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Por
Adriana Meyer
La Jefatura de Gabinete fue allanada ayer para obtener elementos dentro
de la causa en la que se investiga una denuncia por pedido de coimas a
entidades mutualistas a cambio de evitarles controles. El organismo encargado
de esa tarea es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES) que preside Mary Sánchez, quien a su vez denunció
ser atacada por presuntos mutualistas que son, en realidad, usureros.
El Jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, autor de la denuncia, indicó
en conferencia de prensa que las personas involucradas en la causa “no
están vinculadas ni son empleados” del organismo a su cargo.
Sin embargo, la maniobra habría sido realizada desde uno de sus
despachos.
La dependencia allanada es ocupada por el subsecretario de Asuntos Parlamentarios
Carlos Ulrich y está ubicada en el sexto piso del ex edificio de
Somisa, en Diagonal Sur y Belgrano. Terragno admitió que uno de
los involucrados estuvo concurriendo a esa oficina “durante un mes
y medio” y otro “tiene seis ingresos” a la sede de la Jefatura
de Gabinete. Página/12 pudo saber que esas personas serían
punteros radicales que autorizaban –sin tener el poder de hacerlo–
el ingreso de personas al edificio. Entre ellas estarían el sindicalista
Luis Barrionuevo y Mario Rotundo, allegado a Zulema Yoma.
“Los que cometieron esto dando teléfonos de la oficina no
se van a escapar, están claramente identificados, al igual que
el período en el que ingresaron a la Jefatura, que es entre marzo
y abril”, precisó Terragno. La Jefatura de Gabinete estudia
un proyecto que recorta las atribuciones del INAES y el pedido de dinero
habría estado relacionado al impulso o freno de esa norma.
Mary Sánchez se presentó en el juzgado el jueves y afirmó
que algunas mutuales actúan como “pantallas” de financieras
que otorgan préstamos a jubilados con intereses usurarios. En el
expediente sus hijos fueron señalados como los presuntos demandantes
del soborno, aunque una fuente del caso precisó que la acusación
es “poco sólida”. Sánchez aclaró que sus
hijos “no trabajan en el Instituto” y lamentó que se
vieran involucrados en las versiones. La funcionaria dijo haberse comunicado
días antes con Terragno, quien le habría comentado que “personas
que están trabajando en la Jefatura de Gabinete venden influencias”,
que involucran a “figuras importantes del radicalismo”.
El operativo de ayer había sido pedido la semana pasada por el
fiscal federal Miguel Angel Osorio pero recién ayer el juez Rodolfo
Canicoba Corral dio la orden. Osorio se excusó de dar información
por el secreto de sumario que rige en la investigación. Se limitó
a opinar que confía en que “la pesquisa será exitosa”
y confirmó que “se secuestró documentación”,
sin dar más precisiones.
Fuentes consultadas por la agencia Télam afirmaron que la comisión
judicial y policial buscaba una agenda y otros papeles de personas que
habrían llamado por teléfono desde ahí solicitando
los sobornos.
Antes del allanamiento Terragno hizo una investigación preliminar
paralela de las presuntas irregularidades en el edificio donde funciona
la Jefatura de Gabinete.
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