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Juicio ético a la deuda con un fallo contundente
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 El juicio a la deuda externa, las políticas de ajuste, sus responsables y beneficiarios podría haber sido un mero acto retórico. Pero la contundencia de la documentación presentada lo convirtió en un evento revelador. Tuvo lugar ayer, en el Centro Cultural General San Martín. La convocatoria fue realizada por un conjunto de organizaciones sociales, religiosas, sindicales, profesionales y de derechos humanos, coordinadas por la asociación Diálogo 2000. La sala AB del Centro Cultural estuvo colmada, ante el interés que generado por Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, los obispos Miguel Hesayne y Aldo Etchegoyen, el rabino Daniel Goldman, el pastor Juan Schaad y el padre Eduardo de la Serna. Los representantes sindicales fueron Víctor De Gennaro y Hugo Moyano, quienes coincidieron en un acto público después de largo tiempo.�El servicio de la deuda externa aumenta cada vez más rápidamente, proyectando el gobierno para el año 2001 la aplicación de una cuarta parte del presupuesto nacional: 11 mil millones de pesos�, describe el documento final del juicio. �En el primer semestre de este año, sin contar los intereses de la deuda �añade, en uno de los párrafos más elocuentes sobre los efectos de la deuda externa�, el gasto total fue de 19 mil millones, es decir 93 millones menos que los erogados en igual período de 1999. Pero esa reducción del gasto quedó anulada porque se pagaron 588 millones más de intereses, lo cual hizo crecer el gasto en 496 millones. Esa reducción del gasto, anulada por el pago de los intereses, supuso 28 millones menos en sueldos, 50 millones menos del Plan Trabajar, 18 millones menos del subsidio a la pobreza, 15 millones menos para las enfermedades de alto riesgo, 14 millones menos para proyectos de innovación tecnológica, 24 millones menos para infraestructura y equipamiento para la prevención y el control de enfermedades, 5 millones menos para la atención de la madre y el niño y 3 millones menos para los programas del sida�. El juicio consistió en la presentación de alegatos y documentación por parte de los oradores. En primer lugar se identificó el origen de la deuda: la última dictadura militar contrajo deudas sin contraprestación, modificó la legislación para favorecer esa maniobra, pactó condiciones onerosas de deudas innecesarias, otorgó avales indiscriminados a privados y, finalmente, transformó la deuda privada en pública. Los otros dos momentos claves de su crecimiento fueron, para los �fiscales�, el Plan Brady de 1992 y las privatizaciones menemistas. Para fundamentar esa hipótesis, se presentó abundante documentación sobre resoluciones tomadas durante la dictadura y los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. En las privatizaciones, por caso, se demuestra que los viejos papeles de la deuda, cotizados en el 12 por ciento de su valor nominal, fueron utilizados como medio de pago por los compradores de las empresas, aunque el gobierno los aceptó a su valor nominal. El Estado recibió en efectivo sólo 1700 millones, que se utilizaron para pagar intereses atrasados y garantías de pago al Tesoro de los Estados Unidos. �Sólo parte de ese efectivo fue abonada al principio y otra (214 millones en el caso de Entel y 130 millones en el de Aerolíneas) lo fue en un plazo de cinco años, con recursos propios de las empresas vendidas�, se explica. �Los títulos de la deuda externa utilizados para la compra de las empresas fueron reconocidos a su valor nominal y no al que tenían en el mercado, cotización que oscilaba entre el 12 y el 15 por ciento del nominal�. �La venta de Aerolíneas fue irrisoria: los derechos de ruta por 60 millones y cada Jet 707 se valuó a 1,54 dólar�. �Las empresas fueron entregadas libres de deudas. Es decir que sólo se compraron los activos, absorbiendo el Estado los pasivos�. En conclusión, el tribunal condenó a los responsables de los ilícitos y a la deuda en sí misma.
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