Por
Carlos Noriega
Desde Lima
La fuga de Vladimiro Montesinos a Panamá bajo protección
del gobierno peruano y la OEA y una insólita resolución
suprema de la presidencia peruana dando por terminados sus servicios
al Estado amenazaron ayer con quebrar el diálogo entre oficialismo,
oposición y sociedad civil en busca de una salida a la grave crisis
política que siente las bases para las elecciones adelantadas.
Opositores y representantes de la sociedad civil esperaban una resolución
de destitución. Pero se encontraron con una de renuncia
de Montesinos a su cargo de asesor de la alta dirección del
Servicio de Inteligencia Nacional, en la cual el gobierno le daba
las gracias por los importantes servicios prestados a la nación.
La renuncia de Montesinos está aparentemente antedatada al 14 de
setiembre, el día que se difundió el video en el que Montesinos
aparece sobornando al congresista Alberto Kouri. Elogios y encubrimiento
resumen el contenido de ese documento, en el que se puede leer: El
doctor Montesinos ha participado de manera significativa en el éxito
de la lucha contra el terrorismo, en los logros contra el narcotráfico,
en el acuerdo de paz celebrado entre el Perú y el vecino país
de Ecuador, en las medidas de prevención en materia de seguridad
regional, así como en el ámbito de la seguridad ciudadana.
Es decir que la resolución ignora los cargos en contra del asesor
presidencial, que van desde asesinatos y torturas hasta narcotráfico.
Y sobre el delito de soborno que precipitó su salida y la
crisis institucional peruana, con el anuncio del presidente Alberto Fujimori
de convocar elecciones anticipadas no se decía una sola palabra.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se retiró del diálogo
mediado por la misión de la OEA en señal de protesta (ver
recuadro).
La indignación se apoderó de los miembros no oficialistas
que participaban en el diálogo. Rechazaron con energía la
resolución de renuncia refrendada por el presidente
Fujimori, pero que parecía escrita por el propio Montesinos. Y
también protestaron ante el jefe de la misión de la OEA,
el ex canciller de la República Dominicana Eduardo La Torre, por
la participación de ese organismo en la fuga de Montesinos. La
Torre atribuyó esa actitud a razones de Estado y en
su explicación justificatoria señaló que Montesinos
iba a dar un golpe de Estado si no se le permitía viajar a Panamá.
Los representantes del gobierno avalaron la versión. De esta manera,
por primera vez desde que estalló la crisis hace once días,
el gobierno admitía que existió una insubordinación
militar encabezada por Montesinos que planteó la alternativa: impunidad
para Montesinos o golpe de Estado. Sin embargo, la viabilidad que habría
tenido ese golpe es cuestionable.
Al término de la reunión que se prolongó por tres
horas, el congresista y negociador en representación del partido
aprista, Jorge del Castillo, expresó la más profunda
indignación de los partidos democráticos ante la resolución
de renuncia de Montesinos. Es una resolución
reñida con la verdad, la ética y la moral y no la podemos
aceptar, como no la puede aceptar ningún peruano. Montesinos ha
perpetrado un delito gravísimo y flagrante y no se le puede dar
gracias por los servicios prestados, señaló Del Castillo.
La oposición ha exigido que esa resolución sea dejada sin
efecto y se emita una de destitución de Montesinos. Si esto no
ocurre, Del Castillo afirmó que Fujimori queda descalificado
desde el punto de vista moral para continuar en la presidencia.
¿La oposición se retirará de la mesa de diálogo
si esa resolución no es modificada? fue la pregunta obligada. No
puedo adelantar que eso vaya a ocurrir, pero advierto que eso puede suceder,
fue la respuesta de Del Castillo. Ante la gravedad de la situación,
el ministro de Justicia y negociador en representación del gobierno,
Alberto Bustamante, anunció el retroceso del gobierno: Vamos
aproceder a modificar la resolución, señaló
en tono conciliador. La nueva resolución se conocerá la
tarde de hoy martes, cuando deba reanudarse el tenso diálogo auspiciado
por la OEA.
De otro lado, un grupo de manifestantes, con cartelones de Panamá
no asiles asesinos, llegó hasta la embajada de Panamá
para protestar por la protección dada a Montesinos. Una delegación
formada por el ex congresista Javier Diez Canseco, el escultor Víctor
Delfín, líder del movimiento cívico Resistencia,
y José Ramírez, de la Asociación Pro Derechos Humanos,
ingresaron para hablar con el embajador panameño y pedirle que
Panamá le niegue el asilo a Montesinos. El embajador respondió
que el asilo territorial que se le daría a Montesinos no significa
una protección total y que su gobierno considerará cualquier
pedido de extradición contra Montesinos si se le abre un proceso
judicial. Sin embargo, por ahora eso parece muy difícil, teniendo
en cuenta que el poder de Montesinos se extiende aún a la Fiscalía
y el Poder Judicial. Poder que, como el militar, no ha sido tocado.
El
diálogo interrumpido
Sofía Macher, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos, conversó con Página/12 minutos
después de abandonar la mesa de diálogo entre gobierno,
oposición y sociedad civil que auspicia la OEA.
¿Por qué se retiraron del diálogo?
Es inaceptable que el gobierno y la OEA no hayan tenido la
honestidad y la claridad de informarnos en la anterior reunión
del viernes, donde se trató el tema de las salidas del caso
Montesinos, de las gestiones que venían haciendo para conseguirle
asilo a Montesinos. Eso es inaceptable.
¿Qué opina de la explicación de que la
protección a Montesinos es para defender la democracia por
el peligro de un golpe de Estado?
No se está fortaleciendo la democracia, lo que se está
haciendo es ceder ante un chantaje.
¿Van a regresar al diálogo?
Eso vamos a evaluarlo.
¿Qué es necesario para que regresen?
Se mantiene intacto todo el aparato del fraude de las elecciones
pasadas. Tienen que cambiarse las condiciones del tránsito.
Esta transición ya no puede seguir con Fujimori y la actual
mayoría del Congreso.
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