Por S. K.
 Los norteamericanos, cuándo no, ya tienen una ley. Los argentinos, sorprendentemente, van en camino. La cuestión es clara y de actualidad: cómo proteger a los funcionarios del Estado que ven un caso de corrupción o de abuso de poder y lo denuncian. Que hace falta una ley para que el funcionario no pague por hablar es evidente y cualquiera puede imaginar el tipo de venganza que sufrirían. La cuestión es el cómo: cómo crear un mecanismo de denuncia; cómo marcar los límites de lo que es un secreto trucho, inventado para cubrir negociados, y lo que es un legítimo secreto de Estado; cómo hacer que una denuncia no sea el fin del empleo. Para averiguarlo, Página/12 consultó a un experto.
Tom Devine es director legal de una institución independiente basada en Washington, el Government Accountability Project, que se dedica a apoyar a los �informantes�, los funcionarios que ven delitos, infracciones y corruptelas y deciden denunciarlos. Lo que hacen Devine y su equipo no es fácil, ni en Estados Unidos ni en ningún otro país, porque sus clientes son vistos por sus colegas y por el Estado como delatores y soplones. Devolviendo la cortesía, el ente no acepta dinero del Estado para evitar conflictos de interés. El 60 por ciento de sus ingresos proviene de donaciones de fundaciones, el resto de los honorarios de sus clientes.
Curiosamente, los miembros del Project no dan abasto y en los 12 años desde que se sancionó la ley ayudaron a centenares de informantes. Devine, que es autor de un manual, �La guía de supervivencia del informante: cómo tener coraje sin ser un mártir�, contó a Página/12 cómo se protege a �esta gente tan, tan honesta� y qué opina de un proyecto similar que circula en Argentina, presentado por el ex senador y ahora secretario de Agricultura y Ganadería, Antonio Berhongaray.
Para este abogado, la clave de la cuestión ni siquiera es la honestidad o la corrupción, sino el derecho a la libre expresión de los ciudadanos: �Un informante es un empleado que lo usa para desafiar a los que traicionan la confianza pública. Son defensores del pueblo, gente que se niega a callar lo que ven�. Legalmente, la definición de �informante� está contenida en la ley específica, el Acta de Protección al Informante, que protege a empleados que revelan información sobre �ilegalidades, abuso de autoridad, mala administración, desperdicio grosero o claros peligros a la salud o la seguridad del público. O sea, un informante es alguien que hace una revelación legítima y legal de ese tipo de información�.
Devine no se engaña en cuanto al nivel de santidad de los que acaban denunciando: �Ya vi de todo, no puedo generalizar. Hay algunos informantes que están del lado de los ángeles, otros lo hacen por venganza�. Lo que sí es bastante standard es cómo actúan. Al parecer, el informante es alguien que primero le señala lo que ve a su jefe. Sólo cuando éste no actúa, cuando por desidia o por complicidad tolera la situación, el empleado se transforma en informante, llevando la historia a la prensa, a la Justicia o a una ONG.
Sin embargo, hay límites marcados por la necesidad de mantener ciertos secretos. �Si un empleado revela una información que está legítimamente clasificada como secreta, por una cuestión de seguridad nacional �explica Devine�, el Acta no lo protege. Por supuesto, esos reglamentos internos que le prohíben a los empleados revelar información no cuentan, no tienen validez. Sólo el Congreso y el presidente pueden limitar los derechos del informante declarando algo secreto por una cuestión de defensa nacional.�
El Acta fue sancionada en 1988, en parte por iniciativa del Project. La historia es curiosa. El Congreso la sancionó por unanimidad, poco antes de terminar sus sesiones de ese año. Pero al entonces presidente Ronald Reagan no le gustó, por lo que aprovechó el receso parlamentario y la vetó. En 1989, ya con George Bush en el poder, el Congreso volvió a aprobarla con enmiendas que la endurecían todavía más. Que pase eso �es rarísimo�, define Devine. �Esta ley realmente cambió la historia legal denuestra nación�. Claro que hay un �pero� llamativo para los argentinos: la ley sólo protege a empleados del Ejecutivo y no de los poderes Judicial y Legislativo.
En esta década larga, Devine y sus abogados defendieron todo tipo de informantes. �Hace cinco años, defendimos al científico encargado del proyecto de la Guerra de las Galaxias, el escudo antimisiles, cuyas revelaciones causaron investigaciones que a su vez convencieron al Congreso de no financiar la siguiente etapa de trabajo. Hemos tenido muchísimos casos de gente haciendo denuncias sobre la seguridad de plantas nucleares, que hicieron que plantas que estaban casi completas pero construidas violando las leyes de seguridad fueran clausuradas o convertidas a propulsión de gas. Usando otra ley muy similar pero que se aplica a la actividad privada, clientes nuestros forzaron a que se haga totalmente a nuevo la limpieza después del accidente nuclear de Three Mile Island, que se estaba haciendo muy mal.�
Hay rubros especialmente propicios a la trampa: �Ya representamos a más de 250 informantes que trabajan en la inspección de alimentos, que ayudaron a evitar muchísimas tragedias. Otro cliente fue el científico encargado de supervisar alimentos animales, que reveló que el 80 por ciento de la leche usada en EE.UU. contenía sustancias ilegales. También ayudamos a informantes que hicieron que se cerraran incineradores que quemaban compuestos tóxicos como dioxina y arsénico al lado de iglesias y escuelas. Otros revelaron mentiras del gobierno respecto de cementerios nucleares: decían que había habido fugas de 20.000 litros de desechos, cuando en realidad sabían que eran 440.000 millones de galones. Ni hablar de policías, ayudamos a muchísimos a revelar abusos de autoridad y de los derechos de minorías�.
El nivel de protección �de �escudo�, como le gusta decir a Devine� es simple. El informante tiene derecho a ser escuchados por un juez y no sólo por su jefe o por funcionarios del Ejecutivo. Si lo despiden, lo que es más que común, puede recuperar su trabajo. �El principio, para empleados del Estado, es que no deben ser perjudicados, que no deben quedar peor que si se hubieran callado.� Lo cual es tan difícil como suena, ya que los funcionarios norteamericanos pueden ser tan hostiles como los argentinos. �Todos los jefes adoran y apoyan esta ley... en abstracto �explica el especialista�, pero nunca conocí a un jefe que esté de acuerdo con las acusaciones en su contra. La reacción automática es tomar revancha, es como un instinto animal de defenderse ante un ataque, contestarlo. Pero eso es matar al mensajero, es algo miope, porque los informantes nos permiten evitar desastres y le dan al jefe información valiosa. Recuerde que los que ven algo incorrecto, van primero al jefe a darle la información. En un ambiente represivo, los que podrían informar se callan, el desastre ocurre y el jefe es culpado públicamente.�
Si bien no es un experto en legislación o política argentinas, Devine sabe que la corrupción es un problema serio. Tiene en su escritorio una traducción del proyecto de ley presentado por Berhongaray, al que le ve puntos altos y puntos bajos. �Me parece muy bien que cubra los tres poderes y hasta a los empleados por contrato�, define. �Y es un buen antecedente para otros países de las Américas�. Pero el proyecto también tiene serios agujeros. �Por ejemplo, no habla de quién tiene la carga de la prueba, si el acusado o el acusador; no dice cuándo el caso lo gana el informante, lo que lo deja expuesto a la venganza de sus jefes; no cubre presiones fuera del lugar de empleo, como amenazas, violencia física o prisión; no existe la posibilidad de reservar la identidad del informante, lo que los pone en peligro; no dice si se pueden desobedecer reglamentos internos que prohíban hablar, ni qué es realmente secreto. Y más grave aun, no contempla el derecho de una persona a no ser forzada a quebrar la ley siendo partícipe de un acto ilegal.�
| Storani y la reunión
El ministro del Interior, Federico Storani, consideró ayer que la reunión entre Fernando de la Rúa y Carlos Menem �ayuda� a encontrar �un canal a la crisis� desatada a partir del escándalo del Senado. �Hay que pensarla en función de algunas leyes fundamentales para la marcha del país. La parálisis del Senado va a impedir que la Argentina, desde ese punto de vista, funcione normalmente y eso conspira también contra la propia tarea del Gobierno�, señaló el ministro del Interior, uno de los participantes de la cumbre que se concretó el viernes en la Casa Rosada. �La crisis que se produjo en el Senado de la Nación se inicia como una crisis política pero en la medida que perdure se va a convertir, como ya se está convirtiendo, en una crisis de tipo institucional�, sostuvo Storani. Y agregó: �La reunión en sí misma creo que fue muy positiva porque abarcó una serie de temas que no se restringió a la crisis en el Senado�. La reunión De la Rúa-Menem se inscribe en el marco de la ronda de diálogo política que encaró el Presidente para buscar una salida a la crisis política por el escándalo de sobornos en la Cámara alta. Y continuará mañana, cuando se reúna con Domingo Cavallo, presidente de Acción por la República. |
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