años si algo ha ocurrido con los medios electrónicos de comunicación es la formación de holdings cada vez más poderosos. El envío del anteproyecto tiene la clara intención de lograr un consenso antes del tratamiento parlamentario, pero a la vez no disimula el intento de que los holdings se pronuncien en público sobre sus objeciones. Los principales están aún en un silenzio de stampa, mientras sus abogados estudian la cuestión.
Lo de los holdings es un dato central a la hora de pensar hoy el mercado electrónico de comunicación. El grupo Telefónica maneja actualmente 13 canales de televisión �entre ellos Telefé y Azul� y dos radios, el grupo Clarín siete empresas televisivas �entre ellas Canal 13, Multicanal y Direct TV� y tres radiales, el grupo Uno, originario de Mendoza, seis canales televisivos y varias radios, y el grupo CIE Rock and Pop ha consolidado este año un pequeño imperio que acumula siete radios. A eso hay que sumar el Grupo Avila, TyC, el grupo Hicks, el grupo Cisneros, etc. La futura ley de radiodifusión no podrá ser retroactiva, pero en todo caso, piensan los funcionarios del Gobierno, impedirá futuros monopolios y propenderá a la disolución de los existentes. Uno de los puntos centrales del debate que se viene es que la ley que el Gobierno propulsará dispone que las sociedades dueñas de los medios sean de capital nacional en un 60 por ciento. El negocio de la radiodifusión mueve sólo en concepto de torta publicitaria casi 2 mil millones de dólares por año, sumando avisos pagos en radio, televisión abierta y televisión por cable. El crecimiento de los mercados es totalmente espasmódico: mientras la Capital Federal y el Gran Buenos Aires tienen a disposición cinco canales, en Catamarca no hay un canal de aire. En la mayoría de las ciudades que son cabeceras de provincia sólo hay uno �lo que genera obvias convivencias con los poderes políticos� y apenas llegan a dos las ciudades más importantes, como Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Tucumán y Bahía Blanca. �El Estado, para garantizar la pluralidad, quiere que en cada ciudad haya por lo menos dos canales de aire�, puntualiza López.
Las ideas que el borrador del anteproyecto expresa están llenas de las mejores intenciones, como suele ocurrir. �Se considera a la comunicación como un bien social necesario para el desarrollo cultural, educativo y económico de la población, y esencial para el adecuado funcionamiento del sistema republicano, representativo y democrático de gobierno�, puntualiza el Comfer, en buena parte para intentar marcar diferencias con una enredada madeja de medios que en general sólo parecen al servicio de los intereses de sus dueños. No es ocioso recordar que el Estado es el dueño de todas las frecuencias (las ondas de televisión y de radio viajan por el aire, que pertenece al Estado) que, mediante un sistema de licitaciones, �alquila� a lo que el lenguaje técnico suele llamar �arrendatarios� o �permisionarios�. Según la visión del Gobierno, los medios de comunicación deberían estar regidos por los siguientes objetivos: u La promoción cultural y educativa de la población, asegurando posibilidades de expresión de las diferentes corrientes de opinión, a través del estímulo a la creación y a la libre expresión del pensamiento.
 La defensa y promoción del patrimonio cultural de las diversas regiones que integran la
Nación.
El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico.
La pluralidad, veracidad e imparcialidad de las informaciones.
El respeto al honor, a la vida privada de las personas y a los derechos y garantías protegidos por la Constitución nacional y las leyes de la Nación.
El respeto a los derechos de la infancia, la juventud, la ancianidad y las minorías.
La promoción del derecho a buscar, difundir y recibir informaciones y opiniones, sin ningún tipo de límites y fronteras.
El ejercicio del derecho de los habitantes a la información sobre los actos del Estado, la conducta de sus funcionarios, el medio ambiente y respecto de los bienes y servicios destinados al consumo.
Promover el conocimiento de otras culturas y la difusión de las diversas expresiones de la cultura nacional.
En cuanto a los contenidos que, por esos objetivos, los medios deberían tener, la idea del Comfer es que se estructuren a partir de ítem como los siguientes:
a) Respeto a la igualdad de derechos y a la pluralidad de culturas y etnias que caracterizan a la sociedad argentina.
b) Programación variada y abarcadora tendiendo a lograr un equilibrio entre la información, los conocimientos y el entretenimiento para los hombres, mujeres y niños de todas las edades, intereses y gustos.
c) Utilización de fuentes locales, regionales, nacionales e internacionales, con inclusión de programas educativos y comunitarios que ofrezcan al público la oportunidad de estar expuesto a la expresión de diferentes opiniones acerca de cuestiones de interés general.
d) Promoción de la cooperación internacional e integración regional latinoamericana, y en particular del Mercosur.
�La ley excluye aquellos contenidos que promuevan la discriminación de personas, o que lesionen los derechos del niño, el trabajador o los ancianos, así como la pornografía y la difusión de informaciones falsas�, recuerdan los funcionarios. �También penalizará la incitación a la violencia o el delito, la intimidación pública o la promoción del juego cuando no cuente con la autorización correspondiente.�
Uno de los puntos claves, seguramente de conflicto con los dueños actuales de los medios, que sin dudas objetarán el punto, es que en televisión abierta el 51 por ciento de los programas deberán ser de producción nacional y el 18 por ciento de producción propia (un porcentaje que debería ascender al 25 por ciento a los cuatro años de aprobada la ley). En televisión por cable o satelital, el 35 por ciento de las señales deberán ser de origen nacional. En cuanto a las radios, la ley exigirá que el 70 por ciento de los programas sea de producción nacional y el 25 por ciento de las obras musicales que se emiten sean compuestas, ejecutadas o interpretadas por argentinos. En todos los casos, propone la ley, los medios reservarán un 10 por ciento de la programación para producciones independientes. Los dueños de los medios deben estar hoy recuperándose de la risa que el item les causó.
El borrador del Comfer incluye la posibilidad de la creación de un nuevo ente de control que se llamaría Comisión Nacional de Radio y Televisión Argentina (CNRTA), un organismo autárquico que dependería del Poder Ejecutivo nacional. Sería conducida por un directorio integrado por un presidente designado por el presidente de la Nación y cuatro (4) directores, que representarían a las secretarías de Cultura y Comunicación (1) y de Comunicaciones (1), en el ámbito del PEN, y a las cámaras de Diputados (1) y Senadores (1) del Congreso de la Nación. Por otra parte, se crearía una Defensoría de los Usuarios de Radio y Televisión, que dependerá del directorio de la CNRTA. Su conducción estaría a cargo de �una persona de trayectoria reconocida en el plano cultural, social, académico y en la defensa de los valores y derechos humanos�. La Defensoría �canalizaría las inquietudes del público y convocará a las organizaciones intermedias para analizar el funcionamiento de los medios�. En tanto, un Consejo Federal de Radio y Televisión reuniría periódicamente a los directores de Comunicación de las provincias para evaluar la aplicación de la ley.
A partir de hoy, la pelota está en el campo de los dueños actuales del mercado. Cuando vuelva al Comfer, no volverá mansita.
| El tema de la propiedad de los medios
Uno de los puntos cruciales del borrador de ley alude a la propiedad de los medios. Estos son algunos de las ideas sobresalientes del borrador respecto del tema:
Los servicios de radiodifusión podrán ser adjudicados a las personas físicas o jurídicas. Las licencias durarán 10 años y podrán renovarse una sola vez por un período similar.
Las personas físicas deben ser argentinos nativos o por opción o naturalizados con más de diez años de residencia, salvo que existan tratados de reciprocidad con terceros países que otorguen derechos equivalentes para el acceso a licencias de radiodifusión.
Las sociedades comerciales deben estar integradas por capital nacional en por lo menos
un 60 por ciento. Sus órganos de conducción deben estar en manos de ciudadanos argentinos. Las acciones deberán ser nominativas en por lo menos un 85 por ciento. No podrán ser controladas por empresas extranjeras ni realizar pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero.
No podrán ser titulares de licencias los legisladores, concejales o consejeros vecinales, funcionarios públicos, magistrados o funcionarios judiciales, integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad en actividad. Tampoco quienes exploten otros servicios públicos y ejerzan, de hecho o de derecho, una posición monopólica o dominante en el mercado, ni quienes estén inhabilitados judicialmente o con condena penal.
Un mismo licenciatario podrá como máximo en una misma área de cobertura:
Ser titular de un servicio de televisión abierta.
Hasta 3 licencias de radio, siempre que la suma de éstas no sobrepase el 25 por ciento de las frecuencias adjudicadas en el área.
Un mismo licenciatario podrá como máximo a nivel nacional:
Ser titular de hasta 12 licencias de televisión abierta.
Hasta 24 licencias de radiodifusión. |
| La polémica del horario
Los contenidos de la ley en vigencia en cuanto a los horarios de protección al menor no se cumplen, de hecho. Gustavo López afirma que durante los años de Carlos Menem en el poder el Comfer multaba reiteradamente las infracciones �contenidos sexuales por la tarde, por ejemplo�, pero los canales no pagaban. Eso �permitía al organismo tener una herramienta para el apriete político a los dueños de las licencias�. Para López, el Comfer canjeó las deudas millonarias y, por ende, incobrables que así se acumulaban, por avisos oficiales, sobre todo durante el final del gobierno, en la época de la campaña �Menem lo hizo�. Desde su asunción, López redujo el monto de las multas, con la intención de que se paguen las deudas y no se cree un sistema perverso de relación, y a la vez acordó con los canales una óptica distinta de respeto a la lógica legal. Esto dice el proyecto de nueva ley respecto del tema de los horarios:
Los contenidos de la programación televisiva a emitirse entre las 6 y las 21 deberán ser aptos para todo público.
Entre las 21 y las 23 estará permitido irradiar programas con contenidos considerados inconvenientes para menores de 13 años.
Entre las 23 y la 1 del día siguiente podrán emitirse programas considerados prohibidos para menores de 16 años.
Desde la 1 y hasta las 6 podrán salir al aire programas considerados prohibidos para menores de 18.
La ley en vigencia excluye de la televisión los programas prohibidos para menores de 18, a cualquier horario, pero la verdad es que los medios los emiten a partir de las 22, y el Comfer no los sanciona, porque se ha hecho costumbre. La nueva ley crearía un mecanismo de identificación visual que informaría sobre la calificación durante la emisión de los programas. |
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Dos opiniones en torno a la situación |
Irma Parentella *.
Me parece bueno que podamos debatir una ley, que no nos manejemos con la vieja y con sus innumerables decretos. Yo hice una propuesta que tiene que ver fundamentalmente con el contenido y la idea de que la comunicación es un derecho humano y los medios son bienes sociales. Creo que es importante rever el papel del Estado en relación a los contenidos éticos de una sociedad más democrática. Muchos ven el tema de constituir un código de ética como un ataque a la libertad de expresión, pero es algo sumamente alejado de esa idea. Comparto que se establezcan exigencias respecto de la producción propia y nacional. Los argentinos debemos saber que el rol de los medios es muy importante y tenemos que saber a quiénes pertenecen.
Nos pasó con la licencia de Radio Municipal que Hadad vendió antes de tiempo a una empresa estadounidense y que Menem refrendó. También estoy de acuerdo en relación a las normas referidas a la producción del interior y a la publicidad. En ese sentido la ley es positiva.
* Diputada nacional (Alianza)
Eliseo Veron *.
El hecho de que el debate sobre ley comience a circular me parece una cosa sumamente positiva, ya que está destinado a generar una discusión pública sobre el tema. Con respecto al punto de alcanzar un 51 % de producción nacional que pretende la propuesta, soy más bien escéptico. En Francia también se intentó, sin embargo la discusión de fondo no es de porcentaje. Eso puede tener algún efecto en el mercado laboral, pero los problemas a nivel cultural no los resuelve una ley. Si Brasil hace buenas telenovelas no es por un porcentaje en la ley, es porque Brasil hace buenas telenovelas. Un porcentaje no va a generar
una producción buena de por sí. Si esa potencialidad de buena calidad existe, son otros los factores para activarla. En cuanto a la figura del defensor del televidente, ha funcionado bastante, es novedosa pero depende de cómo se instrumente. Al principio uno no sabe bien cómo manejar estos instrumentos. Pero puede tender a generar
cierta perturbación. Y eso me parece bien. Lo que hay que preguntarse es qué consecuencias tiene esta ley en el panorama de los medios en la Argentina. Eso hay que analizarlo detalladamente.
* Semiólogo. |
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