Se dice que los muertos no hablan, pero los buenos forenses saben que no es cierto: los muertos emiten señales desde el silencio, se identifican, cuentan con sus huesos historias secretas y a veces regresan para denunciar a sus asesinos y a los encubridores de sus asesinos. Como ocurrió hace pocos días con Iván Ruiz y Carlos Alberto Burgos, dos atacantes del cuartel de La Tablada, que integraban una lista de ocho desaparecidos y sobre quienes pesó, durante casi once años, un absurdo (o cínico) pedido de �captura recomendada�. 
Los cadáveres de Burgos y el chico Ruiz (que tenía 18 años cuando fue asesinado) fueron reconocidos (en un 99,99 por ciento) tras una postergada prueba de ADN que se practicó con cinco cuerpos calcinados y mutilados, que se enterraron con nocturnidad y alevosía en agosto de 1989. Seis meses después que 42 guerrilleros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) intentaran asaltar el Regimiento de Infantería Motorizada Número 3 de La Tablada. En marzo de ese mismo año los cuerpos �quemados con fósforo para borrar infamias� habían sido �despostados� a pedido de los forenses. Es decir, desprovistos de sus partes blandas. Extraña mutilación que parece reñida con la lógica forense y justifica lo que ha dicho la CIDH de la OEA sobre la manifiesta irregularidad de las autopsias practicadas a partir del 24 de enero de 1989, cuando las fuerzas del Estado argentino (que entonces comandaba Raúl Alfonsín) recuperaron el cuartel y el juez de instrucción Gerardo Larrambebere empezó su más que cuestionada tarea. 
En una fría noche de agosto del �89, en medio de un impresionante dispositivo policial, que a más de un espantado testigo involuntario le recordó los entierros clandestinos de la dictadura militar, la Justicia de la democracia enterró en la Chacarita cinco cadáveres que dejaría sin identificar durante once años. Y no les puso siquiera una cruz con la sigla N.N. Como en tiempos de Videla, se escamoteaban los cuerpos. Para evitar, tal vez, que se comprobara lo que ya era un secreto a voces: que al menos nueve de los 29 atacantes que murieron en el asalto a La Tablada fueron fusilados después de haberse rendido, en abierta violación a la Convención de Ginebra, el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución y los sentimientos humanitarios más elementales.
Martha Fernández, abogada de los presos de La Tablada, no es simplemente una defensora: fue durante décadas la mujer de Carlos Alberto Burgos y la madre de Juan Manuel, uno de los chicos del MTP que fueron detenidos tras el ataque. En 1990 se entrevistó con Raúl Pleé el fiscal de la causa, para exigir algunas diligencias fundamentales que permitieran establecer si Burgos había sido asesinado después de rendirse. También demandaba que se practicaran exámenes de ADN a los cinco NN de la Chacarita porque los familiares de su esposo y de otros desaparecidos no habían podido reconocer a sus deudos. Una de las medidas imaginativas dispuestas por el juez Larrambebere para obtener la identificación había sido el aporte de las fichas odontológicas, pero el cotejo era difícil o directamente imposible: a tres de los cadáveres calcinados les faltaba el maxilar inferior. Más tarde, una comisión internacional de patólogos forenses ofreció sus servicios al Estado argentino, pero el ofrecimiento fue rechazado por la Procuraduría General de la Nación.
Martha Fernández tenía buenas razones para sospechar que su esposo había sido asesinado algunas horas después de rendirse, pero el fiscal Pleé las desestimó olímpicamente: �Mire, doctora, su marido salió del cuartel. Hubo gente que salió�. La abogada replicó que era muy difícil burlar un cerco de 3500 efectivos del Ejército y la Bonaerense y subrayó que en un año, de haberse escapado, hubiera dado señales de vida. Entonces el actual acusador del Tribunal de Casación, se permitió una perfidia: �Tal vez no necesitaba tomar contacto con usted�. Lo mismo que le sugirió el ministrodel Interior de Videla, Albano Harguindeguy, a la viuda del secuestrado general boliviano Juan José Torres: que su marido podía haberse ido con otra. 
El fiscal Pleé no desconocía en ese momento los testimonios de cuatro soldados (Aibar, Miranda, Medina y Rojas), quienes certificaron que Burgos estaba vivo �mucho después del mediodía del 23 de enero de 1989� y que junto a él, en la Guardia de Prevención del cuartel, se encontraba malherido Roberto Sánchez, a quien las autoridades argentinas dieron por �muerto en combate�.
El acusador tampoco desconocía el singular video de la televisión española donde se ve a dos atacantes capturados por los militares (que sus compañeros reconocen como Iván Ruiz y José Alejandro Díaz) y se escuchan dos voces, una que advierte �¡No tiren carajo! Si hay algún zurdo lo vamos a matar después� y otra que reitera: �¡Mátenlos!�. Ni las fotos publicadas por los semanarios Somos y El Porteño en las que se ve claramente cómo se llevan detenidos a Ruiz y Díaz. En una variante perversa del Gran Bonete, donde el teniente primero Nacelli (que los captura) dice que se los pasa a un cabo Steigman, quien a su vez se los entrega al mayor Varando, que declarará haberlos dejado sin custodia (sic) en una ambulancia a cargo de un suboficial de nombre Esquivel. Como éste aparecerá después con un balazo en la cabeza, el Estado argentino sostendrá ante la CIDH que Ruiz y Díaz �se habrían fugado�. Lo que obligó, claro, a dictarles la captura, igual que a otros muertos.
Ahora, gracias a los científicos del Banco Genético del Hospital Durand (el mismo que utilizan las Abuelas de Plaza de Mayo), se ha podido comprobar que las fugas de Burgos, Díaz o Ruiz sólo existieron en la cabeza de fiscales como Pleé. O diputados como Miguel Angel Picheto, que el otro día, para sabotear un proyecto que cuestiona el proceso de La Tablada, habló �con sensibilidad castrense� de �heridas abiertas�. Afortunadamente el ADN resiste a ese fuego que el general Alfredo Arrillaga, comandante del �operativo de recuperación�, consideraba imprescindible para que �los subversivos, igual que las alimañas, abandonen su guarida�. 

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