 El Gobierno podrá rescindir los contratos con los concesionarios viales, de acuerdo con el dictamen emitido ayer por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados sobre el proyecto de ley de Emergencia Económica. Los legisladores de la Alianza y el justicialismo acordaron mantener la modificación que el Senado introdujo a la iniciativa, por la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a anular los contratos de concesión de rutas nacionales por peajes. El acuerdo político permite descontar que el conjunto de la Cámara baja convertirá en ley esa disposición. Es uno de los puntos más trascendentes de la Emergencia Económica. Aquella comisión también dio dictamen al proyecto de Antievasión.
Los proyectos serán tratados en dos semanas, según pronosticó el diputado Raúl Baglini en diálogo con Página/12. El Gobierno remitió ambas iniciativas a fines del año pasado, pero después de la aprobación en marzo de Diputados, el Senado los �cajoneó� durante meses. Finalmente, en medio del escándalo de la Cámara alta por los sobornos, De la Rúa amenazó con sancionar esas leyes por decreto de necesidad y urgencia, y los senadores se avinieron a aprobarlas hace dos semanas.
Sin embargo, la mayoría justicialista del Senado introdujo varios cambios a los proyectos, por lo que debieron retornar a la cámara de origen. Los diputados de la Alianza eliminaron ayer la mayor parte de esas modificaciones. Pero en el caso de la Emergencia Económica, mantuvieron la decisión de incluir en la autorización al Ejecutivo de rescindir todos los contratos de obra, servicios y consultoría celebrados antes del 10 de diciembre de 1999, a los de concesionarios viales.
En rigor, la ley no menciona expresamente a los consorcios que operan las rutas nacionales. El artículo 2 sostiene que la rescisión de los contratos será general, pero excluye a aquellos suscriptos en virtud de las privatizaciones. Sin embargo, se separa de este último grupo a los contratos que no hayan sido regulados por ley. Los contratos de concesión de rutas no fueron regulados por ley, de allí que ahora puedan ser anulados. El Gobierno deberá resolver si utiliza o rechaza esa facultad que el Congreso se dispone a otorgarle.
Los puntos salientes de la Emergencia Económica son los siguientes:
 Las deudas previsionales entre el período 31 de agosto de 1992-1º de enero de 2000 se pagarán con bonos a 10 años. Y las que el Estado acumuló con proveedores entre marzo de 1991 y enero de 2000 se cancelarán con títulos a 16 años.
El Ejecutivo podrá reubicar al personal de la administración pública nacional y cambiarle sus funciones. De este modo, se dejó sin efecto la anulación a este punto introducida por el Senado.
Diputados también eliminó el �Bono Brady� para las provincias que había aprobado el Senado.
En el caso de la ley Antievasión, el dictamen de ayer suprimió el bloqueo fiscal sancionado por la Cámara alta, por lo que la DGI no podía investigar las deudas fiscales históricas de los contribuyentes. No obstante, la Cámara alta sancionó ese artículo con dos tercios, y la Alianza no podría corregirlo en Diputados. Pero Baglini dijo que el Gobierno rechazará por decreto ese punto de la ley, a lo cual �afirmó� se encuentra facultado.
FISCALES DENUNCIAN A ANA KESSLER
Irregularidades pymes
La Unidad de fiscales especiales que investigan delitos de evasión y contrabando (Ufitco) presentó ayer una denuncia contra la ex secretaria Pyme, Ana Kessler, y un grupo de empresas por �maniobras delictivas� en la utilización de un programa de capacitación, confirmaron a Página/12 fuentes de la propia Ufitco.
En la denuncia, los fiscales presentaron evidencia sobre supuestas irregularidades en el manejo de unos 6 millones de pesos, aunque están investigando si el fraude involucra al total del plan de capacitación, cuyo presupuesto era de 30 millones.
Ana Kessler fue titular de la Secretaría Pyme durante la última parte del gobierno de Carlos Menem y en la actualidad trabaja para la gestión de Carlos Ruckauf como jefa de asesores del Ministerio de la Producción bonaerense. Además de la ex funcionaria, la denuncia nombra a tres empresas y a una fundación. Dos de esas compañías serían las constructoras Acoyte y Rusaro, mientras que la fundación se llamaría Transformar.
La supuesta maniobra ilícita quedó a la luz después de que Guillermo Rozenwurcel, secretario Pyme hasta hace un mes, hizo una auditoría sobre los planes lanzados en esa dependencia durante el menemismo. Una vez detectadas anormalidades, la investigación fue seguida por la Ufitco.
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opinion
Por Enrique Rodríguez * |
| Monopolio de economistas
El día 20 de setiembre se publicaron en Página/12 opiniones de Pablo Gerchunoff, jefe de Gabinete de Asesores del ministro de Economía, persona y profesional que respeto, pero que no sabe ni puede saber de todo.
La polémica es sobre la ley jubilatoria y los derechos de los jubilados y los trabajadores que en el futuro podrán acceder a un beneficio. En nuestro país, el sistema jubilatorio no es privado ni público. El sistema de capitalización tiene un componente estatal, la Prestación Básica Universal y la Prestación Compensatoria: la primera es un derecho de todo jubilado que tiene que ver con los aportes patronales al sistema de reparto que deben hacer todos los empleadores, es decir un salario diferido del trabajador, y la segunda que compensa al trabajador que haya optado por el sistema de capitalización, por los años que haya aportado al sistema público, además percibe la renta, consecuencia de su ahorro descontando las comisiones que perciben las AFJP. Recuerdo que por expresa disposición de la ley 24.241, el trabajador que no aporte no tendrá derecho a acceder a un sistema jubilatorio y la evasión se la estima en un 40 por ciento de los trabajadores; esto significa que en pocos años ese porcentaje de trabajadores que vaya llegando a la edad de jubilarse no tendrá derecho a ninguna prestación, tema que no se está discutiendo y que es una verdadera bomba de tiempo.
Un sistema jubilatorio no puede modificarse año tras año, ya el Estado lo sufrió durante el gobierno anterior y ahora el economista pretende modificar derechos y sostiene que si se baja la prestación básica universal de $ 200 a $ 150 a los hombres y a $ 120 a las mujeres, el Estado podría con ese �ahorro� otorgar un beneficio de $ 80 a quienes no puedan obtener su jubilación y tengan más de 70 años.
Quisiera recordar a los economistas que nuestro sistema jubilatorio tiene como base de financiación los aportes, contribuciones y el ahorro del trabajador, eso es lo que determina la prestación. No hay duda de que comparto que se le otorgue el beneficio a los mayores de 70 años, pero hay que financiarlo con rentas generales, producto de los impuestos, y no retaceando derechos a los jubilados actuales o futuros.
Es una obligación de todos, también los economistas, respetar los derechos de los ciudadanos y pensar que no son monarcas y que no pueden echar mano a recursos que no pertenecen al Estado sino a la sociedad, reflexión que la hago con todo respeto a su formación técnica.
* Diputado de la Ciudad de Buenos Aires (Encuentro por la Ciudad). Ex ministro de Trabajo y Seguridad Social. |
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