Por Felipe Yapur
 Esta vez el pretexto fue la falta de quórum. Una vez más, el bloque de la Alianza no logró que los representantes del radicalismo permanezcan en el recinto para votar la ley que les permitirá a los presos por el copamiento al cuartel de La Tablada modificar su situación jurídica. Un acuerdo entre los bloques mayoritarios provocó un nuevo cuarto intermedio hasta la semana que viene. Mientras tanto, los detenidos ingresan hoy en el décimo día de huelga de hambre.
Fueron seis horas de debate con una extensa lista de oradores. Cuando se aprobó, cerca del mediodía, la ley de Hábeas Data había en el recinto unos 164 legisladores. Poco después de las 19, cuando la sesión caía, sólo estaban presentes 100 (se necesitan 129 para tener quórum). La mayoría de los que se retiraban lentamente eran radicales. Lo hacían frente al titular del bloque de la UCR, Horacio Pernasetti, cuyo rostro reflejaba impotencia para detener el desbande. Los justicialistas también se iban, pero no era novedad. Algunos diputados y otros tantos operadores del bloque se encargaron de anticipar la estrategia: dejar un número reducido de diputados, como para no hacer caer la sesión, y entre los que se encontraban los pocos �cinco justicialistas� que iban a votar a favor de la ley que impulsa el frepasista Ramón Torres Molina.
En el Salón de Pasos Perdidos, contiguo al recinto, estaban los familiares de los detenidos. Miraban atónitos cómo los legisladores se retiraban raudos del Congreso. Algunos justificaban su partida diciendo que la sesión ya caía. Otros, muchos menos, juraban que volvían a la hora de votar. De acuerdo con lo que ocurrió, regresarán justo en una semana.
Mientras en Diputados se debatía, a pocos metros de allí el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, se reunía para analizar con los senadores de la Comisión de Derechos y Garantías los proyectos de ley que hay en ese cuerpo sobre el tema de La Tablada. �Ninguno de los proyectos plantea la libertad para los condenados sino sólo la chance de que se revise la sentencia�, dijo el ministro para aclarar que �el Poder Ejecutivo no dispondrá ningún indulto ni ninguna conmutación de penas�.
El encargado de justificar el proyecto oficialista fue el frepasista Juan Pablo Cafiero. Aseguró que se intenta cumplir �con todos los requisitos para asegurar una perfecta administración de la Justicia� y agregó que �no se puede a una injusticia responder con otra injusticia. Con esta modificación un nuevo tribunal de casación podrá asegurar una mejor justicia�, dijo. La posición de Cafiero tuvo dos respuestas. La del justicialista Miguel Angel Pichetto y del radical Marcelo Stubrin. El menemista consideró al proyecto como una forma solapada de impulsar la libertad de los detenidos y dijo que �el Gobierno tiene dos mecanismos, que son la conmutación de penas y los indultos�, señaló antes de adelantar el voto negativo del bloque porque creían que todavía �las heridas no han cicatrizado�. Stubrin propuso la incorporación de un artículo que evite cualquier posibilidad de la aplicación del beneficio del �dos por uno� que permitiría la libertad de los presos. El diputado advirtió que �en ningún caso� deberán ser considerados como prisión preventiva los once años de pena que vienen cumpliendo.
A su turno habló Torres Molina. Repasó las observaciones interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que �constató violaciones al derecho a la vida de nueve personas y torturas en 20 de los detenidos�. Los familiares de los presos, en tanto, daban cuenta de que en octubre la CIDH los recibirá y el Estado argentino tendrá que informar sobre el cumplimiento o no de las recomendaciones. Restaban 10 diputados por hablar cuando el presidente del Cámara baja, Rafael Pascual, advirtió que en el recinto no había quórum, y los bloques acordaron rápidamente pasar a un cuarto intermedio. La historia continúa en 7 días.
LA DEFENSA DE LOS MILITARES ESPIAS ATACA A LA JUEZA
�Una trama hollywoodense�
Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba
El procesamiento que decidió ayer la Justicia federal contra quince militares y civiles que espiaban a la sociedad cordobesa, entre ellos el general Jorge Miná, generó la rápida reacción de sus abogados defensores. Confirmaron que apelarán la resolución de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano y que también estudian pedir su apartamiento. Según el abogado Eduardo Rodríguez Aramburu, la magistrada �pretendió dar un impacto mediático� con un procesamiento que �no tiene basamento�. Los defensores la acusaron de construir una �trama hollywoodense�, admitieron la circulación de información entre los militares y agentes de inteligencia que defienden, pero señalaron que de haber un cuestionamiento a esta actividad debería ser �político, nunca jurídico�.
Rodríguez Aramburu dialogó con Página/12 apenas llegó a Buenos Aires, ayer por la tarde, para �posiblemente� entrevistarse con Miná. El ex titular de Inteligencia del Ejército contrató al estudio del abogado cordobés apenas fue mencionado en la causa de espionaje, en mayo del año pasado. Meses después trascendió que era Miná quien pagaba los honorarios para la defensa de todos los militares �por entonces� imputados. Ahora defiende a los quince procesados �entre ellos los coroneles José Guillamondegui, José Luis Bo y Carlos Tepedino y también al periodista Carlos Revello�.
�Aquí no cabe duda de que la jueza ha pretendido dar un impacto mediático�, afirmó Rodríguez Aramburu, �ante la situación que la dejó descolocada con el planteo de apartamiento que le hicieron querellantes en la causa por la verdad histórica por haber sido funcionaria del Proceso�, en relación con la presentación del abogado Rubén Arroyo.
Consultado sobre el trabajo de inteligencia descubierto por la Justicia, Rodríguez Aramburu reconoció que, �si puede haber cuestionamientos a las actividades de los servicios, los puede haber de carácter político, pero no de carácter judicial. Sí puede haber existido informaciones de toda índole que los agentes iban remitiendo a los distintos organismos, pero no existieron en ningún caso órdenes de investigar alguna actividad o persona en particular, y menos del juzgado�, explicó. Según el letrado, �eso no es tarea de inteligencia; es lo que hacemos a diario los abogados, los periodistas�.
�Lo de la estructura es absolutamente falso�, dijo Rodríguez Aramburu cuando este medio aludió a la descripción de los hechos por parte de la Justicia, que dan cuenta de un aceitado mecanismo, con roles claros por parte de los militares y de los PCI. �Cuestionemos al sistema, no es un problema judicial que los legisladores prohíban que haya PCI periodistas�.
El abogado cuestionó que �sistemáticamente el juzgado 3� haya rechazado sus planteos, �a los que la Cámara Federal hizo lugar�.
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