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Por
Cledis Candelaresi
 
El bloque de diputados aliancistas debatirá a pleno pasado
mañana el dictamen oficialista sobre el proyecto de ley de Infraestructura,
cuya redacción descolocó a varios. En particular, a los
empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción. El
punto más controvertido es aquel que, según la propuesta
del ministro Nicolás Gallo, debía reservar el millonario
programa de obras a las empresas nacionales, prerrogativa que los legisladores
limitaron a los emprendimientos de hasta 45 millones de pesos. Ese retoque
dio lugar a acaloradas negociaciones que incluyeron al presidente, Fernando
de la Rúa, y a su vice, Carlos “Chacho” Alvarez. Sin
embargo, la última palabra aún no está dicha.
Justamente, una apuesta fuerte del proyecto oficial era aquella reserva
de mercado, especie de “compre nacional” para las constructoras
locales, que podía extenderse a las extranjeras empadronadas en
el país. Pero apenas la iniciativa llegó a Diputados, se
alzaron voces contrarias a este privilegio, argumentando que excluir a
las firmas extranjeras de las licitaciones redundaría en mayores
costos para el Estado. Aunque el proyecto fue firmado en forma conjunta
por los ministerios de Economía e Infraestructura, fue éste
último el más proclive a darle una mano a las empresas argentinas,
cuya actividad se derrumbó en los últimos meses.
A poco de haberse difundido por los despachos legislativos, el texto ganó
como detractores a los frepasistas Ricardo Vago y Alejandro Peyrú,
promotores de los cambios que se introdujeron en el dictamen. Pocas semanas
atrás se realizó el primer cónclave de las comisiones
involucradas en el tema: Presupuesto y Hacienda, Obras Públicas
y Finanzas. Pero la presencia en la propia sala de reuniones de Aldo Roggio
y Eduardo Baglietto (Techint), entre otros empresarios del sector, inhibieron
los cuestionamientos frontales. Sin embargo, la embestida de los frepasistas
para modificar el texto empezaría recién unos días
después.
Hace diez días, en el ministerio de Infraestructura se libró
una primer batalla, que los cuestionadores del proyecto consideraron ganada.
En presencia de otros funcionarios del área y de representantes
de Economía, Gallo se habría resignado a limitar aquella
preferencia para las constructoras locales. La línea de corte,
según se acordó, se ubicaría en los 50 millones,
5 por encima de lo que se dictaminó el último miércoles:
las obras más caras se licitarían internacionalmente.
Pero este principio de acuerdo no satisfizo a Vago, quien apeló
directamente a “Chacho” Alvarez para pedirle que garantice aquella
apertura. El vicepresidente abrió de inmediato el juego. “Hay
que consultar a (José Luis) Machinea”, planteó, poco
antes de llamar él mismo al ministro de Economía. Este dio
su acuerdo, a semejanza de Gallo. “Es mejor que se vote la ley con
cambios a que no salga y que el Plan fracase”, admitió ante
Página/12 un asesor del titular de Infraestructura.
Sin embargo, fuentes parlamentarias aseguran que pocas horas antes de
que el plenario de comisiones firmara el dictamen limitando el “compre”
de la obra pública, Gallo redobló esfuerzos para que no
haya cambios, e intentó desbaratar el acuerdo sellado con el titular
del bloque, Darío Alessandro. El ministro habría instruido
a sus subordinados para que insistieran con el texto original. E intentó
sumar al diputado Raúl Baglini a su movida. Mientras, De la Rúa
telefoneaba desde China al radical José Recio, titular de Obras
Públicas, sugiriéndole lo mismo.
Los constructores, deseosos de que se conserve el texto original, no se
quedaron de brazos cruzados. Los teléfonos de varios legisladores
oficialistas, Jesús Rodríguez entre ellos, no dejaron de
sonar. La intención de los empresarios era persuadirlos de que
cualquier apertura a la competencia de empresas extranjeras sería
un error, ya que comprometería el efecto supuestamente reactivador
del plan. Pero no hubo caso.
La semana pasada se firmó un dictamen a favor del proyecto de ley
que crea un fondo fiduciario para financiar obra pública, pronunciamiento
quela Alianza presenta como de consenso, aunque muchos de sus hombres
ni siquiera conocen en detalle y funcionarios del Ejecutivo ven con recelo.
En un intento por redoblar la presión, los constructores intentaron
comprometer a los miembros del grupo productivo en una solicitada que
defendiera la exclusividad argentina. Pero ni la Unión Industrial
ni los ruralistas quisieron acompañarlos. Tras este intento fallido,
la entidad que capitanea Baglietto convocó a una asamblea de afiliados
con la intención de debatir el tema. Los empresarios confían
en alguna gestión salvadora de Gallo o del Presidente antes del
jueves, cuando el proyecto será debatido en el recinto.
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OPINION
Por Alejandro
Peyrou *
El porqué de
una licitación
El Poder
Ejecutivo Nacional envió al Congreso un Plan Federal de Infraestructura
con ideas creativas que apunta a la reactivación de nuestra
economía. No obstante ello, para algunos diputados de la
Alianza, entre los que me incluyo, había puntos a debatir
en las comisiones de la Cámara de Diputados. Hubo quien cuestionó
esa actitud. Olvidó que los legisladores cobran su dieta
para presentar los puntos de vista que crean que mejor defienden
el interés nacional. Uno de los puntos en discusión
era licitación nacional o internacional. ¿Pero por
qué esta defensa de la licitación internacional? ¿Qué
queremos decir con esto? Con obras de 30 millones de promedio para
la primera etapa, son pocas las empresas locales con capacidad financiera
que puedan participar en las licitaciones, porque esos 30 millones
deben ser sostenidos financieramente entre 10 y 20 años.
Y si son pocas loas empresas resulta muy difícil evitar que
se coaliguen, como ocurrió con los peajes, donde el Estado
y los usuarios terminan pagando sobreprecios más que considerables,
afectando gravemente la competitividad de las economías regionales,
el bolsillo de los usuarios y las finanzas públicas. Nuestra
defensa de la licitación internacional, en realidad, es sólo
la defensa de la necesidad de generar más competencia para
obtener menores precios a pagar por el Estado y menores tarifas
o cánones a pagar por los sufridos usuarios de nuestro país.
Si además podemos obtener financiamiento a menor costo vamos
a tener muchas más obras, mayor demanda de insumos y más
empleos. En la comisión de Obras Públicas y junto
con el Poder Ejecutivo se acordó un dictamen que contempla
que las empresas nacionales o extranjeras con filiales en el país,
intervengan en licitaciones nacionales en obras de hasta 45 millones,
y más allá de este monto debe convocarse a licitación
internacional. En esas licitaciones las empresas internacionales
deberán asociarse obligatoriamente con empresas locales para
presentarse. Por otro lado, propusimos incorporar al texto la obligación
de cumplir con la ley pyme y una cláusula referida al compre
nacional. Los legisladores que firmamos el dictamen final creemos
que la fórmula hallada limita la posibilidad de que los oferentes
se cartelicen. Y que, a la vez, se respetan intereses legítimos
de las empresas locales. Ahora, el resto de la tarea de garantizar
competencia real y transparencia en las licitaciones nacionales
e internacionales corresponderá a la calidad de la gestión
pública de los ministros de Infraestructura de los próximos
20 años. Muchos creímos que nuestro país está
demasiado pobre para otorgar prebendas. La decisión de no
hacerlo es un paso para construir una economía competitiva
en un país distinto.
* Diputado
de la Nación.
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