Por Claudio Scaletta
 �Me resulta sorprendente que empresas extranjeras, asociadas con unas pocas locales, se envuelvan en la bandera argentina para evitar que otras firmas trabajen en el país�, afirmó el legislador frepasista Alejandro Peyrou en respuesta al duro cuestionamiento de la Cámara Argentina de la Construcción. �En una de las peores crisis de la historia del sector, con un 90 por ciento de capacidad ociosa y la pérdida de más de 100 mil empleos en lo que va del año, Diputados cambia el espíritu de la ley y del Compre Nacional; no comprendemos las razones�, se quejó ante este diario el secretario de la CAC, Gregorio Chodos. La controversia surgió a raíz de las modificaciones introducidas por los legisladores a la participación del capital extranjero en las obras previstas por el Plan de Infraestructura.
De acuerdo al dictamen consensuado en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados que corrige el proyecto de ley de Fomento de la Inversión Privada en Infraestructura enviado por el Poder Ejecutivo, cuando las obras previstas representen un valor superior a los 45 millones de pesos deberá llamarse a licitación �nacional e internacional�. La apertura del ingreso de empresas extranjeras por esa modificación encendió las iras de la CAC. �El Plan de Infraestructura representa una esperanza válida para la reactivación y el futuro de la industria de la construcción en la Argentina�, pero las modificaciones �perjudican a la industria nacional�, expresó el titular de la Cámara, Eduardo Baglieto. En una resolución aprobada por unanimidad, los empresarios tomaron la decisión de rechazar las modificaciones y ratificar la necesidad de aprobar el proyecto original.
�Es importante distinguir entre empresas nacionales y empresas locales�, dijo a este diario el diputado Ricardo Vago (Alianza). �La mayoría de las empresas más grandes de la CAC son locales, no nacionales, tal es el caso de la sueca SADE, la española Dycasa o la italiana Impregilo�, afirmó. El legislador explicó que sólo un 50 por ciento de las obras previstas por el Plan de Infraestructura tiene un valor superior a los 45 millones. A esto se agrega que las firmas extranjeras deberán crear una UTE con 45 por ciento de capital local y subcontratar el 20 por ciento de la obra a pymes de la región donde se efectúen las construcciones. �En conjunto y en la práctica esto significa que, suponiendo que todas las licitaciones internacionales sean ganadas por empresas extranjeras, el 80 por ciento de las obras serán para el capital local�, agregó.
En diálogo con Página/12, Gregorio Chodos sostuvo que la CAC no reclama una reserva de mercado, sino que sea considerado el amplio diferencial de tasas de interés al que acceden las empresas locales �entre 11 y 12 por ciento� y las extranjeras �3 o 4 por ciento�. También criticó la �supuesta cartelización del sector� y a los que sostienen �que tener políticas más activas es volver a la patria contratista�. Se trata de �recomponer el exceso de extranjerización�. �Tenemos que animarnos a hacer lo que hacen los países centrales, que protegen a sus empresas�, concluyó.
El titular de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja, José Recio, admitió a Página/12 que las correcciones introducidas podrán, a su vez, recibir alguna modificación luego de la reunión que mantendrá hoy con representantes de la CAC. No obstante, consideró que el ingreso de un mayor número de empresas servirá como �válvula de escape� a los �sobreprecios� que podrían generarse en licitaciones con pocos participantes.
El punto en que coincidieron todos los consultados es que un diferencial de tasas del 8 por ciento representa un sobrecosto de alrededor del 40 por ciento al cabo de los diez años de devolución del dinero que costó la obra. El sistema previsto en el Plan de Infraestructura determina que es la empresa constructora la que aporta los recursos para la ejecución de las obras, en tanto que el Estado las paga una vez terminadas. En ese contexto, los mayores costos sólo podrían resolverse de dos maneras: odisminuyendo obras o aumentando los cánones. Los diputados consideraron que la solución alternativa para bajar costos era que ingrese un mayor número de empresas que otorguen nuevos valores testigo de las obras.
Por su parte, Baglieto consideró �muy llamativo que un proyecto que resultó avalado por el Poder Ejecutivo y consensuado con los gobiernos provinciales haya sufrido esas modificaciones en la comisión de Diputados�. El hombre de la constructora de Techint agregó que �este tipo de medidas ocasionará perjuicios no sólo a las grandes sino también a las pequeñas y medianas constructoras nacionales por su imposibilidad de competir financieramente con las extranjeras�.
Aunque los diputados consultados por este diario sostuvieron que las modificaciones contaban con el consenso del Ejecutivo, el Ministerio de Infraestructura optó por no participar en el conflicto y sólo pidió a los legisladores que la norma dejara margen para posteriores reglamentaciones.
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