Por Irina Hauser
 Ni a los consejeros de la Magistratura ni a los funcionarios de la Justicia federal que investigan al juez Carlos Liporaci por posible enriquecimiento ilícito �el mismo que tiene a cargo la causa por supuestos sobornos a senadores� les cierran los números que consignó en sus manifestaciones de bienes. En una declaración espontánea ante el Consejo, Liporaci dijo que pagó 610 mil pesos por su nueva mansión de Vicente López, pero su declaración jurada ante la Corte dice que ése es el valor fiscal de la propiedad. Lo que llama la atención de los investigadores es que �el valor fiscal siempre es mucho menor al valor real, de manera que si se truchó la cifra en la escritura podría haber incurrido también en un delito fiscal como evasión�. Sospechan, además, que ni siquiera podría explicar cómo hizo para pagar esa plata.
El mismísimo Liporaci habría admitido que pagó por su nueva casa 1,5 millón de pesos y no 610 mil, según publicó la revista Veintitrés. Los consejeros Mario Gersenobitz y Eduardo Orio pidieron entonces que la Comisión de Acusación de la Magistratura �el órgano encargado de remover a los jueces� que lo investigara y le pidiera que justificara cómo pagó esa suma con los 5500 pesos mensuales que dice ganar como juez. También se abrió una causa en el juzgado de Gabriel Cavallo, delegada al fiscal Pablo Recchini.
Cavallo fue ayer a la Magistratura para verificar si la declaración jurada de los bienes de Liporaci que le entregó a él la Corte Suprema era la misma que les había dado a los consejeros. En efecto, cotejó que la documentación coincidía: era una presentación de febrero de este año y una rectificación del último del 31 de agosto que agregaba la casa, edificada sobre un lote de 1182,12 metros cuadrados, que compró el 7 de julio último, e ingresos como docente.
Según pudo saber este diario, en la fiscalía que sigue el caso reinaba el desconcierto, porque aunque habían pedido al alto tribunal todas las declaraciones patrimoniales de Liporaci, que es juez federal desde 1993, sólo les dieron la de éste. Contrastar lo que tenía hace unos años con lo que tiene ahora es elemental para saber si su riqueza creció en forma ilegítima. Por eso Recchini volvió a formular el pedido a la Corte para chequear si alguna vez el juez presentó otros listados de sus pertenencias y preparaba un oficio para que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le gire sus reportes de bienes ante ese organismo. También solicitó las actuaciones de un viejo expediente en el que el magistrado fue acusado por el mismo delito que fue cerrado en 1998.
El fiscal comenzó a ordenar, a su vez, otras medidas para saber cuánto y en qué gastó el juez con sus tarjetas de crédito, qué viajes hizo, qué movimientos bancarios tuvo y si tiene cuentas en el exterior. Incluso incorporó al expediente la información publicada por Página/12 según la cual Liporaci alquiló durante una temporada un coqueto chalet en un country de golfistas de Pilar por el que pagaba 3000 pesos mensuales. Por otro lado investigará quién era el dueño de la casa que se compró el magistrado (al parecer, era Antonio Gómez, presidente de la constructora que hizo la pista de Anillaco) y cómo se hizo la operación. Según allegados a la causa, Liporaci consignaría como valor fiscal de la vivienda lo mismo que pagó por ella, �algo que parece bastante irregular�. Una tasación de la casa sería otro de los próximos pasos.
La Comisión de Acusación de la Magistratura, que preside el diputado Pablo Fernández (Alianza), sigue caminos similares. Pedirá también informes sobre el patrimonio de la mujer del juez, de Guido Torrisi (el prestamista que le concedió 210.700 dólares), de Gómez y del escribano que intervino. Quieren evaluar, inclusive, la capacidad de ahorro de Liporaci. Sospechan que ni con los 10.800 pesos mensuales que gana todo su grupo familiar podría pagar los 200 mil pesos de hipoteca en un año, como se comprometió �dice� a hacerlo. Y buscan entender cómo su esposa obtuvo uncrédito de 160 mil pesos con un ingreso de apenas 1700 pesos y quién le prestó esa plata.
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opinion
Por Pablo Bergel |
| Crisis y oportunidad
La crisis política desatada a partir del escándalo de los sobornos en el Senado puede tener, entre otros varios e imprevisibles cursos de desarrollo, estos dos posibles: por un lado, que tienda a imponerse alguna forma de �acuerdo� o �pacto de impunidad� explícito o implícito, que lleve a diferir, amansar y distraer sobre el desarrollo del proceso, o bien, si ello resultara imposible, clausurarlo cuanto antes, entregando para ello unos pocos peones �corruptos�. Se procuraría por esta vía limitar y salvar de la crisis a la mayoría de sus actores, y sobre todo, preservar la figura del Presidente, que hasta el momento ha contado a su favor con una suerte de negación colectiva, fruto del pánico al vacío institucional, pero que difícilmente podría zafar de quedar seriamente involucrado como �partícipe necesario� (si no judicialmente, al menos, políticamente ante el conjunto de la opinión pública), a medida que se desmadeje la lógica de la investigación tirando de la premisa de la �banelco�, esto es, la necesaria correspondencia entre un sobornado y un sobornador de altísimo nivel (¿el Presidente �no sabía�?, y si no sabía, ¿qué cosa preside el Presidente?).
El otro rumbo posible de la crisis es su profundización en dirección a una democratización participativa del sistema político, lo cual implica asumir y atacar el fenómeno de fondo (la verdadera �banelco estructural�): la deslegitimación absoluta de un sistema �representativo� que no representa (a los electores, fuente de su legitimidad), sino que se funcionaliza con los poderes fácticos que �votan todos los días� a través de �los mercados� y sus voceros. Esta disociación perversa que define a nuestra democracia realmente existente como una de baja intensidad fue condición necesaria (una vez agotado el terror dictatorial), para la imposición de las brutales políticas de ajuste y endeudamiento, que no habrían sido posibles con un pleno ejercicio de la soberanía popular. Ahora, ya realizada la mayor parte del �trabajo sucio�, no resulta más necesario ni �costo-efectivo� para el establishment seguir lubricando la complicidad de la clase política: también para ella (como antes para otras corporaciones), llegó la hora del ajuste, el tiempo de bajar buena parte del �costo argentino� de la gobernabilidad del modelo neoliberal, encarecido por la corrupción.
Desde la sociedad civil, la recuperación de la iniciativa social y económica después de una decadencia sin fin requiere necesariamente de la reforma democrática y participativa del Estado, la democratización de las instituciones y del conjunto de la práctica política que la rescate como bien público, que libere la política de las oscuras madrigueras en que permanece secuestrada y las restituya a la sociedad. Ello implica transformar no apenas los sistemas de financiación y monopolio partidario de la política, las vergonzosas listas sábana; no solamente replantear a fondo la forma presidencialista �monárquica� del Poder Ejecutivo, sino que supone una cuestionar radicalmente el art. 22 de la Constitución (�el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes�) para sustituirlo por otro principio fundante: el ejercicio democrático directo de la soberanía popular, y el principio complementario de aquél, el de la subsidiariedad de la representación, mediante la �contratación� acotada, controlada y siempre revocable de los representantes. En definitiva, producir, en concordancia, el diseño e implementación de los institutos conducentes al transparente y vital ejercicio de la democracia participativa. Como se ve, estamos vislumbrando una discusión de fondo (con algunos tibios antecedentes en la reforma del �94 y más decididos y valiosos, pero aún insuficientes, en la Constitución porteña del �96); abrir un debate profundo, amplio y participativo, en cuyo transcurso habrán de irse delineando nuevas alianzas y pactos sociales, con el horizonte puesto en una nueva constituyente refundadora de la república. Semejante emprendimiento difícilmente pueda ser abordado en soledad por el propio sistema político, cuya crisis terminal es el origen de esta oportunidad de transformación; aunque su participación en la construcciónde la salida es ineludible, requerirá de un diálogo y articulación legitimadora con la sociedad civil. Parece indispensable que desde ella, con autonomía, se constituya un espacio de agregación multisectorial, un foro de seguimiento y propuestas sobre la crisis política institucional que facilite la construcción de nuevos consensos, en diálogo crítico y dinámico con aquellos actores institucionales que estén dispuestos a transitar consecuentemente esta oportunidad reconstituyente. |
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