Por Cledis Candelaresi
 Siemens empezó con el dedo izquierdo: la policía descubrió que varios de los primeros 5000 DNI que la empresa produjo no tenían la huella del pulgar derecho, como manda el reglamento, sino que mostraban la huella del izquierdo. El inexplicable error hizo que el Registro Nacional de las Personas retomara la función de emitir los documentos, con lo que el contrato de Siemens IT Service SA para imprimirlos, informatizar los pasos fronterizos y confeccionar los padrones quedó suspendido apenas comenzó. Al margen de las presuntas debilidades técnicas del proyecto que contrató Carlos Menem, el gobierno de Fernando de la Rúa juzga excesivamente elevado su costo, tanto para los ciudadanos como para el Estado, que debería aportar más de 700 millones de pesos en los próximos doce años para sostener al sistema privado. Todavía no hay un criterio oficial unánime acerca de cómo eludir esta carga, que el Ministerio del Interior intenta aminorar vía negociación.
Federico Storani presentará en las próximas horas una propuesta al grupo adjudicatario para abaratar el contrato, evitando que el Gobierno pueda ser acusado de vulnerar la seguridad jurídica al cambiar unilateralmente las reglas de juego.
Aunque la licitación fue realizada mucho antes, recién el 27 de noviembre del año pasado el Estado firmó con Siemens un acta de acuerdo para poner en funcionamiento el contrato a partir del 31 de enero de 2000. Pocas semanas después, el Registro Nacional de las Personas produjo un informe lapidario acerca del sistema que Siemens y sus socios habían montado para desarrollar una base de datos de identidad e imprimir los documentos. �Los sistemas informáticos tienen serios problemas de performance... la contratista no está en condiciones de cumplir con los niveles de producción�, fueron algunas críticas despachadas por el organismo a cargo del ex diputado Gastón Ortiz Maldonado.
Lo que definió la suspensión del contrato fue la fallida impresión de una partida de DNI para extranjeros, cuyas huellas eran captadas en un centro oficial ubicado en la calle Piedras de la Capital Federal. La inversión de las huellas fue descubierta por la Policía Federal, que controló algunas de las libretas, inservibles para cualquier trámite. El Registro consideró inadmisible el error, que el propio sistema debería haber subsanado, y suspendió el contrato.
En rigor, parte de las debilidades operativas se explican por la necesidad de que el propio Estado adecue los medios y dotación del Registro y de los registros civiles, donde se realizan varios de los pasos que van al sistema privado. El RNP dispone de un presupuesto de 48 millones de pesos, que Economía prevé reducir a 31 millones para el 2001. Los recursos actuales incluyeron la capacitación del personal para el scaneo de huellas digitales, que ahora se captan manualmente.
Lo que encendió una luz de alerta en el Registro y en el Ministerio de Economía fue el compromiso contractual asumido por el Tesoro de aportar 65 millones de pesos por año para adecuar la estructura pública al sistema privado, monto que el Ministerio del Interior está intentando reducir vía negociación. Ni la cartera económica ni la política ignoran que es imprescindible inyectar fondos para evitar, por ejemplo, que algunas oficinas públicas fronterizas sigan careciendo de algo tan elemental como la provisión de luz. Pero la suma, que llega a 720 millones en los 12 años comprometidos, les resultó excesiva.
Algo semejante ocurre con los 30 pesos �incluido el envío a domicilio por Correo Argentino� que Siemens pretende cobrar por cada DNI, contra 15 que cobra hoy el Estado, 25 por un duplicado. También se objeta la suba de 50 a 90 pesos de la tarifa de trámites migratorios y que la confección de padrones suba un ciento por ciento. También molesta la exigua cantidad de DNI gratuitos que proveerá el consorcio, 75 mil por año contra el millón que provee el RNP. Finalmente, una cláusula de redacción ambigua le habría garantizado al consorcio la producción de 24 millones de DNI en seis años,compromiso que habilitaría a la empresa a exigir eventualmente una compensación si imprime menos.
Los diputados aliancistas Darío Alessandro y Juan Pablo Cafiero denunciaron el contrato ante la Justicia antes de que la Alianza llegara a la Rosada. En su presentación sostuvieron que no correspondía cargar sobre el costo del DNI parte del precio de la informatización de Migraciones y parte del de la impresión de padrones. Storani, de quien dependen las áreas involucradas en el contrato, eligió renegociarlo con miras a abaratar costos. A pesar de este esfuerzo, difícilmente el DNI se ubique en los 18 pesos que fuentes del Registro estiman como �un precio razonable�. Así, mientras Interior jugará en las próximas horas una nueva carta para hacer más digerible el acuerdo con Siemens, en la órbita de Ortiz Maldonado se asegura que el Estado está en perfectas condiciones de cumplir por sí mismo con estas obligaciones, incluyendo la renovación tecnológica del vetusto sistema público. El último criterio oficial será palabra de Fernando de la Rúa.
INTERIOR HARA UNA CONTRAPROPUESTA
Unas horas para negociar
Por C. C.
El Ministerio del Interior, responsable en última instancia de los documentos nacionales de identidad, está empeñado en negociar con el grupo que encabeza Siemens una baja de costos de servicios que, a su juicio, no son objetables desde el punto de vista técnico. Con esta idea, el subsecretario de Interior, César Martucci, elaboró una propuesta que prefiere mantener en reserva unas horas más. En diálogo con Página/12 descartó cualquier medida unilateral, ya que, a su juicio, el Estado no podría rescindir sin costo. Este es un fragmento del diálogo con el colaborador de Federico Storani.
�Le estamos proponiendo una reformulación del contrato. Pero la decisión del Estado es respetar un acuerdo que ya existe. Lo que sucede es que, en términos reales, este contrato no puede aplicarse porque ni la empresa ni el Estado están en condiciones de cumplirlos a pie juntillas.
�El contrato ahora está suspendido...
�No totalmente. En Migraciones el consorcio está trabajando con normalidad. Sí está suspendido en el área de producción de los DNI.
�Hay un informe muy crítico del Registro acerca de la incapacidad técnica del grupo para cumplir con los servicios comprometidos.
�Es que hay lugares, a cargo del Estado, que tienen que adaptarse a las exigencias del sistema. Hay puestos de frontera que ni siquiera tienen luz: así es muy difícil pensar en informatizarlos. Pero las fallas técnicas imputables a Siemens son menores.
�¿El grupo ya realizó una inversión constatable?
�Sí. Invirtió entre 120 y 140 millones de pesos. Este monto incluye el pago de algunos alquileres y servicios de seguridad contratados. Pero todas las dificultades que surgen del contrato son subsanables. Nuestro objetivo es abaratar el servicio, no rescindirlo.
�También hay comprometido un aporte estatal muy alto...
�Ese aporte va a bajar. No le puedo dar precisiones antes de que le presentemos nuestra propuesta a la empresa. Pero va a bajar.
�¿No cree que el Estado podría realizar la impresión de los DNI?
�Pero los DNI no son lo fundamental. Lo principal es la base de datos que va a crear el sistema y que podrá ser utilizada por otras instancias del Estado, por ejemplo, la Anses. El Registro tal como está es obsoleto y caro. Y la inversión que ya hizo Siemens, el Estado no podría haberla hecho. Equivale, por ejemplo, a todos los Planes Trabajar de un año.
�¿Cree que podría producirse el DNI por 18 pesos?
�Lo que sucede es que el precio del DNI incluye un valor para sostener otros servicios, como el de Migraciones o padrones. Nuestra propuesta a la empresa estará fundada sobre este criterio. Pero cuando exista una base de datos única, se podrá ahorrar en todos los rubros.
�¿El Estado no podría rescindir el contrato sin costo?
�No. No hay ningún incumplimiento de la empresa que permita anularlo sin costo.
| La Defensoría cuestiona el contrato
Por C.C.
La Defensoría del Pueblo de la Nación envió el viernes al jefe de Gabinete un duro pronunciamiento acerca del contrato para la producción de los DNI. El organismo a cargo del justicialista Eduardo Mondino sugiere que el Estado está en condiciones de rescindir sin costo y advierte que cualquier renegociación podría configurar una adjudicación directa. �No hay culpa del Estado, sino falta grave de Siemens�, explicó ante este diario Norma Bebilacua, la defensora adjunta que redactó el dictamen.
Junto al Renaper y al Ministerio de Economía, la defensoría surge como una de las instituciones públicas más cuestionadoras del proyecto. A través del secretario de Hacienda, Mario Vicens, el Palacio de Hacienda advirtió acerca del imposible esfuerzo fiscal que el acuerdo celebrado con Siemens requiere del Tesoro. Mientras que el Registro formuló una serie de duras críticas que los defensores reproducen en su primera parte del informe enviado a Terragno.
Según este texto, �la suspensión de la prestación a cargo del concesionario por su culpa genera una situación de irregularidad�... �generada en una falta de incapacidad técnica de Siemens para prestar el servicio, a lo que debe agregarse la inviabilidad del precio para la mayoría de los ciudadanos y para el fisco�... �El precio resulta excesivo y sin justificación, por lo tanto confiscatorio e incausado�, rezan algunos fragmentos del texto en los que la defensoría formula su propio juicio acerca del contrato.
En otros párrafos, advierte que �si las autoridades del Ministerio del Interior han explicado que el precio del DNI en sí no debería superar los 5 o 6 pesos y que sólo las prestaciones adicionales obligaban al ciudadano a pagar 30 pesos por DNI, no debería el Estado avanzar en la renegociación del contrato sin por lo menos revisar in totum loas términos del negocio�. La defensoría también advierte que el Ministerio del Interior se excedió en los plazos legales para expedirse sobre las fallas advertidas, entre otros, por el Registro, y considera que el tema en juego es de �gravedad institucional�. �Técnicamente el contrato está caído. El objeto se frustró desde el momento en el que el Renaper no le aprueba el modelo operacional�, opina Bebilacua.
�¿El Estado no debe renegociar?
�Nosotros decimos que, si lo hace, debe garantizar que el precio sea razonable y no encubra impuestos, como un costo adicional para financiar el servicio de Migraciones o la confección de padrones electorales. Pero hay faltas imputables a Siemens, a la que se le podría aplicar la penalidad más grave: la rescición.
�¿Cree que hubo corrupción en la firma de un contrato supuestamente tan desventajoso para el Estado y los ciudadanos?
�Eso es una reducción del problema. Fue una contratación típica de (Carlos) Menem, que garantizaba beneficio a la empresa. La corrupción está en las irregularidades cometidas en la contratación con los particulares a quienes se les permite amortizar la inversión en muy corto plazo. Lo otro... es cuestión de pruebas. Digamos que estamos ante un contrato que poco se diferencia del de Aerolíneas o de los peajes. |
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