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Por
Adriana Meyer
La pulseada entre el Senado y la Justicia en el escándalo de los
sobornos se empezará a jugar fuera de los Tribunales. El juez federal
Carlos Liporaci pensaba presentarse a las once en el Parlamento con la
intención de encabezar una “inspección ocular”
al despacho del cuestionado senador Emilio Cantarero y a otras dependencias
de la Cámara alta. Pero suspendió la medida hasta que el
Senado vote la autorización que necesita, según la nueva
Ley de Fueros. El magistrado también forcejea con el Poder Ejecutivo.
El director del diario Río Negro, Julio Rajneri, reveló
ayer que el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado
(SIDE), Fernando de Santibañes, le confirmó que hubo una
diferencia de seis millones de pesos en las cuentas de la SIDE (ver aparte).
El jefe de los espías está cada vez más cerca de
ser convocado a dar explicaciones pero no como testigo sino como acusado.
Ese movimiento de fondos ocurrió entre el 12 y 13 de abril, y al
día siguiente el Gobierno anunció que las negociaciones
por la reforma laboral se habían desbloqueado en el Congreso. Rajneri,
ex ministro de Educación radical, ratificó el contenido
del artículo que había publicado el matutino que dirige
el lunes 18 de agosto. Río Negro había revelado que hubo
un “movimiento de fondos” por “algo más de seis
millones de pesos” entre las tres cuentas que la SIDE posee en el
Banco Nación (BNA). Ante la Oficina Anticorrupción (OA),
De Santibañes explicó que esa baja se debió a que
“se agotaron los stocks en efectivo de la cuenta del Tesoro”
y que “recibimos dos millones menos de lo previsto del Ministerio
de Economía”.
Liporaci solicitó al BNA informes sobre los movimientos en todas
las cuentas que la SIDE tiene en esa entidad porque aún no cuenta
con los datos completos. Lo que recibió el viernes son los mismos
documentos que posee la OA y le resultan insuficientes. El encargado de
las finanzas de la SIDE, Juan Gallea había informado sobre la cuenta
737/94 del BNA, que se utiliza para salarios y otros gastos, pero no sobre
la 1581/11 y la 636/87. Cuando declaró como testigo este funcionario
se amparó en el secreto de Estado ante varias preguntas que le
fueron formuladas.
Aunque evaluaba la posibilidad, Liporaci no llegó a pedirle a De
la Rúa el levantamiento del secreto de Estado. El Presidente firmará
hoy un decreto por el cual se le permitirá a la SIDE suministrar,
exclusivamente al juez del caso, la información secreta que reclama
(ver página 6). La iniciativa fue del propio De Santibañes
con el propósito de demostrar que el organismo a su cargo no habría
tenido nada que ver en el supuesto pago de sobornos en el Senado.
Si bien el Gobierno permitirá el acceso a los manejos secretos
del dinero de la SIDE, anticipó que descargará sobre el
juez toda la responsabilidad si trascienden esos datos confidenciales.
Esto no cayó muy bien en el juzgado de Liporaci, donde ya estudian
alternativas para esquivar la carga. Una posibilidad sería la indagatoria
de De Santibañes sobre la que el juez no quiso opinar ayer pero
que sus allegados dan como un hecho. “Sería una forma de cortar
por lo sano porque de ninguna manera se puede responsabilizar a la Justicia
por una eventual filtración de datos tan sensibles”, comentó
uno de sus colaboradores a Página/12.
Liporaci interrogará hoy como testigo a la subsecretaria de Legal
y Técnica de la Presidencia, María Elena Machinea, para
que indique si hubo reasignación de fondos reservados a través
de decretos presidenciales. Los fiscales habían pedido un allanamiento
a esa dependencia pero Liporaci prefirió citar a la funcionaria,
prima del ministro de Economía.
El anunciado allanamiento al Senado sería tratado hoy en la Comisión
de Asuntos Constitucionales pero la comisión judicial recién
podrá concretarlo si lo aprueba la mayoría de los senadores
en el recinto.
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