Por Adriana Meyer
 En un armario abandonado de la cárcel de Devoto aparecieron 964 fichas de mujeres que estuvieron detenidas durante la dictadura. Todas figuran como �a disposición del PEN�, Poder Ejecutivo Nacional, lo que significa que fueron presas políticas y no comunes. Según estos documentos, algunas salieron en libertad desde esa prisión y otras fueron trasladadas a �comandos de zona� de todo el país o a dependencias de la Policía Federal. El hallazgo ocurrió en el marco de la investigación sobre la apropiación sistemática de menores que lleva adelante el juzgado federal de Adolfo Bagnasco. Las fichas pueden haber pertenecido a desaparecidas o a sobrevivientes, pero esto recién podrá establecerse cuando los investigadores judiciales y de la Secretaría de Derechos Humanos comparen cada nombre con las bases de datos existentes. �En principio, el descubrimiento nos parece interesantísimo�, opinó ante Página/12 la titular de la Comisión por el Derecho a la Identidad, Claudia Carlotto.
A partir de un dato recibido hace dos meses en la causa, que ya tiene 39 cuerpos, el juzgado pidió a las unidades penitenciarias 1 y 2 que le remitieran cualquier documentación sobre mujeres que hubieran estado detenidas allí entre 1976 y 1983. Las autoridades de la unidad 1 respondieron que estaban demasiado ocupadas con la mudanza de la cárcel de Caseros al Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza y no podían ocuparse del asunto. En Devoto, en cambio, revisaron antiguos archivos y atendieron la solicitud de Bagnasco. Una caja azul de plástico llegó esta semana al juzgado federal 7. En su interior venían las fichas, ordenadas en forma alfabética, separadas en grupos de cincuenta y atadas con gomitas. Los bordes rotos y su color amarillento evidencian el paso del tiempo. Los datos pueden leerse claramente.
Página/12 tuvo acceso a las fichas y pudo comprobar que la mayoría pertenecen a docentes, estudiantes y amas de casa que provenían de la Capital y distintas provincias. De un lado están consignados los datos filiatorios, la profesión y el presunto delito por el que terminaron presas. En ese ítem se detalla �a disposición PEN�, �violación a la ley 20.840 (de terrorismo)� o �libertad vigilada�. Además está la impresión del �dígito pulgar derecho� y el número de legajo. Del otro lado de la ficha los carceleros consignaron las fechas de ingreso y egreso de los distintos traslados. Estas mujeres fueron llevadas, por ejemplo, a la división Asuntos Extranjeros o al Departamento Táctico de la Policía Federal, al Segundo Cuerpo del Ejército en Santa Fe y a diferentes comandos de zona y subzona. En algunos casos, ésos fueron sus destinos finales y los investigadores infieren que fueron llevadas a centros clandestinos de detención que funcionaban en las áreas en las que los represores habían dividido el país para la �lucha antisubversiva�. Algunas coincidencias en las fechas podría indicar que hubo traslados masivos.
En otras fichas aparece la frase �libertad U.2�, lo que no significa que las detenidas hayan sido realmente liberadas. �A veces esto no era otra cosa que una estrategia, una liberación fraguada que encubría una nueva desaparición�, explicó Carlotto. �Por ejemplo, cuando aplicaban la �ley de fuga� es porque los soltaban y luego los mataban por la espalda.� Según la funcionaria, el hecho de que algunas personas hayan estado a disposición del PEN no significó necesariamente que hayan sobrevivido, porque en algunos casos era un blanqueo transitorio, un paso intermedio para su posterior desaparición. A partir del 24 de marzo de 1976 el número de detenidos puestos a disposición del PEN fue de 5.182. Según el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), 157 detenidos pasaron a revistar en la categoría de desaparecidos una vez que el PEN emitía el decreto que disponía su libertad.
En algunas de las fichas, los militares describieron que sus víctimas fueron trasladadas a maternidades (ver facsímil). Los colaboradores de Bagnasco ponen especial atención a éstas porque podrían ampliar el número de casos que constan en el expediente. Carlotto elogió la voluntad de colaboración del juez y destacó que �este tipo de elementos pueden corresponder a casos nuevos que no habían sido denunciados o que sólo figuraban con un seudónimo, y siempre pueden ayudar a esclarecer pasajes de la historia que los familiares de los desaparecidos aún siguen reconstruyendo�. La Comisión que preside logró aportar 60 nuevas historias al archivo de las Abuelas de Plaza de Mayo.
| Los rastros que quedaron
Aunque los militares no se cansan de repetir que no hay listas de desaparecidos, que toda la documentación que tenían ya fue entregada, que nadie sabe más de lo que ya dijo, �siguen apareciendo cosas�, señaló Claudia Carlotto. �Todos los secuestrados eran identificados, se confeccionaban expedientes completos relativos a cada uno de ellos, con copias que se distribuían entre los distintos organismos de seguridad e inteligencia. ¿Dónde está hoy ese inmenso cúmulo de material escrito que, necesariamente, tuvieron en sus manos quienes pusieron en funcionamiento tan vasto como siniestro mecanismo?�, se preguntó la Conadep.
Sólo una mínima parte ha podido ser individualizada. El último presidente de facto, Reynaldo Bignone, ordenó por decreto �dar de baja� la documentación sobre las personas que hubieran estado detenidas a disposición del Poder Ejecutivo nacional, en virtud de la aplicación del estado de sitio. Las 924 fichas encontradas por Bagnasco se salvaron por algún motivo ignoto. Bignone reconoció que no era conveniente dar a conocer una lista de muertos para no tener que responder a las �incómodas� preguntas sobre la desaparición forzada de personas que él y sus camaradas implementaron durante la dictadura. Los abogados querellantes en la causa por apropiación de menores presentaron, en enero de 1999, un documento que demuestra que los represores elaboraron fichas en base a los pedidos de paradero de los desaparecidos y los pusieron a disposición �de la Nación� junto con el �Documento Final� que los dio por muertos. La intención era simular que los habían buscado pero no los habían encontrado.
La Iglesia también confeccionó fichas. En mayo de 1999 la Cámara Federal de La Plata ordenó un allanamiento en el colegio donde trabajaba monseñor Emilio Graselli. Durante los años de plomo, el ex secretario privado del vicario castrense Adolfo Tortolo recibía a los familiares de las víctimas y llegó a tener un fichero con 2500 casos. |
|
