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Estados Unidos pide a sus firmas en el país que denuncien la corrupción
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El Departamento de Estado de los Estados Unidos difundió un manual
oficial que recomienda a los empresarios estadounidenses los pasos a seguir
en caso de detectar actos de corrupción gubernamental. El trabajo,
titulado “Combatiendo a la Corrupción Mundial”, fue difundido
por la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y señala que
“la corrupción es un problema para los negocios internacionales,
el desarrollo de proyectos económicos y las actividades gubernamentales”.
No parece casual que dicho manual aparezca en el momento en el que arrecian
las denuncias por sobornos contra el Senado en relación con la votación
de leyes, como la Reforma Laboral o la ley de Hidrocarburos, que afectan
intereses empresarios. Coincidencias o no, el informe, luego de un repaso
de los efectos negativos del tema sobre la economía, ofrece a modo
de ilustración una foto de un pozo de extracción de petróleo
en plena actividad. En su viaje de despedida por Latinoamérica, realizado un mes atrás, la secretaria de Estado del gobierno de Bill Clinton, Madeleine Albright, mostró su preocupación por la falta de transparencia en los países de la región, situación que complica los negocios de las empresas estadounidenses, las cuales no estuvieron exentas de haber estado involucradas, como el resonante caso de IBM en la adjudicación del contrato de informatización del Banco Nación, en 1994. La preocupación estadounidense por los hechos de corrupción ha pasado al primer plano en las relaciones con la Argentina. Ayer, Página/12 informó sobre los mecanismos que EE.UU. estableció en 1989 para proteger a funcionarios que denuncien actos de corrupción o abuso de poder. Ahora, su embajada difunde recomendaciones para los empresarios privados. “La corrupción tiene un impacto corrosivo en los mercados y en el clima de negocios. Además, deteriora las inversiones extranjeras, perjudica el crecimiento económico y el desarrollo sustentable, distorsiona los precios y mina los sistemas legales y judiciales de los países”, señala el oportuno instructivo estadounidense. El trabajo, elaborado por el Departamento de Estado con la colaboración de las carteras de Comercio, Justicia y del Tesoro, la Oficina de Etica del gobierno y la Agencia para el Desarrollo Internacional, recomienda a los empresarios estadounidenses la política a seguir en caso de verse afectados por la corrupción gubernamental. “Si usted o su empresa ha detectado prácticas corruptas en algún país en particular, se ha encontrado en una situación de desventaja a partir de un soborno perpetrado por un competidor o algún funcionario de gobierno le solicitó un soborno, debe informar a la autoridad económica o comercial en la embajada estadounidense local”, señala el brochure. El Departamento de Estado informa incluso sobre la existencia de una “hot line”, o línea gratuita, y un sitio en Internet para reportar los posibles actos de corrupción. La embajada estadounidense difundió el documento, elaborado en mayo pasado, justo cuando la corrupción aparece en el ojo de la tormenta a partir de las denuncias por presuntas coimas en el Senado argentino. Los Estados Unidos prohibieron en 1977 el pago de sobornos a funcionarios para asegurarse la realización de negocios y se estableció que cualquier compañía que viole la ley de Actos de Corrupción Extranjeras (FCPA) está sujeta a cargos criminales en la Justicia y el pago de fianzas. El documento “Combatiendo a la Corrupción Global” recuerda que la ley estadounidense prohíbe desde 1997 “la oferta, promesa o pagos a funcionarios extranjeros, partidos políticos y candidatos para asegurar negocios”. El documento oficial señala que las compañías estadounidenses que violen la ley de prácticas anticorrupción no sólo pueden afrontar procesos judiciales sino además sufrir serios daños a su reputación y en su capacidad para competir por negocios internacionales. Como contrapartida, la Casa Blanca asegura que desarrollar un programa anticorrupción como parte de las prácticas comerciales de cada compañía limita los riesgos delas empresas, y sus subsidiarias extranjeras, a sufrir actos de corrupción y ayuda a anular costos potenciales. “Una estrategia anticorrupción puede ayudar, incluso, a proteger la reputación de su compañía, minimizar la responsabilidad legal y mantener su viabilidad de largo plazo”, agrega el trabajo del Departamento de Estado, que recomienda además a las empresas difundir en todo el mundo las prácticas anticorrupción de los Estados Unidos.
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