 Lo había anticipado durante su visita a México. Pero ayer fue explícito. El presidente Fernando de la Rúa aseguró que el gobierno argentino no va a tomar �ninguna iniciativa para frenar� el proceso de extradición contra el represor Ricardo Miguel Cavallo, quien espera en México la resolución que lo llevará a una cárcel de España. El Consejo de Ministros del gobierno español se reunirá hoy y podría decidir si continúa con el trámite que inició el juez Baltasar Garzón.
�Argentina no va a tomar ninguna iniciativa para frenar el proceso contra Cavallo en España�, dijo el Presidente en una conferencia de prensa que ofreció en la embajada argentina, en Beijing, horas antes de su regreso al país. �Es una cuestión entre la jurisdicción española y francesa. La Argentina no lo reclama porque no tiene causa abierta en el país�, agregó De la Rúa.
De cualquier manera, el Presidente no omitió repetir que �la Argentina sostiene el principio de territorialidad�. Pero hasta ahora, en este caso, la frase no pasa de una declaración de principios. Mientras nada interfiera, el ex miembro del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada será extraditado a España donde será juzgado por genocidio, terrorismo y torturas.
Cavallo, que fue detenido el 24 de agosto pasado en la ciudad de Cancún cuando intentaba escaparse para la Argentina, era en México director del Registro Nacional de Vehículos (Renave). El represor fue procesado por Garzón �quien inicialmente lo tenía en sus expedientes con el nombre de Miguel Angel� el 1º de setiembre. Al iniciar luego el trámite formal de extradición, el juez español acusó al represor, también conocido por sus víctimas como �Sérpico� o �Marcelo�, de 264 desapariciones y 159 personas que después recuperaron su libertad.
El arresto del marino despertó todo tipo de conjeturas sobre el negocio millonario que significó la concesión del organismo a la empresa Talsud, regida por Cavallo y sus socios. Para sumar sospechas el supervisor de Cavallo en el gobierno mexicano, el subsecretario de Comercio y supervisor del Renave, Raúl Ramos, apareció �suicidado�.
Luego de estos hechos, el gobierno mexicano decidió ayer intervenir el Renave y anunció que estudia �causas legales� para retirar la concesión del servicio al consorcio que dirigió el represor argentino.
El ministro mexicano de Comercio, Herminio Blanco, explicó que la decisión tiene carácter temporal y se debe a los últimos acontecimientos surgidos en torno del Renave: la detención de Cavallo y el supuesto suicidio de Ramos. Blanco afirmó que aún no se han encontrado motivos legales para revocar la concesión. A pesar del anuncio del gobierno, el titular de Comercio aseguró que el consorcio �formado también por una empresa francesa y otra mexicana� debe pagar hoy unos 850 mil dólares a la administración de México como parte de las obligaciones contraídas en el contrato de adjudicación del Renave.
| ¿La ESMA será museo?
Los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires pidieron al gobierno porteño que tome las medidas necesarias para que el terreno perteneciente a la Escuela de Mecánica de la Armada vuelva a la Ciudad, tal como indica la ley que se sancionó el 1° de junio de este año. Lo hicieron al aprobar un proyecto de declaración presentado por la diputada justicialista Alicia Pierini y los aliancistas Daniel Bravo y Delia Bisutti. En la ley del 1 de junio, sancionada por unanimidad, se estableció que el predio de la ESMA pasaría a la Ciudad para que allí se levante un Museo de la Memoria. Pero los marinos no están interesados en ceder el lugar y pretenden instalar allí otra escuela militar, ya que la ESMA fue trasladada. Fernando de la Rúa, cuando era jefe de Gobierno porteño inició un juicio para que el terreno donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del país, vuelva a la Ciudad, pero ahora su ministro de Defensa se resiste a entregarla. Dentro de la legislatura, Julio Crespo Campos, de la Unión del Centro Democrático, y Ricardo Busacca, del Partido Popular Cristiano, se opusieron a la iniciativa de Pierini, Bravo y Bisutti. Los legisladores de Izquierda Unida, Vilma Ripoll y Patricio Echegaray, se abstuvieron porque consideraron una �hipocresía� levantar un Museo de la Memoria si antes no se derogan las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. |
DECIDIRAN HOY EN ROMA SI EL MILITAR PUEDE DEJAR LA PRISION
Temen una posible fuga de Olivera
La posible fuga del represor Jorge Olivera tiene en alerta a representantes de organismos de derechos humanos aquí y en el extranjero. La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Roma debe resolver hoy si permite que el secuestrador y torturador de la joven francoargentina Marie Anne Erize espere su extradición a Francia en libertad condicional o en la tranquilidad de un monasterio de padres franciscanos. Para muchos, esta decisión podría terminar como el escape del maestre de la logia masónica P2, Licio Gelli.
El abogado argentino Horacio Méndez Carreras llamó personalmente al general de la orden franciscana, Giacomo Pini, y le manifestó que él sería responsable si Olivera se evade de la Justicia. Los defensores del represor, Augusto Sinagra y Marco Antonio Bezicheri �de estrecha vinculación con la ultraderecha italiana�, pidieron como refugio del militar y abogado argentino el mismo lugar que acogió al nazi Erich Priebke.
Los argumentos que presentó Olivera para que se le concedan la libertad condicional no trascendieron aunque sus abogados parecen querer demostrar que el militar no estuvo involucrado en el secuestro de Erize, hecho corroborado por varios testigos. De cualquier manera, la culpabilidad o inocencia del represor se decidirá en el juicio en Francia y no durante su trámite de extradición.
Olivera fue arrestado el 6 de agosto pasado en el aeropuerto romano de Fiumicino. El juez francés Roger Le Loire, a pedido de la abogada Sophie Thonon, pidió su extradición por su responsabilidad en la desaparición de Erize, secuestrada el 15 de octubre de 1976 en la ciudad de San Juan.
El represor, que se dedicó a la abogacía después de retirarse del Ejército, fue defensor del ex general Guillermo Suárez Mason. Junto con su socio, Jorge Appiani, se dedicó a intentar reeditar la doctrina de los dos demonios: pidió indemnizaciones para los hijos de los �muertos por la subversión� y abrió �causas por la verdad� sobre supuestos asesinatos de militares.
Los representantes de organismos de derechos humanos de Italia, Francia y la Argentina especulan con que si la justicia romana lo deja libre o en un convento hasta que se termine la extradición, Olivera nunca llegará a Francia. Recuerdan que Gelli se fugó de su lujosa residencia de Arezzo en Toscana donde se encontraba bajo el régimen de arresto domiciliario. Ese caso provocó un escándalo que involucró al gobierno italiano. El maestre de la P2 era un experto en la evasión �antes se había escapado de una prisión de máxima seguridad en Suiza�. Defensores de derechos humanos no descartan que Olivera sea un buen aprendiz.
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