Por Adriana Meyer
 El objetivo inmediato del juez Carlos Liporaci es averiguar quién firmó y quién cobró los dos cheques que salieron de las cuentas de la SIDE, de 1 millón 200 mil y de 5 millones cada uno, en la ventanilla del Banco Nación un día antes de que el Gobierno anunciara el desbloqueo de la negociación por la Reforma Laboral. A partir de la firma del decreto que levantó el secreto de Estado sobre esos 6 millones 200 mil pesos (ver página 4), el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra invitó al magistrado a revisar la documentación en la propia sede de la Secretaría de Inteligencia. El decreto 833 faculta al jefe de la SIDE Fernando de Santibañes a autorizar al presidente del Banco Nación la entrega �en mano� de dos comprobantes de movimiento de fondos y �los cheques originales que a ellos corresponden�. Mientras tanto, hoy concurrirá a los tribunales federales la fórmula presidencial justicialista de 1999: a la diez y media será interrogado como imputado el senador Ramón �Palito� Ortega y a las 15 declarará como testigo el ex gobernador Eduardo Duhalde.
Ortega será indagado porque fue mencionado por los senadores que ya declararon en el expediente, entre ellos Antonio Cafiero, como uno de los integrantes de la Cámara alta que conocía sobre el ofrecimiento de dinero para la aprobación de la ley. Duhalde será interrogado como testigo porque Ortega le habría confiado su �malestar� por las versiones sobre sobornos.
El presidente Fernando de la Rúa aseguró que levantó el secreto de Estado porque �no puede quedar un área de mi administración bajo sospecha� y así �el juez (de la causa, Carlos Liporaci) podrá tener acceso para ver que no hay nada irregular�. De paso, el jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, podrá cumplir con su más reciente desvelo: dar explicaciones ante la Justicia antes de abandonar el Gobierno.
Pero el magistrado ya centró su atención en los dos cheques. El presidente del Banco Nación, Chrystian Colombo, le había contestado que no estaba autorizado para enviarle los comprobantes de esos pagos y por eso Liporaci intimó a De Santibañes a levantar el secreto en 48 horas. El decreto presidencial llegó por la tarde, pero la medida tomada por el juez a la mañana tenía el claro objetivo de �limitar claramente� qué datos quedarían al descubierto. �Nadie les pide el detalle de los operativos en la Triple Frontera�, se quejó uno de sus allegados. El fin de semana el Gobierno había dejado trascender que la Justicia cargaría con la responsabilidad por posibles filtraciones de los datos sensibles y estratégicos que cobija la SIDE.
Ayer declaró como testigo la subsecretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Elena Machinea, quien aseguró que �no hubo decretos� del Poder Ejecutivo que durante el primer semestre del año autorizaran una reasignación de las partidas para �gastos reservados�. La funcionaria, prima del ministro de Economía, llevó al juzgado los libros de protocolo que contienen los decretos emitidos durante el primer semestre de este año. Machinea �fue amplia� en sus explicaciones y aportó �más documentación que la que el juez le había solicitado�, comentó a Página/12 una alta fuente del caso. Los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado quieren ampliar el período investigado y buscan saber si existe algún otro mecanismo por el cual la SIDE puede mover dinero.
Antes había pasado por el juzgado el secretario general de la Federación de Obras Sanitarias, Rubén Pereyra. Este sindicalista, a diferencia de otros que declararon como testigos ante Liporaci, dijo que él �no escuchó� que el ministro de Trabajo Alberto Flamarique expresara que, para convencer a los senadores, �tenía la Banelco�. El hecho habría ocurrido en plena negociación de la Reforma Laboral.
Por otra parte, la Comisión de Asuntos Constitucionales autorizó ayer al juez a revisar �in situ� el despacho del senador justicialista Emilio Cantarero, pero la medida sólo podrá concretarse si hoy es aprobada por los senadores en el recinto, tal como establece la flamante Ley de Fueros. Liporaci aclaró que no se trata de un allanamiento, sino de �una inspección ocular para la obtención de vistas fotográficas y obtención de un plano a mano alzada�. Cuando la nueva norma fue tratada en la Cámara de Diputados los legisladores aliancistas Simón Hernández y Elisa Carrió plantearon que lo establecido para estos allanamientos era �ridículo�.
EL FISCAL PIDE TASACION DE LA CASA DEL JUEZ
Los números no cierran
Por I. H.
El fiscal Pablo Recchini, que investiga si el juez Carlos Liporaci �el que tiene a cargo la causa por supuestas coimas en el Senado� se enriqueció en forma ilícita, pidió que los peritos de la Corte Suprema hagan una tasación de la mansión que se compró en Vicente López a mediados de este año. En su declaración jurada de bienes el magistrado dijo que había pagado 610 mil pesos por la propiedad. Pero los investigadores sospechan que el valor real podría ser superior y Liporaci lo estaría ocultando o bien que la escritura se hizo a un valor menor, lo que le serviría para evadir impuestos.
Mientras conduce la causa por el presunto pago de sobornos a senadores a cambio de que votaran la reforma laboral, el juez Liporaci es blanco de una pesquisa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito que el juez Gabriel Cavallo delegó en el fiscal Recchini. También el Consejo de la Magistratura �el órgano encargado de los procesos de juicio político a jueces� investiga al magistrado por la misma razón. Ayer, además, fue denunciado por el abogado Juan Carlos Iglesias por incumplimiento de sus deberes como funcionario en el trámite de otro expediente.
Los interrogantes sobre la fortuna de Liporaci surgieron cuando la revista Veintitrés publicó que él mismo admitía haber pagado 1,5 millones por su nueva casa. En su declaración de bienes ante la Corte el juez dijo que había pagado 610 mil pesos por la vivienda, aunque esa cifra figura como valor fiscal. Lo que despertó dudas en la fiscalía es que el valor fiscal en realidad siempre es menor que el valor real de una propiedad. Otro dato que les resulta llamativo, según pudo saber este diario, es que para pagar la casa Liporaci haya solicitado un crédito de 210.700 pesos a pagar 200.000 en el plazo de un año y el saldo de 10.700 en 12 cuotas mensuales, iguales y sucesivas. Según los cálculos iniciales su capacidad de ahorro no le alcanzaría para saldar toda esa deuda en tan poco tiempo, a menos que tenga ingresos mayores que los que declara.
Liporaci ya fue investigado por supuesto enriquecimiento entre 1996 y 1998, aunque fue sobreseído por el juez Ismael Muratorio. Según surge del viejo expediente, los bienes que declaraba en aquel entonces eran sólo un departamento que le había costado 140 mil pesos, un auto Renault 21 y un terreno en Escobar.
Para determinar si su evolución patrimonial fue irregular la fiscalía está esperando hace ya una semana que la Corte le envíe las declaraciones juradas del juez correspondientes a los últimos años. También pidieron informes sobre sus cuentas, inversiones, gastos con tarjeta de crédito y reportes ante la AFIP, entre otras cosas. Incluso buscan detectar si existieron actuaciones notariales en alguna escribanía que puedan dar cuenta de la existencia de posibles testaferros. Uno de los próximos pasos será tomar declaración testimonial al dueño de la casa del country Golfer�s de Pilar que, según publicó Página/12, el juez habría alquilado por 3000 mil pesos mensuales hasta hace poco tiempo. Entretanto, la Comisión de Acusación de la Magistratura sigue por su carril una línea de trabajo similar.
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