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Por
Cledis Candelaresi
A partir del año próximo, la obra social de los jubilados
estará obligada a autofinanciarse, ya que el Tesoro nacional dejará
de auxiliarla con los 200 millones anuales con que la asiste actualmente.
Pero el proyecto de Presupuesto del 2001 nada dice acerca de cómo
cubrirá un bache de más de 64 millones de pesos que le queda
entre la recaudación que proyectó Economía y los
gastos previstos por el PAMI. Lo único que parece fuera de discusión
es que el Gobierno podrá reforzar el control sobre la administración
del controvertido organismo, facultad menguada desde que el ex ministro
de Economía Roque Fernández decidió excluirla de
esta ley nacional.
La primera gran determinación oficial fue volver a incluir al PAMI
en el Presupuesto nacional, tal como estuvo hasta 1996. Entonces, Roque
lo había separado con el argumento de que se trataba de un “ente
público no estatal”, y así amplió su margen
para endeudarse y para gastar a un ritmo diferente al de su recaudación.
El criterio también sirvió al ex interventor menemista Víctor
Alderete para resistir los controles de la Auditoría General de
la Nación, a pesar de que la obra social recibía una subvención
del Tesoro: éste le garantizaba una recaudación no inferior
a 200 millones por mes, cubriendo cualquier diferencia.
Incluido en el Presupuesto el PAMI, se abrirá el debate de sus
gastos en el Congreso y tendrá que ajustarse al sistema de cuotas
que rige a toda la administración nacional: se gasta según
las autorizaciones parciales que se consiguen. De acuerdo a la otra decisión
aliancista, el organismo que intentó reorganizar la actual vicejefa
comunal Cecilia Felgueras estará sujeto a sus propios recursos,
provenientes de los aportes patronales, de empleados en actividad y de
los propios jubilados.
En el primer semestre del año, el Tesoro auxilió a la obra
social con 116 millones de pesos, asistencia que no fue mayor gracias
a que la moratoria previsional aportó 38 millones adicionales a
las arcas del PAMI.
Según las estimaciones de Economía, el año próximo
el PAMI recaudará 2334 millones de pesos, algo menos de los 2400
millones de pesos que viene gastando hasta ahora. Aun pensando que se
pueden cumplir esas optimistas proyecciones, el organismo estaría
obligado a ajustar sus cuentas.
“El grueso del proyecto de Presupuesto está basado en el gasto,
que recortamos en 700 millones de pesos”, admitía ayer el
subsecretario de Presupuesto, Nicolás Gadano. El funcionario de
Economía detalló otras modificaciones que intentará
introducir el Gobierno con el proyecto girado al Congreso, muchas de las
cuales aspiran a perfeccionar la forma en la que se administran los escasos
recursos que deja disponibles el pago de intereses de la deuda, que este
año demandarán más de 11 mil millones de pesos:
 Pensiones graciables.
Se transferirán a la órbita de Desarrollo Social las pensiones
graciables otorgadas por el Congreso y que fueron prorrogadas. El ministerio
de Graciela Fernández Meijide puede darlas de baja y reasignar
los fondos en base a sus propios criterios que atienden, por ejemplo,
casos de pobreza extrema o familias muy numerosas. Actualmente los legisladores
las asignan discrecionalmente (ver página 14).
Subsidio al gas. El
Gobierno modificará la forma de prorratear el subsidio al gas patagónico,
con el objetivo que de que se beneficien las familias de menores ingresos.
La Secretaría de Energía y el Enargás están
haciendo un prorrateo para calcular cuánto consume una familia
standard. Por ahora, bajó de 85 a 60 millones de dólares
el monto total anual de esa subvención y redujo a la mitad la que
beneficia a las naftas patagónicas (ver aparte).
Fondo del Tabaco. Seguirá
nutriéndose con el mismo impuesto sobre los cigarrillos, que permite
recaudar 180 millones al año. Pero desde el año próximo,
sólo la mitad seguirá destinándose a los productores
tabacaleros aunque con un prorrateo diferente: en lugar de asignarse según
los kilos producidos, algo que favorece a las grandes tabacaleras, se
fijará un tope por productor, comenzando el reparto entre los más
chicos.
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Universidad
bajo estudio
El proyecto de ley de Presupuesto 2001 enviado al Congreso contiene
un artículo que provocará revuelo en el ámbito
educativo. Se trata del capítulo que regula los aportes de
fondos a las universidades nacionales. Según la nueva norma
que quiere imponer el Poder Ejecutivo, las universidades conservan
el presupuesto de 1800 millones de pesos anuales. Pero se establece
que una suma de hasta 311 millones de pesos serán retenida
por el Ministerio de Educación, que la distribuirá
de acuerdo al cumplimiento de una serie de criterios por parte de
las casas de altos estudios: a) número de alumnos regulares;
b) plantas docentes necesarias de acuerdo con la necesidad académica;
c) necesidades socioeducativas de los estudiantes; d) eficiencia
en la asignación de recursos; e) actividades de investigación
realizadas. “Fue una iniciativa del Ministerio de Educación,
que nosotros apoyamos con entusiasmo”, dicen en Economía.
Y plantean que no violaría la autonomía universitaria
si es aprobada por el Parlamento: “La autonomía tiene
el límite de las leyes del Congreso”, afirman. Sea como
fuere, lo cierto es que tal propuesta promete poner en pie de guerra
a los rectores, que ya acordaron en el marco del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) que sólo aceptarían tales criterios
siempre que se trate de distribuir una suma de recursos que supere
los 1800 millones de pesos que recibirán este año.
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Mayor
poder para Economía
El Gobierno coló en el proyecto de Presupuesto nacional
parte de la reforma administrativa que impulsa el vicepresidente,
Carlos Alvarez. Uno de los puntos clave de esta iniciativa consiste
en devolver a Economía su tradicional poder de decisión
sobre los millonarios proyectos que financian el BID y el Banco
Mundial, cuya administración sufrirá un drástico
ajuste. Ahora esos programas son competencia de la Jefatura de Gabinete.
A partir del 2001, José Luis Machinea tendrá injerencia
en todas las decisiones referidas a estos préstamos, incluida
la propia determinación de si tomarlos o no. Sobran casos
en los que el Estado toma un crédito pero luego no lo ejecuta,
bien sea porque no tiene recursos para la contrapartida –dinero
que debe aportar el gobierno argentino–, bien porque no puede
endeudarse, so pena de agrandar el déficit. Por el régimen
de penalidades de aquellos organismos, esta demora genera costos
para el Estado, que intentarían evitarse. Pero lo que el
propio subsecretario de Presupuesto, Nicolás Gadano, ayer
admitió como una decisión muy polémica es la
intención de centralizar la administración de estos
programas, hoy dispersos entre múltiples unidades ejecutoras.
La duplicación de esfuerzos administrativos termina así
absorbiendo en cada una de ellas una porción importante del
crédito.
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