Por Horacio Verbitsky
 El asesinato del músico y profesor Mariano Witis, que había sido tomado como rehén durante el asalto a un banco de San Isidro, y el tiroteo a otro rehén al día siguiente en el mismo lugar, ratifican el descontrol que ha convertido a la policía provincial en una de las peores amenazas para la seguridad de sus habitantes, como ya había quedado en claro en Ramallo y Los Polvorines. Más sensibles a la agudización de la crisis económicosocial que a los discursos de mano dura y tolerancia cero con el delito del gobernador de Buenos Aires, Carlos Rückauf, los índices de criminalidad continúan en ascenso. El fracaso de su estrategia de seguridad, que se mide en el simultáneo incremento del número de delitos cometidos y de los casos de gatillo fácil y de torturas a los sospechosos detenidos, ha abierto un peligroso espacio para aventuras neofascistas. Rückauf ha decidido seguir adelante con su pedagogía del plomo. Pero luego de casi un año de gobierno, la persistencia en esa doctrina brutal desborda los límites de la seguridad y se proyecta como una amenaza política, sobre la provincia y más allá de ella. En tal clima de descomposición, el ministro de Seguridad encabeza puebladas en contra de aquellos políticos y medios de prensa que intentan ejercer alguna suerte de control sobre el desempeño de la mayor organización armada del país y en respaldo de policías acusados por graves delitos. Su colega de Justicia azuza el repudio social contra los jueces que se atienen a los derechos y garantías que la Constitución y las leyes establecen para los sospechosos o culpables de violarlas, y el Procurador General de la provincia busca neutralizar a los funcionarios judiciales que no transigen con la brutalidad policial contra las personas detenidas. La desazón general por la falta de horizontes, que se coagula en el fácil latiguillo de la inseguridad, unida al mensaje autoritario del gobierno bonaerense, brinda algún sustento social al discurso y la práctica de la prepotencia armada y arrastra incluso a algunos intendentes radicales y justicialistas. Al mismo tiempo que el escándalo de la venta de leyes en el Congreso Nacional profundiza el descrédito del sistema representativo, una senadora radical bonaerense llegó a elaborar un proyecto que contempla funciones de seguridad para las Fuerzas Armadas, que la ley prohíbe. Ellas deberían encargarse de salvar a la juventud de la droga y la delincuencia, de educarla, atender su salud e inculcarle valores patrióticos. Para ese rol comenzaron a prepararse las tropas en Córdoba durante dos semanas, junto con militares de Estados Unidos y de otros seis países, que ingresaron a la Argentina sin la autorización constitucional del Congreso. La simultaneidad de estos fenómenos revela la extrema tensión a que está sometida la democracia en la Argentina y la clase de riesgos que ensombrecen su futuro.
La Tierra Prometida
La semana pasada la policía instigó un acto en el teatro municipal de San Nicolás en apoyo del jefe de la Departamental Paraná, comisario inspector José Aurelio Ferrari. El diputado radical Tomás Zuelgaray y un grupo de colegas de la Alianza habían solicitado al Poder Ejecutivo que pasara a disponibilidad y sometiera a sumario a Ferrari, por haber agasajado como un héroe al cabo Alberto Castillo, procesado como encubridor de la masacre de Ramallo, en la que fueron abatidos dos rehenes y ahorcado en su celda uno de los ladrones para impedir que hablara. Aunque la responsabilidad por los actos de la policía es provincial, el ministro Ramón Verón impulsó a un grupo de intendentes y fuerzas vecinales a municipalizar el respaldo, con el asombroso pretexto de �fortalecer la democracia�. Con un lenguaje indisimuladamente mesiánico, un supuesto �allegado al ministro� dijo al diario El Norte que �para Verón, San Nicolás es la Tierra Prometida. El sueña con que en todas las ciudades de la provincia la gente se interese tanto por la seguridad y vigile los pasos de la policía�. Durante una conferencia de prensa, Verón expuso su proyecto: �Que en toda la provincia se dé la misma respuesta que se le ha dado a Ferrari�. Dice un abogado nicoleño que asistió al acto: �Ojalá detrás de Ferrari se estuviera incubando un nuevo Patti. En realidad, es expresión de un proyecto mucho más vasto y ambicioso, que de la provincia se proyecta a la Nación y traspasa las fronteras partidarias�.
�¿Podría haber alguna connotación política en esta actitud de los comisarios? �preguntó el diario El Norte.
�Me preocupa que desde una institución que debe dedicarse a combatir el delito se esté haciendo proselitismo político. Y no sé dónde va a desembocar. Temo por esta democracia que tanto ha costado al conjunto de la ciudadanía �respondió el diputado Zuelgaray.
La pueblada
Junto a Verón estuvieron los intendentes de Capitán Sarmiento (el justicialista Oscar Ostoich), y de San Pedro (el radical Mario Barbieri), y los secretarios de gobierno de San Nicolás (José María Bertossi, radical) y de Baradero (el justicialista Julio Bernatzky). En cambio no hubo representantes de los municipios de Arrecifes y Ramallo, gobernados por intendentes radicales. Además participaron de la pueblada los senadores justicialistas Adriana Coirini y Horacio Román. Presidente de la comisión de seguridad del Senado, Román es un hombre clave de esta avanzada, como se verá a lo largo de esta nota. �Tengan cuidado los políticos, porque la gente va a perder la paciencia�, arengó Hugo Miranda, el hombre fuerte del foro de seguridad de San Nicolás, un ex peronista devenido radical en el momento oportuno. El tránsfuga también dijo que algunos legisladores escuchaban las voces de los delincuentes y advirtió al diputado Zuelgaray que �la gente va perdiendo la paciencia�. Zuelgaray denunció a Miranda por amenazas. Los foros vecinales de seguridad no se caracterizan por su coherencia. O sí, según se mire: fueron ruidoso sostén primero del ex jefe Daniel Mendizábal y luego de Ferrari, que denunció a su antecesor por corrupción.
Al llegar, Ferrari lanzó una serie de operativos contra el juego clandestino y la prostitución que le granjearon el apoyo de las fuerzas vivas del lugar. Junto con los jefes de las comisarías de San Nicolás, comisario César Gatti y subcomisarios Carlos Cacho y Alcides Cáceres, inició una tarea de captación de voluntades, que incluyó visitas a los programas de las radios locales. En una de ellas puso en evidencia su asombroso desconocimiento de las leyes.
�Pero la prostitución no está prohibida �objetó el periodista de LT24 Marcelo Levatti.
�La prostitución sí está prohibida. Está prohibido cobrar por tener sexo �replicó Ferrari.
Ningún artículo del Código Penal dice tal cosa. Para Ferrari, en cambio, son legítimos los encuentros �en un boliche�. Al menos en el reportaje emitido en abril ni siquiera consideró la posibilidad de que tales encuentros pudieran promover o favorecer la prostitución, esos sí delitos tipificados en los artículos 125 y 126 del Código Penal. La acción que reivindicó se concentra en las putas pobres callejeras. �Si no llegamos a una condena de la prostituta en la calle por los juzgados correccionales, que significa arresto de 30 o 60 días, no vamos a lograr combatirla nunca. Porque usted la tiene presa y al día siguiente sale en libertad. En el Gran Buenos Aires la tienen cuatro días, eso le duele más� �explicó. Gatti, quien ha sido denunciado en varias causas, se especializa en detener a jóvenes que andan de noche por las calles. �Dice que quiere que le tengan miedo�, afirma otro ciudadano nicoleño.
La paradoja
Según datos oficiales del Ministerio Público Fiscal, los hechos delictivos lejos de disminuir se incrementaron desde la asunción de Ferrari: de 1.493 durante el último semestre de la gestión de su predecesor a 1.657 en el primer semestre del comisario designado por Aldo Rico y confirmado por Verón. Los robos y hurtos saltaron de 945 a 988 y los diversos tipos de apremios y abusos policiales de 15 a 28, con una marcada tendencia en ascenso. En todo 1999 hubo 22 denuncias de apremios, contra 35 en los primeros ocho meses de 2000. Esto implica que el promedio pasó de 1,8 a 4,3 casos mensuales. El secretario de gobierno Bertossi no pudo ignorar estos duros datos, pero durante el acto los interpretó a su manera: �Puede ocurrir la paradoja de que no hayan disminuido los índices y que todos estemos conformes. Es que desde el ministerio se ordenan las cosas y en San Nicolás la gente va a una comisaría y la atienden como corresponde�.
El canal local de televisión entrevistó al comisario Ferrari, que aguardaba en su despacho el desarrollo del acto en el teatro. Un grupo de personas se acercó hasta la jefatura para saludarlo. Mientras el policía era abrazado por las señoras, un hombre gritó: �Políticos corruptos, ladrones, queremos los nombres de los que hicieron la nota�. Se refería al artículo publicado en este diario, que dio origen al pedido de pase a disponibilidad de Ferrari. Un cartel proclamaba: �Ferrari y Castillo. San Nicolás los apoya. Abajo diputados. Abajo Página/12. Basura�. Ferrari dijo: �Soy un bien nacido y no los voy a abandonar�. Lagrimeó y el movilero del canal informó que se había quebrado. Se repuso e insistió en su defensa del cabo que escondió en un patrullero el bolso en el que los ladrones del Banco Nación de Ramallo llevaban las armas y el equipo de comunicación que habían usado para mantener un contacto clandestino con los policías que los cercaban: �A aquellos de mi gente que son inocentes no los voy a entregar aunque me maten, porque son mis hijos�, agregó. En la conferencia de prensa, Verón valoró su actitud en defensa de Castillo: �Está contemplada en los reglamentos. El jefe departamental tiene derecho a defender a un hombre si cree que es inocente�. Con tan explícito respaldo institucional, Ferrari levantó la apuesta. Al día siguiente, durante una movilización de taxistas y colectiveros que hicieron explotar bombas de estruendo frente a la Municipalidad y arrojaron huevos sobre el Concejo Deliberante, el jefe policial se acercó a saludarlos. �Quiero que se comporten bien y sé que no me van a fallar�, dijo entre vítores de los manifestantes. �Somos el ejemplo de nuestros hijos. Y yo creo que los argentinos no queremos más tener hijos desaparecidos�, añadió.
Los salvadores de la Patria
Con pocas horas de diferencia, se presentó en el Senado bonaerense un proyecto de ley que atribuye a las Fuerzas Armadas el cuidado de la educación y la salud de los adolescentes, su alimentación, capacitación deportiva y laboral y su formación nacional y patriótica. El impactante texto firmado por la senadora radical Cristina Azcueta crearía un denominado Servicio Cívico Militar Voluntario (SCMV), financiado con una partida especial del presupuesto bonaerense e implicaría un convenio entre la Nación y la Provincia. Su objeto son los jóvenes de 15 años que no estudien ni tengan empleo permanente y su altruista motivación es �evitar que ingresen al delito� ya que �es más útil, barato y eficiente para el desarrollo humano�, poner en marcha políticas preventivas que represivas. De este modo sería posible �sacar a los jóvenes de la calle, prevenir el flagelo de la droga, erradicar la de-
lincuencia infanto-juvenil�. También llevaría �disciplina a la vida del alumno/postulante, brindándole normas básicas en cuanto al ordenamiento personal, aseo, presentación, respeto a las normas de convivencia, respeto por el prójimo y por su propia persona�. A los candidatos, �de sectores sociales en riesgo�, se les aplicarán vacunas, se les revisará la dentadura y se les dará de comer. La currícula del Servicio Cívico Militar Voluntario �se orientará a internalizar los conceptos de Patria y Nación� y al mismo tiempo se enseñarán computación e idiomas y se practicarán deportes. Como conclusión propone �crear una nueva fuerza mixta, de formación militar con tareas policiales, para la prevención y represión del delito�.
Colegas de la senadora Azcueta en la Legislatura dijeron que el proyecto había surgido de un diálogo de su autora con el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, pero ella lo negó: �Se lo hice llegar una vez presentado y hasta ahora no he recibido ninguna respuesta�, dijo a este diario. Autora de diversos proyectos sobre minoridad, explicó que su propósito era dar contención social a los chicos y aprovechar capacidades ociosas del Estado. �También pensé en dar una función social a las Fuerzas Armadas, para que no se sientan inútiles�, agregó. El candor de su explicación es lo más inquietante. Basta escucharla por unos minutos para advertir su completa buena fe, sólo comparable con su desconocimiento de las cuestiones básicas de la seguridad y la defensa y del propio ordenamiento legal argentino, que separa de modo tajante una de otra. Si las Fuerzas Armadas se dedicaran a estas tareas, que corresponden a otros organismos del Estado como los ministerios de Salud, Acción Social, Educación y Seguridad, sería necesario crear otro cuerpo armado para proveer la defensa común del Preámbulo constitucional. En cambio, es difícil atribuir la misma ingenuidad al senador justicialista Horacio Román, la figura más destacada del lobby que resistió la reforma policial y ahora sostiene la contrarreforma, quien se apresuró a suscribir el proyecto de Azcueta.
Este diario consultó la opinión del presidente del Comité provincia de la UCR, el senador nacional Leopoldo Moreau, quien no conocía el proyecto. Al escuchar sus características solicitó una copia, coincidió en la crítica y citó a su autora. Luego de una reunión mantenida el martes en el Senado, la senadora Azcueta anunció que retiraría el proyecto, trámite que informó a este diario haber puesto en ejecución ese mismo día. La rápida y precisa respuesta de Moreau y la disposición de Azcueta de volver sobre sus pasos son los elementos más confortantes del ingrato episodio, revelador de tendencias subyacentes en la sociedad, cuyo estímulo procuran líderes autoritarios e irresponsables como el gobernador Rückauf.
Democracia o totalitarismo
El senador Román es también el autor de una solicitud de juicio político contra los jueces Cecilia Vázquez y Raúl Borrino, de la Cámara de Apelación y Garantía de San Isidro, por haber autorizado las salidas laborales del condenado Alejandro Puccio. Tanto la jueza Andrea Pagliani como la Cámara le negaron el régimen abierto de cumplimiento de pena. Pero la Cámara aprobó las salidas laborales transitorias contempladas en el artículo 146 del Código de Ejecución Penal, en cuyo régimen semiabierto ya estaba encuadrado Puccio. La autorización fue firmada en julio, pero el Procurador General Matías De la Cruz y el ministro de Justicia Jorge Osvaldo Casanovas resolvieron servirse de ella cuando el caso llegó a la prensa, dos meses más tarde. El ministro recurrió a Román, su viejo conocido de los tiempos de Morón, quien presentó el alevoso pedido de enjuiciamiento contra los camaristas, un atropello a normas elementales del estado de derecho. �Lo que más me preocupa es el mensaje de impunidad que se está dando�, dijo Casanovas luego de recibir a los familiares de las víctimas de los secuestros extorsivos y homicidios cometidos por Puccio y los suyos, y los instigó a llevar su reclamo al despacho presidencial. De este modo reforzó su presión sobre la Legislatura para que aprobara su enmienda a la ley de ejecución penal, de modo que los autores de ciertos delitos especialmente odiosos, como los cometidos por Puccio, no pudieran gozar de salidas transitorias.
�¿Cómo va a ser un mensaje de impunidad el cumplimiento de una pena? Puccio no sale libre, continúa pagando por el crimen que se le probó, en una de las tantas etapas previstas para la ejecución penal, la de una salida temporal para que trabaje. Mensaje de impunidad es el que tienen los policías de la provincia�, refutó Raúl Zaffaroni. Además, la aplicación del régimen de ejecución de la pena según el delito cometido tiene alta probabilidad de atraer una declaración de inconstitucionalidad. Nada de eso preocupa a quienes se proponen demoler las garantías que distinguen la persecución penal de la venganza arbitraria e ilimitada o, dicho en términos políticos, la democracia del totalitarismo. Las consecuencias de esa política volvieron a sentirse el jueves y el viernes, en los tiroteos de San Isidro.
Cabañas López
Por H.V.
Un pedido de informes del diputado del Frepaso Ramón Torres Molina y una cuestión de privilegio del senador del PJ Jorge Yoma pusieron de manifiesto la grosera violación constitucional que permitió el ingreso al país de medio millar de boinas verdes de Estados Unidos y tropas de seis países sudamericanos para un ejercicio preparatorio del Plan Colombia, sin la autorización del Congreso. El artículo 75, inciso 28 de la Constitución afirma que corresponde al Congreso �permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él�.
No es que el gobierno nacional ignorara esa facultad. Por el contrario, en abril envió al Congreso el pedido de autorización para el ingreso de las tropas de Estados Unidos, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Chile que participarían en el ejercicio Cabañas 2000, basado en lo que el mensaje del presidente Fernando de la Rúa describió como �una operación de mantenimiento de la paz de la ONU�. La descripción oficial del ejercicio refiere un conflicto entre la hipotética República islámica de Sudistán y la escindida Federación cristiana libre de Sudistán, en el que también participan las guerrillas que controlan parte del territorio. Para adormecer cualquier conciencia crítica, el informe oficial sostiene que el objetivo es entrenar a las tropas para mediar entre las partes sin emplear la fuerza, �controlar el respeto de los derechos humanos y organizar la ayuda humanitaria�. Sin embargo, afirma Torres Molina, �del ejercicio combinado no participan tropas de Brasil ni de Venezuela, países éstos que han tenido una clara posición en contra de la intervención norteamericana en Colombia�, donde cualquier preocupación por los derechos humanos fue subordinada a las definiciones de lo que Estados Unidos denomina su seguridad nacional.
El Senado aprobó la solicitud en julio y la remitió a la Cámara de Diputados, donde obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero el pedido estaba a consideración de la Comisión de Defensa antes de pasar a su tratamiento en el recinto, cuando las tropas ingresaron al país y comenzaron el ejercicio, en las instalaciones del Ejército en Córdoba. Asistieron el embajador de Estados Unidos en la OEA, Luis Lauredo, el ministro de Defensa Ricardo López Murphy y los jefes de Estado Mayor Conjunto y del Ejército, generales Juan Carlos Mugnolo y Ricardo Brinzoni.
Al plantear su cuestión de privilegio, Yoma recordó que la última vez que ingresaron tropas extranjeras fue entre el 12 y el 19 de octubre de 1996, para el Operativo Cruz del Sur, conjunto con Brasil, que se realizó en Monte Caseros. El Poder Ejecutivo pidió la autorización el 2 de octubre y el mismo día ambas cámaras del Congreso la concedieron. Esta vez pasará lo mismo que con el envío de dos fragatas a la guerra del golfo, en 1990: el Congreso convalidó la salida cuando las tropas ya estaban en el teatro de operaciones. La autorización para el ingreso fue incluida en el orden del día de la Cámara de Diputados del próximo miércoles 27. El ejercicio concluyó el miércoles 20.
El desprecio del Poder Ejecutivo por la legalidad agrava la insensatez de involucrar al país en la escalada colombiana, con el pretexto de la persecución de los vendedores de sustancias narcóticas de uso prohibido por las autoridades sanitarias. Un país que como la Argentina conoció el horror del involucramiento castrense en tareas policiales debería prevenirse contra su repetición, cuando todavía es tiempo.
De la Rúa y Menem hablaron el viernes sobre el relevo de Pedro
Pou de la presidencia del Banco Central. Su reemplazante sería Ló-pez Murphy, que de eso entiende. Al fin una buena noticia.
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