FUNCIONARIOS Y LEGISLADORES RESPONDEN UNA ENCUESTA SOBRE EL ABORTO 
El quiebre de un tabú

El 70 por ciento está a favor de despenalizar el aborto por violación o si hay riesgo físico para la mujer. Pero, al mismo tiempo, la mayoría está en desacuerdo con legalizarlo en forma independiente de las causas. Por primera vez, funcionarios, legisladores y gobernadores respondieron una encuesta sobre la desincriminación del aborto. Otro sondeo muestra una radiografía del aborto en el área metropolitana: la opinión de la gente y las prácticas concretas.

En el debate sobre la Ley porteña de Salud Reproductiva se coló el tema del aborto, pese a que no era materia de discusión del proyecto.

 Casi el 70 por ciento de los senadores, diputados, miembros del gabinete nacional y de gobiernos provinciales que accedieron a responder una encuesta sobre el aborto manifestó estar de acuerdo con la despenalización en casos de violación y cuando existe riesgo para la salud física de la mujer. En cambio, si el riesgo es psíquico, sólo la mitad se mostró partidario de la desincriminación del aborto. Entre los que expresaron estar �muy de acuerdo� con la despenalización �independientemente de las causas� se destaca el ministro del Interior, Federico Storani; los asesores que respondieron en nombre del titular de Salud, Héctor Lombardo; y los que lo hicieron por el ahora ex ministro de Educación, Juan Llach, además del diputado justicialista Ramón Rodríguez Saá. En las antípodas, el senador radical Leopoldo Moreau mostró la posición más dura: dijo estar �en desacuerdo� con la desincriminación del aborto en cualquier situación.
El relevamiento fue realizado por la consultora Analogías, entre mayo y agosto, a pedido del Instituto Social y Político de la Mujer (ISPM). Se les preguntó a los encuestados su grado de acuerdo con la despenalización del aborto en distintas situaciones. Siete de cada diez apoyó la desincriminación en casos de violación: un 42 por ciento dijo estar �muy de acuerdo� y un 25 por ciento �de acuerdo� con esa medida. De los seis escenarios planteados, ésta fue la opción que más adeptos reunió, entre otros el ministro Storani, los senadores Pedro Del Piero (Frepaso), Leopoldo Bravo (bloquista de San Juan), Horacio Usandizaga (UCR), José Remo Costanzo (PJ), Emilio Cantarero (PJ), Augusto Alasino (PJ) y los diputados Alfredo Neme, Rafael Romá (PJ), Ramón Rodríguez Saá (PJ), Irma Parentela (Frepaso) y Marcelo Bordenave (Frepaso).
La desincriminación del aborto cuando existe un riesgo para la salud física de la mujer recibió la aprobación del 67 por ciento de los políticos que respondieron. En cambio, el porcentaje de acuerdo bajó al 57 por ciento en casos en que exista riesgo fetal. La mitad avaló la despenalización cuando esté en juego la salud psíquica de la mujer y sólo un 20 por ciento si se alegan dificultades económicas. Sin embargo, uno de cada cuatro aceptó la desincriminación de la interrupción voluntaria del embarazo �independientemente de las causas�. Apoyaron esta alternativa Storani, los asesores que respondieron en nombre de los ministros Lombardo y Llach (que renunció el viernes pasado), los diputado Neme, Rodríguez Saá y Bordenave, entre otros consultados. 
Las preguntas a los políticos fueron incluidas en una encuesta sobre violencia hacia las mujeres. Si bien el cuestionario fue remitido a la totalidad de los diputados (257), senadores (69), gobernadores (23) y a cinco ministros vinculados con la temática (Educación, Desarrollo Social, Justicia, Interior y Salud), sólo contestó el 17 por ciento. Según aclaró María José Lubertino, titular del ISPM, es el porcentaje de efectividad de relevamientos a líderes de opinión y funcionarios públicos. Un grupo de legisladores prefirió eludir el tema. Marcaron con una cruz el casillero �no sabe/no contesta� la senadora justicialista Silvia Sapag, sus pares de bancada Antonio Cafiero y José Remo Costanzo y el diputado Gerardo Martínez, entre otros. Para Lubertino, esta respuesta expresaría más dudas que desinterés por la temática.
�En la Argentina el aborto sigue siendo un tabú�, afirmó Lubertino. Se estima que anualmente se realizan en el país entre 335.000 y 500.000 abortos y que una mujer muere por día debido a la complicaciones que causa abortar en la clandestinidad, en malas condiciones sanitarias. �La falta de políticas en materia de educación sexual y planificación familiar, paralelamente a la negación de un debate sobre la enormidad de abortos clandestinos, son síntomas de una gran hipocresía y de una de las más flagrantes violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Visibilizar esta realidad y buscar soluciones es nuestro compromiso�, apuntó Lubertino. La difusión de los resultados de la encuesta, que se hará el próximo jueves, en coincidencia con el Día Internacional por la Legalización del Aborto, busca abrir el debate en torno de este tema.
�Hubo respuestas que me sorprendieron favorablemente, como las de Usandizaga, Leopoldo Bravo, Rodríguez Saá, legisladores sobre los cuales se desconocía su posición frente al aborto. En cambio, me impactó negativamente la postura de Moreau, a quien considero un político progresista y sin embargo dijo estar �muy en desacuerdo� con cualquier posibilidad de despenalización�, señaló Lubertino. 
Un aspecto llamativo que revela el análisis de las respuestas es la disociación que hacen muchos de los encuestados entre salud física y psíquica de la mujer, en oposición al concepto integrador de salud establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). �Muchos que están muy de acuerdo con la desincriminación cuando hay riesgo físico para la mujer la rechazan cuando se trata de riesgo psíquico�, observó Lubertino. 
Actualmente, el Código Penal establece que el aborto no es punible sólo cuando hay riesgo para la salud de la mujer, o si la gestación fue producto de violación o atentado al pudor de una mujer idiota o demente. En general, la doctrina ha sido restrictiva y los jueces interpretan que el riesgo para la salud de la mujer debe ser mortal, no se contemplan las consecuencias psíquicas de la continuación del embarazo y sólo se tiene en cuenta la vejación sexual si ocurrió sobre una mujer débil mental, aunque muchas veces ni siquiera en esos casos se autoriza la operación.

La teoría y práctica del aborto, según un sondeo

Por M.C.

Ocho de cada diez argentinos piensa que debería permitirse el aborto en algunos o todos los casos. Sólo un 23 por ciento lo rechaza totalmente. La aceptación sin condiciones de esa práctica se profundiza entre la población de nivel económico-social medio y medio alto/alto (52 por ciento), entre los varones (56 por ciento) y entre los más educados (60 por ciento). Los datos surgen de la primera radiografía sobre el aborto en la región metropolitana, realizada por la consultora Graciela Römer y Asociados. El trabajo revela los alcances de la interrupción voluntaria del embarazo: 3,5 por ciento de las mujeres de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires admitió haber recurrido a una operación de este tipo en el último año, lo que equivale a 135.000 abortos anuales, que al proyectarse al total del país llegan a 409.091. Entre las mujeres con mejor posición económica se registran mayor cantidad de abortos por embarazos no deseados. Entre las más pobres, un 20 por ciento recurrió a esa práctica por razones económicas. La posibilidad de realizar la operación en mejores condiciones sanitarias, sin poner en riesgo la vida, está estrechamente vinculada con el nivel de ingresos. Mientras sólo el 20 por ciento de las mujeres de nivel bajo recurrieron a un médico, lo hicieron el 60 por ciento en el nivel medio y el 83 por ciento del medio alto/alto.
Para el relevamiento se tomó una muestra de 600 casos, residentes en el área metropolitana, de 18 a 70 años, que fueron entrevistados en su domicilio, entre el 3 y el 6 de junio.
�El aborto como práctica general es rechazada mayoritariamente por la población (53 por ciento está en contra y 17 por ciento no tiene una posición definida). Sin embargo, el nivel de aceptación crece cuando se plantean situaciones especiales en las que podría caber la posibilidad de realizar un aborto. Así, un 47 por ciento de los que en principio se oponen al aborto o no tienen tomada una posición tiende a aceptarlo cuando está de por medio la vida de la madre, cuando el embarazo es el resultado de una violación o cuando existen malformaciones en el feto�, señala entre sus conclusiones el informe de Graciela Römer y Asociados.
El relevamiento encontró que el 30 por ciento de la gente lo aprueba sin condiciones; el 47 por ciento, en situaciones especiales, y el 23 por ciento lo rechaza totalmente. La oposición es mayor en la población de nivel bajo y medio bajo (53 por ciento), entre los que tienen menor nivel educativo (50 por ciento) y entre los que profesan la religión católica (88 por ciento). 
�Lo que resulta innegable �advierte la consultora� es que la práctica abortiva existe.� Un 9 por ciento de las mujeres residentes en el área metropolitana dijo haberse sometido a un aborto alguna vez en su vida. La mayor frecuencia de esa práctica fue realizada entre los 30 y los 39 años (16 por ciento) y cuanto más alto es el nivel económico social: 7 por ciento en el nivel más bajo, 9 por ciento en el medio bajo, 10 por ciento en el medio y 15 por ciento en el medio alto/alto.
Los motivos que aducen las mujeres que abortaron se distribuyen de la siguiente forma: un 40 por ciento dice que quedó embarazada sin buscarlo; un 15 por ciento no quería tener más hijos; un 24 por ciento manifestó que corría riesgo su vida; un 15 por ciento no quería tener más hijos; un 4 por ciento no podía mantener económicamente al hijo por venir; un 4 por ciento, porque el bebé tenía problemas, y un 13 por ciento no respondió la pregunta. 
�En realidad, un 59 por ciento de las mujeres que se practicó un aborto y argumentó que quedaron embarazadas sin buscarlo o que no quería embarazarse o que no podía mantener otro hijo, podía haberlo evitado utilizando alguno de los métodos anticonceptivos de uso habitual�, indica el trabajo de Graciela Römer y Asociados.
�Un factor importante cuando se trata el tema del aborto es el nivel de mortalidad que implica y que se asocia con el lugar en el que se realiza esta práctica�, destaca el informe. El 63 por ciento de las mujeres entrevistadas hizo el aborto en el consultorio de un médico; un 11 por ciento, en su casa o en la de una partera; el 7 por ciento, en un hospital y un 19 por ciento no respondió la pregunta. �Tener acceso a un profesional médico se asocia con la posibilidad económica, de forma tal que mientras más alto es el nivel económico social mayores son las posibilidades de atenderse con un médico (20 por ciento en el nivel bajo, 60 por ciento en el nivel medio, 83 por ciento en el nivel medio alto/alto). Mientras tanto, un 40 por ciento de las mujeres más pobres se atendió con una partera y otro 40 por ciento no informa sobre el lugar en el que le fue practicado el aborto.
Entre las mujeres con mayor poder adquisitivo es en el que se registran mayores abortos por embarazos no deseados. Entre las de nivel bajo, un 20 por ciento abortó por razones económicas; un 40 por ciento, porque corría riesgo su vida; un 20 por ciento, porque era un embarazo no buscado y un 20 por ciento prefirió no contestar. En los sectores medios bajos y medios los motivos que prevalecen son embarazos no deseados y no querer más hijos.

 

opinion Por María Moreno

Cambios y avance El pronunciamiento de algunos hombres y mujeres que ocupan puestos de primer orden en el gobierno nacional a favor de la despenalización del aborto �independientemente de las causas� indica una situación inédita. Aunque la encuesta realizada por la consultora Analogías sólo consiguió la respuestas del 17 por ciento de los interpelados, esa cifra indica la posibilidad irreversible de un debate sobre el tema, separándolo de su condición histórica de tabú y de su utilización oportunista como chicana electoral. Hace diez años, una medida solicitada a favor de la despenalización del aborto publicada por el desaparecido diario Sur logró la misma proporción de respuestas positivas �junto con gran cantidad de vacilaciones y evasivas�, sólo que entre los que se suponía aliados naturales: los políticos de los partidos de izquierda. Cuando se aprobó la Ley de Salud Reproductiva en la ciudad, la mayor objeción de sus detractores fue que abría las puertas al debate sobre el aborto. Sin embargo, la ley, argumentó eficazmente la defensa, se estableció para que el Estado facilitara a las mujeres los instrumentos científicos y legales para hacer efectiva la autonomía de éstas en cuanto a decidir cuándo tener un hijo, cuántos y en qué momento, precisamente para preservarlas de la opción dramática por la interrupción de un embarazo no deseado. Sin embargo a los enemigos de la despenalización del aborto no se les escapó que el reconocimiento efectivo de esa autonomía podía tener otros alcances en cuanto a una decisión más abarcadora sobre los avatares de la salud reproductiva de las mujeres. Y el hecho de que 1 de cada 4 hombres y mujeres de gobierno se pronunciara a favor de la desincriminación �independien-temente de las causas� lo prueba. Esta encuesta emerge a luz en resonancia con otros acontecimientos sociales, tanto en el plano nacional como internacional que registran hechos puntuales en cuanto a la salud reproductiva: veinte mujeres de Villa Regina, Río Negro, obtuvieron de la Justicia la autorización para hacerse ligar las trompas de Falopio; la Iglesia ha pasado de una objeción absoluta al uso del preservativo a caratular a éste como �mal menor� (según un artículo publicado en L�Observattore Romano, órgano oficial del Vaticano) y en la Argentina ha realizado una autocrítica en cuanto a la participación efectiva de algunos de sus miembros y feligreses en los crímenes de Estado. Es decir, ha reconocido que muchos de sus integrantes han violado �con sus prácticas durante la dictadura militar� su argumento fundamental contra la despenalización del aborto: la vida es sagrada. Es en este contexto que los resultados de la encuesta indican un avance en la lucha por la despenalización del aborto.

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