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Por
Oscar Guisoni
Desde La Paz
Todo parecía estar a punto de calmarse, en Bolivia, después
de más de una semana de bloqueos de carreteras y protestas en las
principales ciudades del país. Pero la violencia se disparó
el fin de semana y en la tarde de ayer ya se contabilizaban cinco muertos
por el conflicto. Después de haberlo descartado en los últimos
días, el gobierno de Hugo Banzer comienza a hablar de la posibilidad
de declarar el estado de sitio. Ayer a la noche, gran parte del gabinete
estaba reunido para decidir qué hacer. La situación es delicada
ya que la Constitución boliviana establece que el gobierno puede
declarar el estado de sitio una vez al año y Banzer ya lo hizo
en abril. Ahora, la declaración debe ser aprobada por el Congreso,
y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), aunque pertenezca al
gobierno, ya ha dicho que no apoyará la medida, por lo que no podría
ser aprobada.
El domingo, el gobierno entabló negociaciones con los cocaleros
gracias a la intermediación de la Iglesia. Y cuando estaba a punto
de alcanzar un acuerdo para levantar el principal bloqueo, que mantiene
inutilizada la carretera que va de Cochabamba a Santa Cruz, el Ejército
se enfrentó con los manifestantes en la localidad de Parotani,
en el departamento de Cochabamba, y mató a dos manifestantes.
Ayer el ambiente amaneció caldeado. La Central Obrera Boliviana
(COB) inició una huelga general indefinida con alto nivel de acatamiento
en hospitales y fábricas, sumándose a la protesta, mientras
los maestros, que mantienen un paro nacional desde el lunes pasado, rechazaron
la oferta de aumento salarial y mantuvieron la medida de fuerza. El ministro
de Educación, Hoz de Vila, respondió enviando militares
a las escuelas para garantizar la seguridad de los que concurrieran a
trabajar, pero tuvo que reconocer que la medida había sido infructuosa.
El ministerio amenazó con despedir a los maestros que continuaran
la huelga, pero ayer tuvo que reconocer que el 87 por ciento de los educadores
mantenía el paro.
En el interior del país, mientras tanto, el conflicto se ha radicalizado.
En el altiplano, cerca de la frontera con Perú, el Ejército
se enfrentó con los campesinos que bloquean los caminos y mató
al dirigente social Modesto Mamani, en la localidad de Guaqui. Mientras
que en la región cocalera de Yungas, al oeste de La Paz, murió
un cocalero, en otro enfrentamiento con los militares. La región
de Yungas, el único sitio del país donde aún existen
cultivos de coca ilegales, se plegó ayer al bloqueo, en apoyo de
las reivindicaciones de los cocaleros del Chapare. De este modo se cerró
la única vía de comunicación que permitía
el abastecimiento de la ciudad de La Paz, donde desde hace unos días
ya es muy difícil conseguir alimentos frescos, como verduras y
carnes. Mientras procuraba burlar el bloqueo a La Paz, en la tarde de
ayer murió el ingeniero Víctor Camponovo, al ser golpeado
por una piedra arrojada por los manifestantes. Poco después fallecía
el adolescente René Conde en Puente Roto, en el centro del país,
por los disparos de la policía que intentaba despejar una barricada
de campesinos, según declaró el líder de los cocaleros,
Evo Morales.
En la zona de Chuquisaca los campesinos ocuparon otro pozo petrolero en
la tarde de ayer, sumándose a los tres pozos que se hallan ocupados
por indígenas en Santa Cruz, desde la semana pasada, por lo que
el abastecimiento de petróleo estaría también en
serio peligro. Para agravar aún más la situación,
el poderoso gremio del transporte se sumará a partirdel miércoles
a la huelga, al igual que el Comité Cívico de La Paz, que
planea dejar la ciudad absolutamente paralizada.
El ministro de la Presidencia, Walter Guiteras, salió ayer al cruce
de los pedidos masivos de renuncia del presidente Banzer, diciendo que
si eso ocurriera “sería el fin de la democracia en Bolivia”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento,
el opositor Manuel Suárez, le contestó que más importante
que la permanencia de Banzer en el poder es la vida de los ciudadanos
bolivianos. “En una democracia en serio”, se pronunció
Suárez; “cinco muertos son suficientes para provocar la renuncia
del gobierno”.
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