Por Carlos Noriega
Desde Lima
 Los militares rompieron su silencio. Y lo hicieron para apoyar formalmente al presidente Alberto Fujimori. En el pronunciamiento emitido en la madrugada del jueves, los comandantes generales del Ejército, la Marina, la Aviación y la Policía expresaron su �acatamiento a la decisión del señor presidente de la República y jefe supremo de las fuerzas armadas y de la policía nacional� tomada el pasado sábado. Es decir, la convocatoria a elecciones adelantadas.
Todo indica que en estos cuatro días de un silencio que dio origen a una generalizada incertidumbre y que alimentó los rumores de golpe de Estado, hubo una pulseada entre el presidente Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos para definir la suerte de este último. Montesinos, con el respaldo de la cúpula militar y de sus archivos fílmicos y escritos que registran oscuras corruptelas en las más altas esferas del poder, habría logrado que se le asegure salir libre de toda culpa del cargo de soborno a un congresista del que se lo acusa y que está registrado en una cinta de video cuya difusión causó un terremoto político. Esta combinación de presión militar y antiguas complicidades en negociados y violaciones a los derechos humanos explicaría por qué Fujimori y el gobierno siguen protegiendo a la �bestia negra� que hizo estallar el sueño fujimorista de la presidencia eterna.
El comunicado castrense no toca a Montesinos, omitiendo responder a las denuncias de que se encuentra en una instalación militar y que mantiene su influencia al interior de las fuerzas armadas. Las FF.AA. han apoyado públicamente a Fujimori, pero no le han quitado su respaldo a Montesinos. El pronunciamiento militar no desactiva la crisis. Todas las miradas y los caminos llevan a Montesinos. Según una fuente militar que conversó con Página/12, el acuerdo con el presidente Fujimori tomado antes de redactarse el comunicado de apoyo incluyó la solución del caso Montesinos archivando en la fiscalía la denuncia en su contra, darle todas las seguridades al ex (o no tan ex) jefe de facto del SIN para que mantenga su status de intocable, mantener en sus puestos a los jefes militares leales a Montesinos y dejarlos al margen de cualquier posible investigación. También se habría decidido realizar una transición controlada por Fujimori y los militares que busque, con todo el apoyo necesario, la elección de un candidato de las filas fujimoristas que asegure la perduración del pacto de impunidad.
En otros escenarios de la crisis, durante todo el día de ayer jueves se realizaron intensas negociaciones diplomáticas entre la OEA y los diferentes actores de la crisis. El jefe de la misión permanente en el Perú, Eduardo Latorre, acompañado de Fernando Jaramillo, jefe del gabinete de César Gaviria, y del embajador de Canadá ante ese organismo, Peter Bowen, se reunieron en la mañana con Fujimori, luego lo hicieron con el canciller Fernando de Trazegnies, y, al final de la tarde, con el líder opositor Alejandro Toledo. La Secretaría de Prensa de Palacio emitió un comunicado en el que se afirma que Fujimori recibió el apoyo del secretario general de la OEA. Sin embargo, Gaviria ha sido claro en exigirle al gobierno la destitución de Montesinos y la realización de una investigación judicial independiente. Si esto no ocurre, ha dicho Gaviria, será �muy difícil� la realización de nuevas elecciones. Toledo calificó su reunión con la misión de la OEA como �muy franca, por momentos tensa, pero productiva� y ratificó la postura de la oposición en el sentido de que �el tema Montesinos� es prioritario para comenzar a destrampar la crisis. Hoydeben reanudarse las negociaciones entre la oposición, el gobierno y la sociedad civil en la mesa de diálogo auspiciado por la OEA. Los representantes del gobierno, que no asistieron el miércoles, deberán llevar un informe sobre la situación de Montesinos.
Las reformas legales necesarias para adelantar las elecciones deben aprobarse en el Congreso, pero la oposición no asiste a las sesiones desde que estalló la crisis y sin su presencia no se pueden conseguir los 80 votos necesarios para cualquier reforma constitucional. En diálogo con Página/12 al término de una reunión de la oposición en pleno, la congresista del agrupación opositora Somos Perú, Anel Townsend, señaló que �hemos acordado que debe cambiarse la mesa directiva actual porque su elección es producto de votos realizados bajo presión o por chantaje, que se investigue a los congresistas tránsfugas y que el Congreso se conforme como parte activa en la investigación a Montesinos�. La mayoría no acepta abandonar la conducción del Parlamento. �Nosotros estamos dispuestos a negociar, si la mayoría no acepta, entonces la misión de la OEA deberá pasar de facilitador del diálogo a negociador para desentrampar la situación�, señaló Townsend. El esquema para llevar adelante las nuevas elecciones es el otro tema central, junto al de Montesinos, a ser resuelto. En las reformas planteadas por el gobierno, no se contempla la reestructuración de los organismos electorales ni el cambio de las autoridades que llevaron adelante el fraude que posibilitó la victoria de Fujimori, algo exigido como indispensable por la oposición. Para Fujimori asegurar un sustituto a su gusto es ahora una tarea prioritaria y eso pasa por mantener el control del sistema electoral.
LOS COCALEROS EN PIE DE GUERRA CONTRA EL EJERCITO
Sobredosis de conflicto para Banzer
Por Oscar Guisoni
Desde La Paz
�Esta vez no nos vamos a detener hasta que caiga el gobierno de Banzer.� Con estas palabras, el diputado y líder de los productores de coca, Evo Morales, le puso en la mañana de ayer el tono al nuevo conflicto que ha estallado en Bolivia a principios de esta semana. Pero ayer el conflicto empezó a adquirir ribetes decididamente violentos, cuando el Ejército y la policía trataron de romper los piquetes y las barricadas emplazados por los campesinos en la carretera que une la región cocalera del Chapare con La Paz; el propio Morales fue golpeado por los uniformados a media tarde.
Morales es el principal dirigente de los cocaleros del Chapare boliviano que se han sumado a las protestas que sacuden el país, reclamando que el gobierno suspenda el plan de erradicación de cultivos de coca �sobrante� destinada al narcotráfico y la construcción de tres cuarteles militares en la zona, financiados por los Estados Unidos. El temor que provoca la manifestación cocalera es tal que la Cámara de Empresarios de Santa Cruz reclamó el miércoles al gobierno que reprima sin piedad a los manifestantes. En un arranque de militarismo, los empresarios sostuvieron que hace falta instalar �no tres, sino diez cuarteles, para evitar que estos señores instalen una república independiente en el centro del país�.
Para hacer efectivos sus reclamos, los cocaleros han bloqueado las carreteras que unen la ciudad de Cochabamba con Santa Cruz de la Sierra, confluyendo en la protesta con la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). La central campesina sostiene que no suspenderá el bloqueo a nivel nacional hasta que el gobierno no anule la ley de privatización del agua y modifique la de Reforma Agraria. En una clara muestra de su disposición a radicalizar el conflicto, los campesinos dinamitaron en la mañana del jueves la carretera que une Cochabamba con Oruro, dejándola completamente intransitable.
La solución del gobierno para evitar que los bloqueos paralicen el país y provoquen el desabastecimiento de las principales ciudades ha sido enviar a los militares a que despejen las rutas. En las últimas 48 horas el ejército ha intentado en vano cumplir con las órdenes, ya que mientras los soldados recogen las piedras, neumáticos y árboles que los manifestantes arrojan sobre las carreteras, los campesinos vuelven inmediatamente a colocarlas, siguiendo una estrategia que se conoce como �la guerra de las pulgas�.
La tensión entre los militares y los manifestantes ha ido creciendo en las últimas horas, produciéndose varios choques en las zonas cocaleras de Yungas, al este de La Paz y en el Chapare cochabambino, que se han saldado con dos manifestantes heridos y varios detenidos. Otro factor de tensión a nivel nacional es la huelga por tiempo indeterminado que lleva adelante el gremio docente. Los maestros reclaman un aumento de sus salarios del 50 por ciento. El sector, que sobrevive en Bolivia con un sueldo promedio de 80 dólares mensuales, ha realizado durante el transcurso de la semana gigantescas manifestaciones en la ciudad de La Paz, a las que se han sumado los estudiantes de la Universidad del Siglo XX, que exigen un aumento presupuestario. Las manifestaciones, que se realizan cada mañana, han concluído con violentas represiones policiales, lo que ha transformado al centro de la ciudad en un caos y ha dejado al estudiante Raúl Fernández gravemente herido.
El gobierno del general Banzer, mientras tanto, tiene las manos atadas, ya que la Constitución le impide volver a dictar el estado de sitio (una medida que sólo puede tomarse una vez al año), por lo que los militarestienen expresamente prohibido el uso de armas de guerra, algo que ha evitado, hasta ahora, que el número de víctimas sea mayor. Aunque nadie sabe hasta cuándo durará la mesura militar, ya que cada día son más los sectores que se suman a la protesta.
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