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Por
Diego Schurman
 Hugo
Moyano no quiere que las denuncias de compras de votos en el Senado pierdan
vigor. Por eso el titular de la CGT rebelde realizará el 11 de
octubre un paro parcial con movilización a Plaza de Mayo para exigir
la renuncia de todos los senadores nacionales y del ministro de Trabajo,
Alberto Flamarique. Para la protesta, el camionero cuenta con el guiño
del gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf.
La marcha “Argentinos de Pie” fue consensuada por la cúpula
de la central rebelde durante un encuentro celebrado el último
martes en el camping del gremio mecánico Smata. Esta semana la
protesta será ratificada por un plenario de secretarios generales
de todo el país.
Para el miércoles 11, la CGT rebelde también tiene previsto
llamar a un cese de actividades, a partir del mediodía, a fin de
garantizar la concurrencia a la plaza. Y no descarta la implementación
de cortes en las principales rutas del país.
Moyano es uno de los mayores interesados en saber si hubo sobornos en
el Congreso. De descubrirse la compra de votos para aprobar la reforma
laboral, el sindicalista lograría posicionarse en el tablero político
ya que fue el primero en atribuirle a Flamarique la frase: “Para
los senadores tengo la Banelco”.
También saldría airoso en la interna sindical si se tiene
en cuenta que sobre el tema mantiene un postura diametralmente opuesta
a la del jefe de la CGT oficial, Rodolfo Daer, quien hasta ahora sólo
hizo llegar palabras de “solidaridad” al Congreso y al gabinete
de Fernando de la Rúa.
En la Casa Rosada es vox populi que, a más tardar en octubre, habrá
cambios de gabinete. Moyano pretende capitalizar la medida y reclamar,
en consecuencia, la derogación de la reforma laboral. “Si
se van los ministros, habrá un reconocimiento implícito
de que algo raro pasó durante el tratamiento de la ley y por lo
tanto perderá legitimidad”, aseguran en su entorno.
La renuncia de todos los senadores es un reclamo que ya efectuó
Ruckauf junto a uno de los fogoneros de las denuncias en el Parlamento:
el justicialista Antonio Cafiero. Ambos dirigentes pretenden de esa manera
una renovación anticipada de la Cámara alta convocando para
octubre los comicios previstos para fin del 2001.
Los movimientos de Ruckauf, Cafiero y Moyano no son fruto de la casualidad.
El gobernador mantiene fluidos contactos con el senador y el sindicalista,
a quienes busca sumarlos a su proyecto presidencial.
Es por eso que le garantizó al camionero la presencia de un heterogéneo
frente de intendentes bonaerenses en la Plaza de Mayo. Entre ellos el
trío integrado por Alberto Balestrini (Matanza), Julio Alak (La
Plata) y Juan José Alvarez (Hurlingham).
Las consignas de la protesta son varias. Además de la renuncia
de todos los senadores y la derogación de la ley de flexibilización
laboral, se pedirán medidas concretas para reactivar el campo y
la industria nacional.
También se reflotará un pedido de “acatamiento”
de la Justicia, en alusión a los sucesivos fallos contra el recorte
salarial dispuesto en el sector público que el Gobierno viene ignorando.
El asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, junto a Ricardo Moner
Sanz, pidieron a la Justicia el procesamiento del jefe de Gabinete, Rodolfo
Terragno, por el delito de “desobediencia” e “incumplimiento
de los deberes de funcionario público”, ya que hizo caso omiso
a los fallos judiciales que impiden la reducción salarial.
La mayoría del personal directamente afectado por el recorte está
afiliado a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), que lidera
el estatal Víctor De Gennaro. Por eso, Moyano tomará contacto
con esa central antimodelo en los próximos días. Lo mismo
hará con los gremios de la CGT oficial que integran el Frente de
Gremios Estatales.
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La
CTA con De la Rúa
La Central de Trabajadores Argentinos le planteará a Fernando
de la Rúa la reformulación de las prioridades presupuestarias
para enfrentar la desocupación y el crecimiento de la pobreza.
“Tan sólo con el 10 por ciento del presupuesto de la
Nación, los provinciales y distritales, no habría
ningún hogar bajo la línea de pobreza”, aseveró
el titular de la CTA, Víctor De Gennaro, quien se encontrará
con el Presidente mañana a las 15.
El dirigente estatal, quien llegará a la Casa Rosada acompañado
por la mesa directiva de la CTA –integrada, entre otros, por
la docente Marta Maffei y el periodista Juan Carlos Caamaño–
también insistirá con su propuesta de crear un seguro
de empleo de 380 pesos y de asignar un salario familiar de 60 pesos
por hijo.
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OPINION
Flexibilidad en
la provincia
Por
Horacio Schick *
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires
envió un proyecto de ley, creando una instancia administrativa
obligatoria y privada, previa a la interposición de la
demanda judicial ante los Tribunales de Trabajo.
El proyecto copia el modelo que rige en la Justicia Nacional y
que desde su vigencia ha cumplido la doble función de debilitar
el posicionamiento procesal del trabajador y de contribuir a la
desarticulación de la Justicia del Trabajo, siguiendo la
tendencia legislativa que restringe su actuación como lo
reflejan también las leyes de Concursos y Quiebras y de
Riesgos del Trabajo.
La sustracción de la instancia conciliatoria a los jueces
derivándola a instancias privadas constituye una decisión
política reñida con la Constitución Nacional
y la privatización de una función, indelegablemente
judicial. La conciliación obligatoria ante un abogado particular,
“el conciliador”, se contradice con los principios del
derecho procesal laboral que reconoce las desigualdades económicas,
sociales y culturales que afectan al trabajador, al extremo que
la iniciativa exime de asesoramiento letrado.
No es neutral el órgano que interviene en el conflicto.
No es lo mismo que sea un funcionario judicial con estabilidad
interna y externa en la toma de decisiones, que un abogado particular,
cuyos honorarios se encuentran dependiendo del éxito o
fracaso de su gestión. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos
Aires, si se arriba a un acuerdo, el conciliador percibe del empleador
la suma de 225 pesos, de lo contrario sólo percibe 25 pesos
a cargo del Estado. El interés objetivo del conciliador
es llegar a un acuerdo y sólo su conciencia instala el
límite a la aceptación de la disponibilidad de los
derechos del trabajador.
Esto se agrava por la falta de inmediación entre el órgano
homologatorio del acuerdo (la Secretaria de Trabajo) y las tratativas
efectuadas para arribar al mismo, en otro ámbito (ante
el conciliador). Los pretendidos afanes conciliatorios se pueden
obtener con mayor idoneidad y garantía, menor costo, e
igual o superior resultado estadístico, en el ámbito
de la Justicia del Trabajo. La instancia administrativa previa
obstaculiza el acceso de los trabajadores a los estrados judiciales,
dilatando la solución de sus reclamos y afectando el constitucional
derecho de defensa en juicio. Señores legisladores provinciales,
reflexionen sobre este proyecto para no repetir la nefasta experiencia
flexibilizadora y desprotectoria que se transita en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires.
* Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas
y Coordinador General de la Asociación Latinoamericana
de Abogados Laboralistas.
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