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Las declaraciones de Carlos “Chacho” Alvarez a Página/12
no cayeron por sorpresa entre la Cámara alta. Al contrario, volvieron
a desencadenar viejos rencores. “Excede su rol y quiere determinar
qué es lo que tienen que hacer los senadores”, se quejó
Eduardo Menem en nombre del bloque del PJ, a quien el vicepresidente acusó
de poner en práctica la “gobernabilidad tarifada”. Los
radicales tampoco se mostraron entusiastas. Al contrario, eligieron la
cautela y el silencio. Esa actitud, claro, tenía su explicación.
El día anterior el líder del Frepaso había afirmado:
“Si ganan los conservadores de la Alianza, los que les dan celulares
a pibes de catorce años para ganar un centro de estudiantes, ahí
está todo perdido”. Ayer, uno de los senadores radicales,
al escuchar esa frase, confesó: “Esos somos nosotros”.
Alvarez, en un reportaje exclusivo a Página/12, denunció
que “en el Senado hay cinismo político” y se quejó
porque los legisladores aún no habían expulsado del cuerpo
al senador Emilio Cantarero (PJ-Salta). “A mí lo que me asombra
es cuán pobre es la ofensiva política para separar a Cantarero
de la Cámara de Senadores. Tendrían que haberlo expulsado
esta semana”, remarcó.
En el reportaje, además, el vicepresidente lanzó una clara
señal sobre los miembros de la Cámara alta: “La primera
demostración de que se quiere romper el sistema (de corrupción)
es expulsar esta semana a Cantarero”, subrayó, entonces, como
si quisiera que los senadores tomaran nota.
Claro que, en el Senado, a muchos no les cayó muy simpático
lo que dijo Alvarez. El justicialista Eduardo Menem, por ejemplo, replicó
en forma airada a Chacho. Primero lo definió como una “vedette
del periodismo que todos los días está lanzando ofensivas
al Poder Judicial y al Legislativo”. Después, criticó
su rol en la crisis por los presuntos sobornos, al cual definió
como “una sobreactuación que realmente no le hace bien a la
democracia”. Además, protestó porque Alvarez “excede
su rol y quiere determinar qué es lo que tienen que hacer los senadores”.
Se refería al caso del senador Cantarero, sobre el cual el vice
muestra un notable interés.
Justamente, la expulsión de ese legislador, denunciado primero
por el diario La Nación de haber cobrado dinero para votar a favor
de la reforma laboral y después por su par Silvia Sapag por presionar
para favorecer la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, aleja
otra vez las posiciones del presidente de la Cámara alta y casi
todos los senadores.
Mientras que Alvarez sostiene que no hay que esperar la resolución
de la Justicia, y que debe haber una sanción política, la
bancada peronista se resiste a bailar el juego del vicepresidente. “Tiene
que presidir el Senado”, se quejó el senador justicialista
Omar Vaquir, porque no puede “elegir un pedazo” del cargo que
ocupa. No obstante, y más allá de la pulseada personal que
mantienen con Alvarez, en el PJ analizaban al posibilidad de que Cantarero
solicitara una prolongada licencia hasta que se produzcan novedades en
la Justicia, según informaron fuentes de la Cámara alta.
Los hombres del radicalismo, en tanto, no quieren más problemas
con Chacho, pero tampoco creen que la expulsión vaya a producirse
esta semana, como quiere el vice, según pudo saber este diario.
El bloque completo de la UCR apoya el proyecto de los senadores Molinari
Romero, Horacio Usandizaga y Mario Losada, quienes solicitaron que se
formara una comisión de tres personas para que analice la conducta
de Cantarero. Según los radicales, ésta es la única
forma de resolver el tema, porque “el reglamento dice que para separar
del cuerpo se debe crear una comisión”. “Así se
hizo con Luque y con Varela Cid”, comentó a este diario un
miembro del bloque.
OPINION
Por Adriana Puiggrós *
San Luis sin Sarmiento
El intento
hegemónico del gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez
Saá, para dividir la capital provincial en 4 municipios
y quitarle la intendencia a la oposición es sólo
una muestra de un modelo político autoritario que pretende
mostrarse como modernizador. Hace 17 años se le ha hecho
costumbre este tipo de práctica abusiva y la educación
no escapa a esta regla. En San Luis se han hecho reformas del
sistema escolar que lo alteran profundamente. Estos cambios han
tenido escasa difusión nacional, aunque la comunidad educativa
de la provincia persiste en un movimiento de repudio a lo que
considera violaciones a los derechos y garantías a la educación
de la Constitución. Las medidas son de enorme importancia,
no solamente por sus efectos locales, sino también porque
son un experimento programado por fundaciones, empresas y grupos
político-técnicos que promueven la aplicación
del fundamentalismo de mercado en la educación nacional.
La situación que afecta a San Luis tiene como objetivo
vencer la resistencia de la comunidad a abandonar la herencia
sarmientina, reducir la educación al mercado, naturalizar
la compra-venta de educación y convertir a esta provincia
en tierra liberada de Sarmiento. Debe entenderse claramente que
no es un incremento o estímulo de las escuelas privadas,
sino los primeros pasos de una privatización del servicio
educativo estatal que pretende extenderse a todo el país.
Es bueno recordar que el sistema escolar argentino, que llegó
a cubrir al conjunto de la población, tuvo como condición
que toda la sociedad aportara a su financiamiento a través
de fondos estatales. Su distribución relativamente equitativa
estuvo cerca de garantizar el derecho universal a la educación,
tanto porque la escuela pública llega a todos los habitantes,
como porque la articulación sistemática de planes
y programas, de calendarios y normas generales, constituyó
la base indispensable para la formación común de
los miembros de una misma sociedad. Sin embargo, el proyecto “Escuelas
2001” que ha puesto en funcionamiento el gobierno de San
Luis contradice el carácter de bien social de la educación.
Este plan se cimienta en la concesión de establecimientos
públicos a asociaciones civiles y fue elaborado a partir
de un convenio firmado entre la fundación Gobierno y Sociedad,
que preside el economista Miguel Angel Broda, y la provincia,
financiado por esta última. En agosto de 1999 el gobierno
puntano abrió una licitación pública de proyectos
para nueve escuelas experimentales, en las cuales el Estado invertiría
100 pesos por alumno, iniciando de ese modo una modalidad netamente
neoliberal, consistente en financiar la demanda individual de
educación, en lugar de solventar un servicio público.
Este año, por medio de la ley 5195/00, se acaba de dar
en San Luis un nuevo paso hacia la reducción de la educación
pública, creando un fondo educativo por cada establecimiento
estatal. Este se formará con las partidas presupuestarias
destinadas al personal, otros aportes distribuidos de acuerdo
con el rendimiento de las escuelas y fondos privados, que serán
administrados por un consejo escolar interno. La resolución
subvierte radicalmente el carácter público del financiamiento
educativo, al cual considera un gasto en lugar de una inversión.
Posibilita la distribución desigual de educación,
a partir de la asignación de recursos en base a criterios
rubro del servicio educativo, “pudiendo (los consejos) realizar
transacciones comerciales, venta de servicios, de espacios publicitarios,
producción del propio establecimiento y utilizar todas
las herramientas lícitas dentro de la sana competencia
para lograr un financiamiento autogestionario” (Decreto Nº
989/000, MCyE. San Luis). La ley establece la libre contratación
de los docentes –que dejan de ser empleados del Estado–
por cada escuela, quedando suspendidas todas las garantías
del derecho laboral. La norma arriesga la continuidad y calidad
de las condiciones del trabajo docente, lo que afecta el proceso
educativo y la gestión institucional. El carácter
democrático de un sistema educativo sigue fundándose
en la distribución del financiamiento en base a pautas
generales que garanticen la igualdad de oportunidades y posibilidades.
* Diputada
nacional por la Alianza-Frepaso.
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