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En Colombia siguen con la boca cerrada y los fusiles en la mano
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El presidente Pastrana viajó inmediatamente a Cali para presidir un Consejo Extraordinario de Seguridad y analizar qué hacer frente a la nueva tanda de rehenes en manos de la guerrilla. En la reunión participaron el comandante de las fuerzas militares general Fernando Tapias y el jefe de la Policía, general Luis Ernesto Gillibert. A la salida, Pastrana explicó que “tenemos que ver cuál es la posición del ELN, y una vez que tengamos su respuesta tomaremos las medidas que sean necesarias”. En la madrugada de ayer, el ELN ya había tomado la primera medida al liberar a 18 personas. Algunas “por motivos de salud”. Otras por motivos tácticos: que oficien de negociadores para conseguir el rescate de sus familiares aún retenidos. El nuevo golpe se produjo en la tarde del domingo a 15 kilómetros de Cali, en una exclusiva zona veraniega frecuentada por colombianos. Según testigos, varios hombres armados con fusiles bloquearon la ruta que comunica Cali con la ciudad costera de Buenaventura, sobre el Océano Pacífico, y ocuparon dos restaurantes donde los turistas descansaban. Al parecer, los rehenes fueron obligados a internarse en las montañas próximas a Cali —capital del departamento del Valle, donde tiene una fuerte presencia el ELN—, tal como ocurrió en mayo del año pasado cuando la guerrilla secuestró a más de 150 feligreses de una iglesia. Cuando el director de la Policía afirmó que el secuestro “en nada contribuye al proceso de paz en que se encuentra empeñado el presidente”, no encontró contradicción. Es que el secuestro se produjo en momentos en que una comisión internacional de cinco países –Cuba, España, Francia, Noruega y Suiza– respalda las conversaciones entre el gobierno y el ELN. De todos modos, el principal escollo sigue siendo el reclamo de una zona desmilitarizada de 4.727 km2 al norte de Colombia como sede de una eventual negociación directa con el gobierno. Las FARC, que ya tienen su propia zona de control (denunciada por las autoridades militares como un “refugio de delincuentes”) se reunieron ayer en esa región con el Alto Comisionado para la Paz del gobierno, Camilo Gómez, por el tema del “aeropirata” guerrillero Arnubio Ramos, a quien las FARC se niegan a entregar. Poco después, las FARC publicaron un comunicado en el que responsabilizan a Pastrana por el eventual quiebre del diálogo.
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En Colombia, el “diálogo” de las guerrillas con el
gobierno es doble: a través de conversaciones de paz siempre a
punto de interrumpirse y a través de golpes generalmente certeros
a las fuerzas de seguridad –combates, atentados y secuestros masivos
con rescate incluido–. Tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC, principal guerrilla del país, marxista) como
el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) iniciaron
un diálogo con el gobierno del presidente Andrés Pastrana
para alcanzar una paz interna que Colombia desconoce desde hace cuatro
décadas. Las FARC tienen una ventaja clara a la hora de negociar:
el control absoluto sobre la zona desmilitarizada de 42.000 km2 al sur
del país, cada vez más conflictiva para el gobierno. El
ELN reclama una región liberada equivalente, y hasta conseguirla
los secuestros parecen su mejor forma de presión. El domingo hizo
honor a lo que ya es una tradición y secuestró a 53 turistas
cerca de Cali.