PARA EL INADI, “LES PLANTEAN LA OPCION DE PERDER SU TRABAJO O ABORTAR”
Un caso de madres discriminadas

Son empleadas con contratos renovables en la Dirección de Migraciones. No les dan licencia de maternidad y si faltan las dejan en la calle. Para Raúl Zaffaroni, del Inadi, es �inmoral�.

Por Mariana Carbajal

  En la Dirección Nacional de Migraciones “discriminan” a empleadas embarazadas al negarles la correspondiente licencia por maternidad o al dejarlas en la calle si resuelven tomársela. El hecho fue corroborado por el titular del Inadi, Raúl Zaffaroni, tras analizar la denuncia de cinco empleadas que trabajan en el organismo –dependiente del Ministerio del Interior– desde hace uno o dos años, según cada caso, y que dieron a luz en los últimos meses o están a punto de hacerlo. El Estado está “colocando a la mujer ante una opción férrea: o pierde el trabajo o aborta”, cuestionó en duros términos Zaffaroni y consideró la situación como “inmoral”. El reclamo de las empleadas fue respaldado por unanimidad por la Legislatura porteña, y por ocho diputados nacionales –entre ellos Marcela Bordenave y Juan Pablo Cafiero–, que expresaron a través de una carta, su preocupación por la situación al director de Migraciones, Angel Roig. “Reconozco que es injusto, pero son contratadas y no les corresponde licencia porque no pertenecen a la planta permanente”, argumentó Roig ante Página/12. La interpretación de Zaffaroni es otra.
“Cuando se trata de contratos que se suceden sin solución de continuidad, no cabe duda que en los hechos eso se transforma en un modo de vida de las personas”, fundamentó en un dictamen Zaffaroni, para rechazar la posición del director de Migraciones. Zaffaroni recordó además, que el Código Civil en su artículo 1047 “nulifica los actos jurídicos con contenido inmoral”. Y agregó: “Pocas dudas caben acerca de que un contrato que ponga a una mujer embarazada en la disyuntiva de perder su trabajo o abortar, tiene contenido inmoral”. En consecuencia, evaluó, la conducta de las autoridades de Migraciones debería considerarse una violación a la Ley Antidiscriminatoria.
Una de las denunciantas es Daniela Wainer. Tiene 24 años y fecha de parto para fines de setiembre. “Alrededor del 10 de agosto pedí al señor Roig, a través de un petitorio, mi licencia por maternidad. Un asesor suyo, Samuel Gil Flood, me contestó que no me correspondía, que como favor me daban veinte días, pero si al día 21 no me reincorporo, me rescindirán el contrato, cuyo vencimiento es en diciembre”, relató Daniela a este diario. Comenzó a trabajar en Migraciones en octubre de 1998 con contratos renovables cada seis meses, con un sueldo mensual de 800 pesos. Se desempeñó primero en el área de Asuntos Jurídicos y desde setiembre de 1999 cumple tareas en Recursos Humanos. “Me parece una injusticia que no me den la licencia. Yo trabajo como en situación de dependencia. Hace dos años que cumplo la misma función”, se quejó Daniela, con la respiración entrecortada por el avanzado embarazo. “Nosotras hablamos de derechos sociales y ellos (por las autoridades de Migraciones) de legalidad”, diferenció la joven.
La situación de las otras empleadas que hicieron la denuncia es similar. Todas tienen “contratos de locación de servicios”, que renuevan periódicamente. Una de las mujeres también está a punto de dar a luz, otra tuvo un bebé hace dos semanas y su futuro en el organismo es incierto, la tercera quedó cesante cuando, a los siete meses de gestación, debió hacer reposo, y a la cuarta no le renovaron el contrato –como lo venían haciendo sucesivamente– cuando cumplió nueve meses de embarazo. Hicieron la presentación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia el 24 de agosto, con el patrocinio de ATE.
La figura del “contrato de locación de servicios” está contemplada en el decreto 92/95 firmado por el entonces presidente Carlos Menem, en el marco de la segunda reforma del Estado. El texto de cada contrato establece claramente que el empleado se convierte en “autónomo” y el Estado queda relevado “de toda obligación referida a aspectos previsionales, asistenciales y/o de coberturas médicas”.
“Desgraciadamente nos vemos obligados a cumplir con el decreto 92/95. La locación de servicios no contempla ninguna interrupción ni ninguna de lasventajas previstas para la planta permanente”, respondió Roig, al ser consultado sobre el trato discriminatorio hacia las cinco empleadas.
–¿Y a usted le parece justo? –le preguntó este diario.
–No me parece justo, pero tengo que cumplir con el decreto. Es una encerrona. Tengo congeladas todas las vacantes y no las puedo incorporar a la planta permanente.
Para Zaffaroni, en este caso, la letra del contrato no tienen ningún valor. “La licencia por maternidad es un derecho de orden público. No se puede eliminar con un contrato. Por otra parte, si se tratara de contratos puntuales, por dos meses, sería distinto. Pero acá se los está renovando sucesivamente a lo largo de meses y años, lo cual hace que el trabajo se convierta en un medio de vida”, explicó su dictamen el titular del Inadi en diálogo con Página/12.
Zaffaroni consideró que la decisión de Migraciones viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros tratados internacionales reconocidos por el Estado argentino. El funcionario elevó su dictamen al jefe de Gabinete de Ministros, Rodolfo Terragno, a quien le recomendó la emisión de una norma interpretativa o aclaratoria “para el correcto entendimiento del decreto 92/95, en el marco de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos”.

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