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Por
Claudio Zlotnik
En medio del descrédito que pesa sobre el Congreso después
de que se denunciaran supuestos sobornos en el Senado, Economía
arremete contra una de las cajas que tienen los legisladores para hacer
proselitismo: las pensiones graciables. El proyecto de Presupuesto 2001
elaborado por José Luis Machinea y su equipo redujo a la tercera
parte los fondos que los diputados y senadores tendrán para repartir
en pensiones, de 25 a 9 millones de pesos. “La única lógica
de las pensiones graciables es que no tienen lógica. Son una prebenda.
De hecho, en muchos casos terminan en manos de los parientes de los legisladores”,
sentenció en diálogo con Página/12 uno de los más
estrechos colaboradores de Machinea.
El otorgamiento de pensiones graciables es una de las facultades de las
que gozan los parlamentarios. La particularidad de esos beneficios es
que son concedidos en forma discrecional, aunque en los últimos
años han perdido peso político. En 1996, por ejemplo, los
legisladores distribuyeron 265 millones de pesos a través de las
pensiones graciables, unos 22 millones cada mes. Pero el hecho de que
en repetidas oportunidades estalló el escándalo porque la
ayuda monetaria iba a parar a manos amigas del poder pinchó la
burbuja. En las listas de beneficiados aparecieron apellidos idénticos
a los de algunos políticos: Menem, Rico, Pierri, Alsogaray, Alasino
y Samid, por ejemplo. Jorge Matzkin, ex diputado y ex funcionario menemista,
reconoció incluso haberle otorgado una pensión por 98 pesos
mensuales a su madre. Las pensiones en ningún caso pueden superar
los 600 pesos mensuales y, en teoría, deben destinarse a personas
de recursos escasos.
Una vez en el ojo de la tormenta, las partidas destinadas a las pensiones
graciables fueron disminuyendo. Este año se presupuestaron para
tal fin 25 millones de pesos. Y ahora, Machinea, en el primer proyecto
presupuestario que elabora, recorta aquel monto a tan sólo 9 millones.
Además, elimina la prórroga de diez años a las pensiones
que ya caducaron. Y prohíbe que se autoricen nuevas pensiones a
menos que se dé de baja a beneficiarios actuales. Con esta ofensiva,
el ministro se ganará el enojo de los integrantes del Congreso.
“Los legisladores no están para repartir plata. Para eso tenemos
el ministerio de Acción Social. Si no, que propongan cerrarlo.
Está visto que el mecanismo de pensiones graciables fue un fracaso,
y que muchísimas veces el dinero terminó en manos de los
familiares y amigos de los diputados y senadores”, ensayó
el alto funcionario de Economía.
Más allá de las pensiones, en Economía reconocen
que los próximos dos meses serán de arduas negociaciones
con los legisladores, sean éstos de la Alianza, del PJ o provinciales.
“Nos esperan tiempos de ásperos debates”, admitió
el colaborador de Machinea. Ayer, Mario Vicens, secretario de Hacienda,
dijo que las metas establecidas en el Presupuesto son “alcanzables”.
Jorge Remes Lenicov (PJ), en tanto, estimó que el proyecto permite
vislumbrar que la recuperación económica será “muy
lenta”.
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