Por Horacio Verbitsky
El hasta ayer presidente de la comisión de energía y combustibles del Senado, Emilio Cantarero (PJ, Salta) ofreció dinero en nombre de las empresas petroleras interesadas en la sanción de una nueva ley de hidrocarburos a la integrante de esa misma comisión, Silvia Sapag (MPM, Neuquén). La información fue suministrada a este diario por la propia legisladora, hija del ex gobernador neuquino Felipe Sapag, a las 22 de anoche. Esta es la primera información on the record que se publica sobre el escándalo de los sobornos en el Senado. La senadora Sapag había formulado esa misma revelación el 29 de junio, pero en condiciones de off the record, es decir que no podía serle atribuida. En esas condiciones, Página/12 decidió no publicarla y analizó con la legisladora la posibilidad de obtener una prueba grabada o filmada del ofrecimiento. Esa posibilidad, que Silvia Sapag pidió un plazo para considerar, se frustró cuando el Senado entró en emergencia a raíz de las versiones sobre el pago de favores personales por la sanción de la ley de precarización laboral. Este diario le insistió desde entonces en tres oportunidades, en Buenos Aires y en Neuquén, para que comprometiera su palabra, hasta que ayer la legisladora, dos de cuyos hermanos fueron asesinados por la dictadura militar, decidió vencer el temor a represalias y hacer público el gravísimo episodio. La senadora Sapag se desplaza con una custodia de la Policía Federal dispuesta por el ministro del Interior, Federico Storani. Está convencida de que también participan en el negociado los gobernadores de su provincia, Jorge Sobisch (quien milita en la línea interna opuesta a la de Felipe Sapag) y de Salta Juan Carlos Romero. Silvia Sapag ingresó al Senado a fines de 1999. La semana pasada pidió la renuncia de Cantarero a la presidencia de la Comisión, pero el bloque justicialista le ratificó su confianza. Sin embargo, luego le concedió una licencia. Colegas de Cantarero trataron de convencer a la senadora Sapag de que se diera por satisfecha con la licencia y �mirara hacia adelante�. Sus revelaciones comprometen en forma directa a Cantarero, pero extienden su sombra sobre los demás senadores justicialistas que firmaron la semana pasada el dictamen de mayoría de la nueva ley de hidrocarburos.
�Yo cuestioné varios puntos de lo que se discutía. No estaba de acuerdo con el modo de trabajo de la Comisión. Todas las sesiones en las que se consultaba a las partes interesadas eran públicas, salvo cuando vinieron las grandes empresas del sector. No dejaron entrar a los periodistas y ni siquiera a los asesores. Parecíamos empleados de las petroleras. Como yo me quejaba, Cantarero me habló de la importancia de sacar un dictamen por unanimidad. Le respondí que había muchas cuestiones en las que disentía y no iba a dejar de hacerlo. Por ejemplo, no estaba dispuesta a aceptar la prórroga de concesiones que recién vencen en 2017, a cambio de inversiones que las compañías de todos modos estaban obligadas a hacer y que en el caso de Neuquén no crearán más de 600 puestos de trabajo, según confesión por escrito de la propia Repsol en una carta que me envió el gerente de asuntos jurídicos Norberto Noblía. Cantarero me respondió que estaba negociando con los españoles de YPF-Repsol�. Silvia Sapag también había objetado que se incluyera en un mismo proyecto de ley la exploración y explotación (lo que en la jerga se llama up stream) y la industrialización y comercialización (o down stream). De hecho, firmó un proyecto distinto para cada actividad. �Cantarero me dijo que habían agregado la industrialización y comercialización para endurecer la ley y negociar mejor. Yo puse cara de nada, como me dicen mis amigas, para que no se notara mi asombro, y entonces Cantarero siguió. Me dijo que había mucha plata para eso. Imagínese que las elecciones en Salta por la ley de lemas nos salieron 14 millones de dólares, me explicó�.
Ex secretaria general de la gobernación de su padre en Neuquén, Silvia Sapag era una pública opositora a la renegociación de las concesionesfirmadas en Madrid por el gobernador Jorge Sobisch con la empresa Repsol, que explota el mayor yacimiento gasífero de Latinoamérica, en Loma de la Lata. La concesión fue otorgada en 1992 por 25 años, con vencimiento en 2017. En abril la compañía propuso una prórroga por 10 años, y dos meses después Sobisch firmó el preacuerdo. El artículo 35 de la ley de hidrocarburos vigente permite tales prórrogas, pero las supedita a que se haya dado � buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión�. La senadora Sapag presentó un escrito a la Comisión en el que establecía que las prórrogas recién podrían solicitarse con doce meses de anticipación al vencimiento de cada concesión. Pero alegando que las petroleras necesitaban mayor tiempo para programar sus inversiones, en las reuniones de comisión se acordó extender ese plazo primero a tres y luego a cinco años. En el caso de Loma de la Lata esto quiere decir en 2012. Pero la semana pasada, Cantarero presentó un hecho consumado: el dictamen firmado por la mayoría justicialista admitió la prórroga a partir del décimo año de iniciada la concesión original, o sea en 2002. El otro gran tema en discusión fue el porcentaje de las regalías que las petroleras deben pagar a las provincias por la exploración y explotación de su petróleo. Aunque la ley vigente fija el 12 por ciento, resoluciones de la Secretaría de Energía permitieron bajarlas hasta el 5 por ciento.
Este reducido porcentaje tiene una explicación histórica: cuando YPF era una empresa estatal, el pago de regalías era una suerte de complemento de la ley de participación de impuestos entre la Nación y las provincias. Por medio de YPF era la Nación Argentina la que retenía entre el 88 y el 95 por ciento de los ingresos, que luego redistribuía entre las provincias no petroleras bajo distinto tipo de transferencias. Pero a partir de la privatización y extranjerización de YPF ese trato carece de razonabilidad. Las mismas empresas pagan hasta tres veces más en otros países. Por ejemplo, Repsol liquida regalías del 18 por ciento en Bolivia (igual que Pérez Companc) y del 35 por ciento en el Perú. La primera edición de este año de la revista especializada �Petroquímica, Petróleo, Gas & Química� informa que Pluspetrol, asociada con Hunt Oil y S.K.Corp. resulto adjudicataria del area Camisea en Perú, ofreciendo regalías del 37,24 por ciento. No obstante, el objetivo de las petroleras era reducir aún más el porcentaje. En la comisión se había acordado establecer un tope del 35 por ciento, con la exigencia de que se fundamentaran en detalle las razones de cualquier rebaja a ese porcentaje. Pero el dictamen firmado la semana pasada no mencionó porcentaje alguno, tal como deseaban las petroleras. Silvia Sapag presentó entonces una cuestión de privilegio, cuyo tratamiento no tiene fecha.
�Cuando la gente quemó la sede de la Repsol en Neuquén, Cantarero me preguntó porque yo estaba tan enojada. Le dije que no podíamos aceptar la prórroga, que para la compañía puede implicar ganancias adicionales de más de 30.000 millones de dólares a cambio de apenas los 30 millones de dólares que ofrecieron para sanear las finanzas de los microemprendimientos formados por ex trabajadores de YPF. Me contestó que en Salta también pensaban prorrogar la concesión. Ahí até cabos, recordé la visita misteriosa de Juan Carlos Romero a Neuquén para reunirse con Sobisch y tomé conciencia de lo que estaba sucediendo�, explica la senadora, que es madre de cuatro hijos y acaba de tener una nieta.
Ayer Sobisch se reunió en el mismo yacimiento de Loma de la Lata con el vicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín y la semana próxima viajará a Buenos Aires el presidente de la empresa española, Adolfo Cortina. El Ejecutivo neuquino no cuenta con respaldo de la Legislatura e hizo saber que está dispuesto a concretar la prórroga por decreto. Pero además necesita la aprobación del gobierno nacional, debido a la compleja situación jurídica que deriva de la reforma constitucional de 1994, dos años posterior a la concesión. Repsol está condicionando a la firma de laprórroga el mantenimiento de los actuales precios del litro de nafta. El gobierno nacional ya había anunciado las prórrogas de Loma de la Lata, en Neuquén, y Araguare, en Salta, dentro de su denominado plan de inversiones. Sin embargo, el vicepresidente Carlos Alvarez hizo saber su oposición. El ex secretario de Energía y Combustibles, Daniel Montamat, quien favorecía la prórroga, ha mudado de opinión. En el diario �Río Negro� de hoy anuncia que lo ideal sería una nueva licitación.
�Como soy mujer y soy Sapag, piensan que estoy ahí por mi papito y que por el mero hecho de ser política acepto cualquier cosa. Me consideran la boluda total, como el personaje de Todo por dos pesos�, afirma la senadora que rompió el silencio. Parece todo lo contrario: como ya es norma en la Argentina, debió ser una mujer quien acabara con las alusiones, los trascendidos y los eufemismos y dijera las cosas con sencillez y claridad.
Alvarez pide la separación
�El Senado debe separar a Emilio Cantarero por inhabilidad moral�, dijo a Página/12 el vicepresidente Carlos Chacho Alvarez, quien antes había cuestionado la legitimidad del senador para seguir presidiendo la Comisión de Combustibles. A principios de la tarde el senador salteño, uno de los imputados por el juez Carlos Liporaci en el supuesto cobro de sobornos por la reforma laboral, ya había anunciado que pediría licencia como presidente de la comisión. Mientras dure lo que en principio es una licencia, Cantarero será reemplazado por su segundo, Juan Melgarejo, radical de Santa Cruz, con quien el legislador salteño tiene gran afinidad. El presidente del bloque del PJ, José Luis Gioja, dijo que la de Cantarero �es una decisión personal del senador, y yo la aplaudo para que podamos trabajar mientras la Justicia actúa�. |
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