|
El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), brazo político
y policial del gobierno de Fujimori, fue el organismo que provocó
la crisis que desembocó en el anuncio de nuevas elecciones generales
en Perú. Dirigido en la práctica por el asesor presidencial
en temas de seguridad, Vladimiro Montesinos, el SIN –ahora desactivado
por Fujimori– registró en los últimos diez años
un desmesurado crecimiento, que lo convirtió en una entidad omnipresente
en el país, según denuncias de la oposición. Su papel
fue equiparado con el de la Gestapo en la Alemania nazi y más cercanamente
con la DINA en los tiempos de la dictadura militar chilena.
El gigantismo que se le atribuye se inició tras el autogolpe que
protagonizó el presidente Fujimori el 5 de abril de 1992, mediante
el cual clausuró el Congreso, reorganizó el Poder Judicial
e instauró un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional.
Una norma legal dictada poco después del autogolpe asignó
al SIN un presupuesto especial y secreto del cual nunca ha rendido cuentas.
El gobierno adujo en todo momento que era necesario potenciar el SIN para
que el país pueda ejercer una lucha frontal, pero también
subterránea, contra la subversión, especialmente de la organización
maoísta Sendero Luminoso. Estudiosos de la violencia política
indican que los servicios de inteligencia cumplieron un papel importante
en el combate contra senderistas y narcos, pero en esa labor cometieron
sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Desde el autogolpe, el SIN comenzó a tener una imagen siniestra
al ser asociado al grupo paramilitar Colina, al que se acusó de
haber perpetrado por lo menos dos crímenes: una matanza de 15 personas,
incluso niños, en el barrio limeño de Barrios Altos en noviembre
de 1991, y el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad
La Cantuta, en julio del año siguiente. Sobre las víctimas
recaían sospechas, sin pruebas, de estar vinculados con Sendero
Luminoso. Denuncias de la prensa y de grupos de Derechos Humanos obligaron
al juicio y condena de una decena de militares responsables, quienes años
después, en 1995, fueron amnistiados por el gobierno en medio de
airadas protestas.
Convertido en el organismo más repudiado, según encuestas
realizadas en los últimos años, las acusaciones indican
que el SIN extendió sus tentáculos a las Fuerzas Armadas
–a cuyos jefes mantenía bajo estrecha vigilancia–, al
Poder Judicial, a diversas entidades de la esfera estatal y a periodistas.
Nadie del gobierno ha desmentido las acusaciones de que el organismo dirigido
por Montesinos tenga una videoteca con 2500 videos, que tendrían
imágenes de chantajes y sobornos a militares y civiles. Ante las
acusaciones sobre el excesivo poder de los servicios secretos, Fujimori
salió en forma permanente en su defensa.
Un canal de televisión puso el dedo en la llaga cuando acusó
a agentes secretos del asesinato y descuartizamiento en 1997 de la ex
agente de inteligencia Mariela Barreto y de las torturas contra otra ex
agente, Leonor La Rosa, quien quedó parapléjica y actualmente
vive en Suecia, bajo protección del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados. Ese mismo año, el SIN fue acusado de
haber tendido una red de espionaje telefónico para personajes sospechados
de antifujimorismo. Pero el jueves último, el SIN fue el protagonista
de lo que sería la estocada final a la fujicracia: el video en
el que se ve a Montesinos entregando dinero a un congresista opositor,
que luego se cambió a las filas del oficialismo.
|
