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El malo de la película volvió a trabajar con Pou

Pedro Pou fue desprocesado en la causa de los bancos Patricio y Mayo. El dictamen culpaba a Miguel Angel Ortiz de ocultar información a su jefe. Y sin embargo, Ortiz otra vez está con Pou.

Firma: El mismo día del cambio de gobierno, Pou en persona firmó la resolución 375 mediante la que, �visto la necesidad de contar con sus servicios�, recontrató a Ortiz.

Pedro Pou, presidente del Banco Central. En diciembre volvió a contratar como asesor a Ortiz.


Por Susana Viau

t.gif (862 bytes) El 7 de julio, los camaristas federales Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani desprocesaron al presidente del Banco Central, Pedro Pou, en la causa por la caída de los bancos Patricios y Mayo. De acuerdo con su dictamen, el ex vicesuperintendente de entidades financieras Miguel Angel Ortiz había ocultado los datos que preanunciaban tanto el hundimiento del Patricios como la incapacidad del Banco Mayo para absorberlo. Sin embargo, pese a la supuesta deslealtad de Ortiz, desde diciembre Pou lo tiene de nuevo a su lado en calidad de asesor personal y sin que conste en la resolución cuánto le paga el Estado a un funcionario sospechado de �administración fraudulenta�. Página/12 obtuvo en exclusiva la resolución 375 que contiene el nombramiento de Ortiz. El hecho, por donde se lo mire, no admite más que unas pocas explicaciones:

1 La Cámara Federal se equivocó procesando a Ortiz.

2 La grandeza de Pou lo indujo a perdonar a Ortiz.

3 Ortiz ha sido recompensado por aceptar el papel de pato de la boda y cargar con las responsabilidades que la Cámara no sabía dónde poner cuando se las sacó a Pou de encima. 

Todos ponen

El 26 de mayo de 1999, el juez Gabriel Cavallo resolvió dictar el procesamiento de Pou por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa abierta por la caída de los bancos Patricios y Mayo. La denuncia había sido presentada por los diputados Alfredo Bravo, Héctor Polino y Jorge Rivas. En la decisión de Cavallo pesó la certeza de que el BCRA había mirado hacia otro lado para no ver los 20 millones escurridos en autopréstamos, para no entrarse ni de la baja calificación recibida por el Patricios en 1977, ni de la recomendación de los técnicos respecto de la necesidad de sanearlo. El juez halló en esa operatoria un �aparentemente deliberado y grosero retardo en cumplir con las funciones que le son propias�. Una reflexión similar le mereció la caída del Mayo. El magistrado sostuvo que el Central debió haber sabido que el banco presidido por Rubén Beraja no estaba en condiciones técnicas de absorber al Patricios. Desde otro ángulo, los defensores de los poseedores de Obligaciones Negociables del Patricios interpusieron una segunda denuncia. Los letrados sostenían que el proceso de los dos bancos no sólo había producido víctimas. También había generado beneficiarios. Al decir esto señalaban en dirección del Citibank, que absorbió el grueso de los pasivos y activos del Patricios.

El punto y la banca 

Con esas cartas en la mano, además de Pou, el juez Cavallo procesó a nueve funcionarios y ex funcionarios del Central. Entre ellos estaba Ortiz, quien hacía ya dos años había renunciado a su estratégico cargo de vicesuperintendente de Entidades Financieras a raíz del escándalo del Banco Feigin. El Feigin, propiedad de Angel Moyano Padilla y Roberto Thomann, entre muchas iniquidades, había derivado buena parte de sus préstamos a un grupo de empresas insolventes que los destinaron a la adquisición de bodegas. Fundidas las empresas, las bodegas terminaron engrosando el grupo de Domingo Catena, ex cuñado de Pedro Pou y financista del CEMA (la fundación que motoriza Pou). En aquella ocasión resultó ser Ortiz quien pagó en solitario y con su dimisión los platos rotos del estropicio del Feigin.
Pero Pou no alentaba el menor resentimiento contra el funcionario que a aquel desaguisado del Feigin sumaría la infidelidad y los silencios que convertían al presidente del BCRA en procesado y lo colocaban en el camino del juicio oral y público. El 10 de diciembre de 1999, es decir el mismo día del cambio de gobierno y aprovechando las pocas horas laborables queesa mañana tuvo la administración pública, Pou en persona firmó la resolución 375 mediante la que, �visto la necesidad de contar con sus servicios�, recontrató a Ortiz como �Asesor de la Presidencia�. El contrato tenía una duración de 6 meses, pero omitía la cantidad con que se remuneraba la asesoría de Ortiz.
En julio de este año y como respondiendo a un cronograma preciso, la Cámara mantuvo el procesamiento de Ortiz y desprocesó a Pou por �falta de mérito�. Si bien la �falta de mérito� no cerraba para siempre la cuestión, al menos le sacaba a Pou el lazo que le estaba oprimiendo el cuello. Riva Aramayo y Vigliani adujeron para ello que Pou no habría tenido �acabado conocimiento� de lo que estaba sucediendo con el Patricios en los días previos a su caída, ni tampoco de los malos momentos por los que atravesaba el Banco Mayo: Ortiz había ocultado la información obrante en la superintendencia. Cuando se hizo pública la decisión de la Cámara, el plazo del contrato que unía a Pou con Ortiz venía de expirar. No obstante, Ortiz, el malo de la película, continúa en funciones en el BCRA hasta la actualidad.

 


 

MAÑANA SE DECIDE LA SUERTE DEL JUEZ VARGAS
Un amigo al que ayuda la ausencia

Por S. V.

Si sólo contaran las pruebas, el juez mendocino Orlando Vargas, cuyo amparo permitió a Raúl Moneta quedarse con la privatización de los bancos de Mendoza y de Previsión Social, tendría que empezar a despedirse de la magistratura. Sin embargo, de continuar las curiosas ausencias de cuatro de los miembros de la Corte Suprema provincial y de una diputada del radicalismo a las sesiones, la solicitud de destitución no alcanzará la mitad más uno de los votos necesarios para aprobarla. El fallo del Tribunal de Enjuiciamiento se conocerá el lunes y puede incidir de manera sustancial en el triunfo o la derrota de la estrategia del banquero, quien el mismo día y merced a una bula del Consejo de la Magistratura, podrá presentar a puertas cerradas las pruebas que dice tener contra el juez federal Luis Leiva, a quien acusa de extorsión. 
Rodolfo González, procurador provincial, demostró que el amparo otorgado por Vargas a Moneta tiene un estilo diferente al de todos sus fallos anteriores pero es muy similar a los que solía producir en sus tiempos de magistrado el entonces abogado de Moneta, Julio Angel Figueredo. A ellos se agrega que tres abogados del Banco Exprinter �que competía con Moneta en la licitación de las dos entidades provinciales� comprometieron a Vargas al declarar que fueron impedidos de presentar apelaciones al fallo que beneficiaba al banquero menemista �por orden del juez�, según dijeron los empleados de Vargas. 
Por otra parte, el tribunal aceptó la denuncia por falso testimonio presentada por el promotor del jury, Luis Balaguer, quien sostuvo que el testigo Alberto Vila, director del multimedio Vila y también firmante del cuestionado amparo, mintió al responder que el Grupo Vila no se encontraba vinculado comercialmente a Moneta en 1996, cuando se tramitó el amparo. Balaguer pidió que se solicite al juez federal Gustavo Literas la remisión de las carpetas de créditos de las empresas del Grupo Vila obrantes en la causa caratulada �Moneta, Raúl y otros s/Asociación ilícita� donde estaría probada la mendacidad del testigo Alberto Vila. Se rumorea que tanto Alberto como Daniel Vila (propietarios del multimedios) son las cartas que Moneta piensa mostrar el lunes, en la intimidad, al Consejo de la Magistratura para probar a puertas cerradas el supuesto cohecho al que lo sometió otro juez, Luis Leiva.
Con todo y aunque resulte asombroso, la suerte de Vargas se decidirá en un plano bien diferente del de la búsqueda de la verdad. Lo que le ocurra aunque se acumulen los testimonios en su contra dependerá de la actitud de un grupo de miembros del Tribunal de Enjuiciamiento, que han advertido con sagacidad que pueden influir en el resultado sin necesidad de comprometerse votando por sí o por no a la destitución. Les alcanza con continuar ausentes. El Tribunal se integra con siete miembros de la Corte Suprema de Mendoza, siete diputados y siete senadores provinciales, con una representación proporcional a la de sus partidos en el Parlamento. 
Hasta ahora, los ministros de la Corte Aída Kemelmajer de Carlucci, Carlos Moyano, Fernando Romano y Carlos Bohm, han optado por no mostrarse en las sesiones. Bohm, que se encontraba en Chile bloqueado por el temporal de nieve, retornó a Mendoza y tras reincorporarse a sus funciones pidió licencia. Por su lado, tampoco asiste a las sesiones del jury la legisladora radical por la UCR Ana María Zicatto, quien responde a la línea del diputado nacional Víctor Fayad. Este gozó de un espacio privilegiado en la edición del viernes del diario Uno, que le dedicó la contratapa a su foto bajo el título de �La figura del momento�. El diario Uno pertenece al Grupo Vila-Manzano, socio de Raúl Moneta. 
En los mentideros se especula que los cinco diputados y senadores del PJ que integran el Tribunal de Enjuiciamiento votarán contra el pedido de destitución de Vargas. Así, entre los ausentes y los negativos se alcanzaría la cifra dorada de 11 a 5 que, aunque abrumadoramentemayoritaria en favor del despido del juez, no alcanzaría la proporción de la mitad más uno necesaria para apartarlo del Poder Judicial.

 

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