El juez Carlos Liporaci le envió ayer un oficio a la senadora neuquina Silvia Sapag con un cuestionario, a raíz de que ella revelara a Página/12 que su par salteño Emilio Cantarero (PJ) quiso sobornarla en nombre de empresas petroleras interesadas en la ley de hidrocarburos. Cantarero es uno de los once legisladores que deberán declarar desde la semana próxima como sospechosos del posible pago de coimas a cambio de votar la reforma laboral. Como parte de esta causa, ayer el magistrado le pidió al Banco de la Nación Argentina (BNA) resúmenes de las extracciones de las cuentas corrientes de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) días antes de la aprobación de la ley de flexibilización. También le tomó declaración a los choferes de la Cámara alta que serían testigos del pago de favores. Como integrante de la comisión de combustibles del Senado, Silvia Sapag �hija del ex gobernador neuquino Felipe Sapag� había manifestado su oposición al dictamen de la ley de hidrocarburos que buscaba consensuar el justicialismo. Según le contó a este diario, en la primera información on the record que se publica sobre el escándalo de los sobornos, Cantarero le ofreció dinero en nombre de las petroleras interesadas para lograr un dictamen por unanimidad. Liporaci le pedirá a la legisladora algunas precisiones. En principio, le envió un cuestionario sobre el supuesto reparto de sobornos en el Senado. De esta forma, la cuestión de la ley de hidrocarburos podría ser incorporada al expediente. El juez resolvió, además, solicitar todos los detalles sobre movimientos de fondos de Inteligencia del mes de abril. El abogado Ricardo Monner Sans pidió que se investigara una versión publicada por el diario Río Negro, según la cual �en las cuentas de la SIDE en el Banco Nación había un saldo de 20.400.000 pesos el 12 de abril y al día siguiente se produce una notoria disminución, que dejó un saldo de 14.200.000 pesos�. La fecha coincide con el momento en que el Gobierno anunciaba el acuerdo con el PJ para la reforma. En función de la hipótesis de que el presunto dinero para coimas habría salido de las arcas del Estado, la SIDE apareció como una de las posibles �proveedoras�. Incluso el famoso panfleto anónimo que circuló cual best seller por el Congreso, revelando la supuesta trama de corrupción, decía que las coimas se habrían arreglado en una cena que contó con la participación del jefe de los espías, Fernando de Santibañes; del ex ministro del Interior, Enrique �Coti� Nosiglia; y de los senadores José Genoud, Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo. Hasta ahora, la documentación sobre sus movimientos de dinero que facilitó la SIDE a la Justicia reportaba un promedio de gastos de 2 millones de pesos mensuales en los últimos meses, cifra que entraría en contradicción con la información del diario rionegrino. Ayer también declararon los choferes Juan Carlos Fredes y Camilo Piazza, que trabajan con el senador Angel Pardo y el chofer Augusto López, conductor de Costanzo. Aunque estos testigos �que también aparecieron mencionados en el famoso anónimo titulado �Soborno: la trama secreta�� habían dicho ante la Oficina Anticorrupción que desconocían la cuestión de las coimas, al declarar ayer ante Liporaci incurrieron en algunas contradicciones, se mostraron atemorizados y generaron la impresión de que en realidad saben mucho más de lo que dicen. A pesar de sus dudas con respecto a la aplicación de la nueva ley de Fueros, que habilita a indagar a los legisladores sin necesidad del desafuero y que fue criticada por el propio ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, el juez finalmente entendió que �es un instrumento para avanzar en la causa�, según sus allegados. Decidió citar a los once senadores que están sospechados de haber tenido alguna participación en el aparente pago de favores (Augusto Alasino, Ramón �Palito� Ortega, Angel Pardo, Ricardo Branda, Eduardo Bauzá, Emilio Cantarero, Remo Costanzo, Raúl Galván, Alcides López, Javier Meneghini y Alberto Tell). Desfilarán de a uno por día desde la semana que viene. Por otro carril, el propio juez Liporaci está siendo objeto de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que conducen el Consejo de la Magistratura, por un lado, y el fiscal Pablo Recchini, por otro.
|