Por Adriana Meyer
 Los procesamientos de los jefes de Inteligencia de la Fuerza Aérea que ordenaron seguimientos a periodistas y a una asociación de mujeres fueron confirmados por la Justicia y, así, los acusados se encaminan al juicio oral. La sala I de la Cámara Federal porteña ratificó la medida dictada en marzo por el juez federal Gabriel Cavallo, quien había establecido que �las tareas realizadas por los imputados para obtener la identificación de los periodistas y los seguimientos puestos de manifiesto en el parte de información respecto de las Mujeres en Lucha constituyen sin lugar a dudas y sin eufemismo alguno tareas de inteligencia�. Y los había encontrado responsables de delito de abuso de autoridad por haber dictado o ejecutado órdenes contrarias a la Ley de Defensa Nacional. Sin embargo, uno de ellos obtuvo una falta de mérito: el jefe de Inteligencia II, brigadier José Agustín Vanden Panhyusen. El caso se originó a partir de la revelación de los detalles en Página/12, el 23 de noviembre de 1998.
Este diario había informado en exclusiva sobre el espionaje interno del que fueron objeto nueve periodistas, entre ellos Sergio Moreno y Carlos Rodríguez de esta redacción. Todos habían escrito notas durante 1997 relacionadas a la seguridad y la privatización de los aeropuertos. El artículo estuvo acompañado por el facsímil de la OPI (Orden de Pedido de Información) número 057/97 que ordenaba a los aviadores espías recabar los �datos de filiación y antecedentes de todo tipo� de los periodistas, y por el Parte de Información 0318-0 con la descripción detallada de todo lo que hizo el Movimiento de Mujeres en Lucha durante el acto del Día Internacional de la Mujer, en marzo de 1997.
Los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani consideraron que �se encuentra acreditado� que el jefe del Departamento III de Contrainteligencia de la Fuerza Aérea, el comodoro Jorge Alberto López, �fue quien ordenó la redacción del proyecto de la OPI 057/97, la cual para su confección requirió como mínimo tareas de inteligencia sobre quienes eran los periodistas a investigar�. Esas tareas implican que los imputados efectuaron investigaciones �vedadas por la Ley de Defensa�. Esto también le cabe al jefe de Contraespionaje y Contrasabotaje, el capitán Jesús Guasti. En cuanto a los jefes de la Regional de Inteligencia de Capital Federal, vicecomodoro Salvador Ozán y capitán Guillermo Barreira, fueron responsabilizados por la confección del Parte de Información 318-0 referido a las mujeres. Además, la OPI que ordenaba espiar a los periodistas tenía como destino final la división a cargo de Ozán, que tenía que llevarla a cabo.
La Cámara desechó los pedidos de nulidad presentados por los defensores de los acusados que querían invalidar todas las pruebas recogidas durante los allanamientos que encabezó el fiscal federal del caso, Miguel Angel Osorio, en quien Cavallo delegó la investigación. El tribunal también confirmó los embargos de 50 mil pesos a cada imputado. Ahora la Fuerza Aérea deberá separarlos definitivamente de sus filas porque su situación estaba pendiente hasta que no hubiera una medida firme en la Justicia.
�No existe en la causa constancia alguna que permita afirmar, con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal, que Vanden Panhyusen haya autorizado tales seguimientos�, escribieron los camaristas. Para llegar a esta conclusión establecieron que la OPI 057/97 carece de su firma y no tuvo su autorización, que descartó de inmediato la hipótesis cuando López le planteó la idea del seguimiento y que �similares consideraciones deben efectuarse con respecto del Parte de Información, referido a las mujeres, porque no existen elementos en la causa que permitan inferir que el imputado conociera el accionar de sus inferiores�.
Sin embargo, en el juzgado de Cavallo no ocultaron su molestia por estos razonamientos. Para los colaboradores más cercanos del magistrado existeuna responsabilidad ineludible de Vanden Panhyusen como superior del resto de los imputados. Además, entienden que a partir del planteo de López el brigadier estaba en conocimiento de las intenciones de su subordinado y no hizo nada para controlarlo. �La propia Fuerza Aérea los pasó a disponibilidad y los sancionó a todos�, recordaron ante Página/12.
EL JUEZ BAGNASCO EN ESTADOS UNIDOS
IBM cuida su reputación
El juez federal Adolfo Bagnasco, quien se encuentra en Estados Unidos, tomó ayer declaración a dos altos ejecutivos de la firma IBM involucrados en la causa penal que investiga presuntas irregularidades en el proceso de informatización de 525 sucursales del Banco de la Nación Argentina. Bagnasco tomó declaración a Peter Rowley y Steven Lew en la sede de IBM, ubicada en la ciudad de White Plains, a unos 50 kilómetros al norte de Nueva York, según confirmó Marco Rada, un vocero de la empresa. En su viaje, el magistrado también se entrevistará en Washington con el embajador argentino en esa ciudad para pedirle al gobierno norteamericano la documentación que tengan sobre el Plan Cóndor.
�El testimonio se brinda de acuerdo con el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre los Estados Unidos y la Argentina. Es en relación a un caso de la justicia argentina�, afirmó Rada, quien evitó dar más detalles de la causa debido a que esa investigación �está en los Tribunales argentinos�. Bagnasco llevó una lista de 165 pregunta y acordó con los abogados de Rowley y Lew que accederían a responder el 97 por ciento, ya que para contestar el tres por ciento restante, los hombres tendrían que violar la ley que protege de los derechos de la empresa.
Bagnasco pudo tomar declaración a los dos empleados luego de retirar la orden de captura que había librado en el orden nacional e internacional para poder interrogarlos como testigos en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses se oponían a la detención y extradición de Lew y Rowley porque consideraban que no se habían reunido pruebas contra los ejecutivos de IBM. El �levantamiento� de las órdenes de captura fue decidido por sugerencia del Ministerio de Justicia para facilitar los interrogatorios y avanzar en el sumario en el que ya fueron procesados los ex directores del Banco Nación, Aldo Dadone y Genaro Contartese, y el presidente de IBM Argentina, Ricardo Martorana.
Uno de los fiscales, Carlos Cearras, se opuso al viaje de Bagnasco, pero su apelación fue rechazada. En ella, Cearras argumentaba que para hacer el viaje, el juez tendría que cambiar la calidad del interrogatorio sin que haya cambiado el estado de sospechas de los implicados. Eso es que en vez de tomarles declaración indagatoria, el juez les tomó declaración testimonial. Jurídicamente, eso provocó la caída de la captura internacional y, además, hace que vuelva a correr la prescripción del delito, que antes había sido suspendida.
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