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José Uriburu, otro ex ministro de
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 Ex funcionario menemista procesado. José Alberto Uriburu, el último ministro de Trabajo del gobierno de Carlos Menem, reviste desde ayer en esa categoría porque el juez federal Jorge Urso dispuso su procesamiento y le trabó un embargo sobre sus bienes de 250 mil pesos por presunta administración fraudulenta. El magistrado adoptó esa medida en una causa que investiga irregularidades en la licitación del servicio de limpieza de la cartera laboral y en la cual aparecen involucrados otra decena de ex funcionarios que corrieron la misma suerte que Uriburu. Urso no les dictó prisión preventiva con lo cual el ex ministro y todos los demás procesados continuarán en libertad.La causa que derivó en el procesamiento de Uriburu se remonta a mayo de 1998. Entonces, la empresa Servicios Horizonte S.A. radicó una denuncia ante la Justicia por considerar que había sido perjudicada en la licitación que concluyó con la adjudicación de las tareas de limpieza del Ministerio de Trabajo a otra firma. La presentación en los Tribunales la formuló el titular de la empresa desplazada, Norberto Eduardo Adamoli, quien advirtió que la contratación de la firma a la cual se le dio por ganada la licitación había derivado en aumentos de un año a otro del orden del 60 al 70 por ciento en el precio del servicio de limpieza. La licitación en cuestión fue convocada con el objetivo contratar el servicio de limpieza para el edificio ubicado en Leandro Alem 638 y 650 y en la otra sede que la cartera laboral tiene Callao 114. De acuerdo con las pruebas que Urso logró reunir en el expediente al cabo de un año y medio, esa licitación se habría realizado a la medida ��amañada�, dijo el juez en su resolución� de la empresa Royal, que fue la que finalmente resultó beneficiada con la contratación. El magistrado señaló que el Ministerio de Trabajo estableció �exigencias� que impidieron participar en la licitación �a oferentes que además de cumplir con las restantes especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones, presentaban ofertas más convenientes�. Urso destacó en su resolución de alrededor de 50 fojas que en su momento la Sindicatura General de la Nación advirtió que �debería haberse declarado desierta la licitación y proceder a un nuevo llamado a efectos de procurar obtener ofertas acordes con los valores otrora contratados� y se remitió a un informe de expertos de la Facultad de Ingeniería, quienes constataron que el Ministerio de Trabajo �pagó un monto superior en 50 por ciento� por esa contratación. Uriburu, si bien el más conocido y máximo responsable por ser el titular de Trabajo a la fecha de la contratación, no es el único ex funcionario de esa cartera implicado en aquella maniobra presuntamente fraudulenta. En la nómina de procesados aparecen el ex director de Patrimonio y Suministros, José Codina; y Liliana Noemí Cerino y Adriana Edith Navarro, dos ex empleadas administrativas, sobre cuyos bienes también fue trabado un embargo de 250.000 pesos. La lista la completan Margarita Agustina Gervasi, Raúl Darío Dellagiovanna, Roque Eduardo Ceballos, Héctor Roberto Armida y Alfredo Eduardo Fernández Oro, con distintos grados de participación en la maniobra. �Cada cual en el ámbito de actuación que le cupo tributó en la realización final del resultado típico en desmedro de las arcas nacionales�, concluyó Urso en su resolución. Y advirtió que al margen de la defensa de cada uno de los imputados en la causa �procurando desdibujar el ámbito de responsabilidad y decisión bajo su órbita de gestión�, la maniobra �alcanzó su exacto y verdadero sentido merced al accionar voluntario y consciente que cada cual aunó en este proceso de contratación�.
LA CAMARA ANULO LA LICITACION
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