|
El fraude cometido por el represor Jorge Olivera para eludir a la Justicia
francesa sigue teniendo repercusiones, tanto en Argentina como en Italia.
El Consejo Superior de la Magistratura italiana investigará a los
jueces que lo dejaron libre. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Aníbal Ibarra, anunció, antes de partir de gira,
que está dispuesto a declarar ante la Justicia de ese país
sobre la falsificación de la solicitud de la partida de defunción
de la joven desaparecida Marie Anne Erize. La subsecretaria de Derechos
Humanos, Diana Conti, le aclarará mañana personalmente al
viceministro de Relaciones Exteriores de Italia, Franco Danielle, que
no existe un certificado de defunción de Erize.
La inquietud sobre las irregularidades cometidas por Olivera llegó
hasta las máximas autoridades del gobierno de Italia. El ministro
de Justicia de ese país, Piero Fassino, manifestó ayer que
anhelaba que sean “disipados todos los equívocos e interrogantes”
sobre la decisión de los jueces María Luisa Carnavale, Serenella
Siriaco y Massimo Michellozzi, quienes consideraron “prescripto”
el secuestro de Erize, ocurrido el 15 de octubre de 1976 en San Juan.
En su resolución, estos magistrados manifestaron que del documento
aportado por la defensa de Olivera se desprendía que la mujer había
muerto ese mismo año. Ante esa conclusión, decidieron rechazar
el pedido de extradición hecho por el juez francés Roger
Le Loire y dejaron libre al represor. Pero el papel presentado por los
abogados de Olivera era una solicitud de la partida de defunción
que los gestores del secuestrador de Erize adulteraron agregándole
una supuesta fecha de muerte (11 de noviembre de 1976) y haciendo un fotomontaje
con sellos oficiales de los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores.
“Hay que saber si el documento presentado por la defensa (de Olivera)
era suficiente para justificar su libertad”, declaró a la
prensa Fassino. El ministro informó además que solicitó
a la embajada en Buenos Aires que realizara las verificaciones necesarias.
Por su parte, Nello Rossi, miembro del Consejo de la Magistratura italiano,
reclamó oficialmente que se investigara si los magistrados Carnavale,
Siriaco y Michelozzi basaron su decisión en “la documentación
entregada sólo por la defensa y sin una adecuada verificación”.
El caso Olivera será debatido el jueves en el Parlamento italiano
por un pedido del diputado Verde Giorgio Gardiol.
En Buenos Aires, Ibarra reiteró que el gobierno porteño
abrirá una causa ante la Justicia argentina y que pedirá
en Italia la documentación original que está en el expediente,
que ya fue requerida por vía diplomática. “Si es necesario
y si el tribunal lo considera pertinente, podré estar declarando,
porque tengo entendido que organismos de derechos humanos estaban realizando
una denuncia en Italia”, aseguró Ibarra.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, ratificó que
no existe una partida de defunción de Marie Anne Erize. La funcionaria
realizó gestiones ante el Registro Civil de la Ciudad de Buenos
Aires, el Registro Nacional de las Personas y el Registro de las Personas
de San Juan y remarcó que para estos organismos “Marie Anne
Erize está viva y para los registros de la CONADEP se encuentra
desaparecida”. La funcionaria hizo estas averiguaciones a pedido
de los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores de Italia y
tendrá oportunidad de decirle en persona el vicecanciller de ese
país sus conclusiones. Ambos se reunirán mañana y
la agenda incluye el caso Olivera, el mayor retirado que está refugiado
en Argentina para no responder por sus crímenes ante la Justicia
francesa.
La matrícula
en riesgo
El abogado Ricardo Monner Sans y varios legisladores
porteños, encabezados por Alicia Pierini, se sumaron a la ofensiva
de los organismos de derechos humanos para que el Colegio Público
de Abogados le quite la matrícula al represor Jorge Olivera.
Monner Sans hizo ayer una presentación ante la entidad y recordó
que “el Código de Etica del Colegio sostiene que es consustancial
al ejercicio de la abogacía la defensa de los derechos humanos”.
El letrado solicitó que un miembro de la Comisión Directiva
viaje a Italia para investigar la adulteración de la solicitud
de partida de defunción de Marie Anne Erize. Su escrito incluye
un dato singular: Martín Melían Massera, funcionario
del Ministerio de Interior que aparece firmando una supuesta legalización
del documento, sería sobrino del dictador Emilio Eduardo Massera.
El Colegio está analizando la presentación, que será
tratada el jueves por el Consejo Directivo. |
Propuesta de Felipillo
El ex jefe del gobierno español, Felipe González,
se pronunció a favor del establecimiento de un “Tribunal
Penal Internacional con carácter permanente”, para juzgar
los delitos de lesa humanidad, y afirmó que “no puede
haber patente de corso e impunidad” para quienes incurrieron
en este tipo de crímenes. González, quien se encuentra
de paso en la Argentina, se reunió con el presidente Fernando
de la Rúa en la Casa de Gobierno. Antes, fue recibido por el
jefe y la vicejefa de gobierno porteño, Aníbal Ibarra
y Cecilia Felgueras. Consultado sobre la situación de los militares
argentinos requeridos en el exterior, González remarcó
la necesidad de que exista un tribunal internacional. “No creo
que haya gente que haya cometido crímenes que deba reírse
de todos los demás”, indicó. |
|
