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Allanaron TBA para saber si el Estado
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 El juez federal Jorge Urso encabezó ayer una serie de allanamientos para determinar si el Estado pagó sobreprecios en la modernización de los vagones de las líneas ferroviarias Mitre y Sarmiento, que son explotadas por la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). La denuncia presentada ante la Oficina Anticorrupción, efectuada a raíz de un artículo publicado en Página/12, habla de sobreprecios de hasta un 4000 por ciento. Es decir, de valores que tuvo que afrontar el Estado hasta 40 veces más caros que los de mercado. �Los allanamientos fueron exitosos. Nos llevamos la documentación que buscábamos y la próxima semana se harán los análisis y peritajes correspondientes�, dijo a este diario una fuente ligada a la investigación.Los allanamientos se realizaron ayer por la mañana en las sedes de TBA, Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima (Femesa), la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief) y en el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe). Urso investiga los posibles delitos de malversación de caudales públicos y una defraudación contra el Estado. La denuncia, presentada por uno de los gremios del sector (la Asociación de Personal de Dirección), apunta contra la concesionaria privada y funcionarios de los organismos de control estatal. El eje de la investigación es la puesta a nuevo de los coches Toshiba de las líneas Mitre y Sarmiento, operados por TBA, construidos en la década del 60. Ese programa de modernización es solventado por el Estado a través de subsidios. En el momento de la privatización de los trenes, en 1991 �a pesar de que los privados recién se hicieron cargo en el �95� TBA propuso el programa de recauchutaje de coches y el Estado lo refrendó. En ese plan constaban precios hasta un 3926,7 por ciento superiores a los valores promedio de mercado. Ese fue el caso de los grifos de bronces, presupuestados a 138,90 pesos cada uno contra 3,45 del valor de plaza. El Estado también pagó 1782 pesos por cada ventana de costado de los coches, seis veces más de lo que cuesta en el mercado. Y 89 pesos por cartelitos con la leyenda �Prohibido Fumar� que, pese a su precio, no habían sido confeccionados por ningún artista de renombre. �El Estado sabía cuánto iba a costarle la reparación de los coches. Y nuestro presupuesto fue el más económico de todos los presentados. Por eso ganamos la licitación pública�, deslindó responsabilidades Jorge Molina, vocero de TBA. Lo curioso del caso es que, cuando el tema de los sobreprecios salió a la luz, por la publicación de una nota en Página/12 dos años atrás, el consorcio privado reformuló algunas compras de insumos. �Reemplazamos los carteles de madera, hechos en forma artesanal, por otros autoadhesivos, mucho más baratos. Lo mismo pasó con los ventiladores� (tenían un costo de 4230 pesos), comentó Molina. �El Estado ahorró plata�, añadió. TBA, un consorcio controlado por el Grupo Cirigliano, dueño de las líneas de colectivos Plaza, ganó la licitación hace nueve años gracias a que propuso recibir un subsidio de 439 millones de pesos durante la década de explotación del servicio, un monto inferior al presentado por sus competidores. De ese total, unos 100 millones estaban destinados a la refacción a nuevo de los 365 coches de las líneas Mitre y Sarmiento. Hasta el momento fueron modernizados 310 vagones. Como el resto de los concesionarios, TBA negocia con el Gobierno una extensión de los contratos que vencen en el año 2005.
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