Por Susana Viau
 �¿Me está acusando de haber hecho la sentencia?�, preguntó inquieto el abogado Julio Figueredo al procurador de la Suprema Corte mendocina. La audiencia era parte del proceso de destitución del juez Orlando Juan Vargas, firmante del amparo que permitió a Raúl Moneta quedarse con la privatización de los bancos de Mendoza y Previsión Social. Figueredo había representado en aquella ocasión a Moneta y firmado el recurso; el procurador acababa de demostrar, papeles en mano, que ese fallo de Vargas tenía un estilo tan parecido al de Figueredo como diferente del resto de sus pronunciamientos. Hoy se decide si corresponde iniciar juicio político al magistrado. La ley de jury provincial exige que la medida esté respalda por la mitad más uno de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento.
El proceso de licitación de las dos entidades provinciales fue accidentado: Moneta fue el único oferente presentado por el Banco de Previsión Social y la que sacaba a subasta el Banco de Mendoza fue declarada desierta. Dado que la propuesta de Moneta contenía condicionamientos no previstos en los pliegos, el gobernador Arturo Lafalla la desestimó y llamó a todos los adquirentes de los pliegos a una nueva ronda de ofertas. Las de Moneta perdieron en ambos casos. Frente a ello, el día 3 de mayo de 1996 presentó un insólito recurso de amparo ante un juez correccional, sin competencia en materia civil. Por entonces, la legislación mendocina sobre recurso de amparo permitía elegir el juez de cualquier fuero. Fue precisamente a raíz de la actuación del juez Vargas que se modificó el instituto del amparo obligando a sortear juez del fuero correspondiente al caso.
En la ronda de testigos del martes quedó demostrado que el recurso fue presentado un día viernes por la mañana. Esa misma tarde Vargas resolvió admitirlo fijando contracautela de 100.000 pesos, muy exigua para un patrimonio en juego de 500 millones. Según la versión del juez, al día siguiente �el sábado 4 de mayo� los abogados de Moneta (Julio Figueredo, del estudio Dromi, y Alberto Vila, director de las empresas del holding Vila-Manzano) le llevaron 100.000 pesos en efectivo. Los bancos estaban cerrados, pero, por una gran casualidad, la secretaria del juzgado encontró al cajero del Banco de Previsión Sucursal Tribunales, quien le recibió el depósito en un día feriado. Según consta en las planillas de caja del banco, el dinero ingresó recién el lunes 6. De acuerdo con insólita versión del juez Vargas, el cajero del banco se habría llevado los 100.000 pesos a su casa para esperar hasta el día lunes, todo ello bajo la responsabilidad del magistrado. Otro dato curioso es que a la hora en que los abogados de Moneta efectuaron el depósito, aún no habían recibido la notificación del monto fijado por el juez Vargas.
El recurso de amparo había sido firmado por Julio Angel Figueredo, aclarando que lo hacía en representación del estudio Dromi, y por Alberto Vila, director de las empresas del grupo Vila-Manzano. Antes de ingresar al estudio de Roberto Dromi, Figueredo había sido juez civil y comercial de la provincia de Mendoza. El martes pasado, Figueredo compareció ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Cuando le preguntaron por qué un recurso de tanta importancia había sido llevado a un juez correccional con competencia penal en delitos menores, respondió que fue porque la estrategia del grupo preveía que el caso podía tener derivaciones penales. Al preguntársele cuáles eran los delitos en los que habían pensado, Figueredo trastabilló. Tampoco pudo explicar las razones por las que se había acudido a un juez correccional, dado que el incumplimiento de deberes les corresponde a los jueces de instrucción.
El procurador general de la Suprema Corte de Mendoza, Rodolfo González, había solicitado una pericia de estilo sobre la sentencia del juez con el objeto de determinar si, en efecto, había redactado ese texto. Pesaban grandes sospechas de que no hubiera ocurrido así. El Tribunal rechazó esa prueba. No obstante el martes, al declarar Figueredo, el procurador González exhibió una gran cantidad de sentencias firmadas por Figueredo durante su paso por la magistratura. Esa lectura demostraba que su estilo y sus giros idiomáticos eran idénticos a los supuestamente utilizados por Vargas. Por si hacía falta el procurador realizó la misma operación al revés: mostró que el resto de los fallos de Vargas eran absolutamente diferentes en su estilo al dictado en favor de Moneta. Todo parecía indicar que Vargas no era el autor del fallo que había firmado. A tal punto que Figueredo se vio forzado a preguntar: �¿Me está acusando de haber hecho la sentencia?�.
Ayer debió haber testificado el ex ministro menemista Roberto Dromi, titular del estudio donde revista Figueredo. No lo hizo y los empleados de su buffet argumentaron que se encontraba fuera del país. Ayer se produjeron los alegatos. Hoy se conocerá el veredicto.
La ley de jury prevé que para la destitución hace falta la mitad más uno del total de votos (21), o sea 12. Esto significa que al momento de la sentencia es fundamental la asistencia de la mayor cantidad de miembros porque cada ausencia se computa como voto en contra de la destitución. La estrategia de Moneta consiste en alentar que el tribunal alcance el quórum para sesionar, pero que no cuente con los miembros suficientes para conformar la mitad más uno, que destituiría al magistrado amigo. Así, el largo brazo de Moneta está dirigido al ausentismo.
Quejas de Economía
Economía presentó sus quejas en el Congreso por los cambios introducidos por el Senado a las leyes de Emergencia Económica y Antievasión. Mario Vicens, secretario de Hacienda, y Roberto Eilbaum, subsecretario de Programación Económica, fueron los encargados de reunirse con un grupo de diputados para pedirles que modifiquen lo dispuesto por la Cámara alta. En Emergencia Económica, los funcionarios reclamaron la eliminación del �Brady provincial�, por el cual la Nación debería emitir un bono por unos 5000 millones de pesos para aliviar el peso de la deuda de las provincias. En cuanto a la ley Antievasión, Vicens criticó la permanencia de la exención impositiva a la venta de combustibles en la Patagonia debido a que esa práctica fomentaría la evasión. Además, reclamó la restitución del artículo en el cual se habilitaba a la AFIP a investigar la historia fiscal de los contribuyentes, un artículo que fue eliminado en el Senado.
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