Por Cledis Candelaresi
 �¿Cómo puede ser que un diputado formoseño le cueste al país 1,9 millones de pesos al año, contra los 250 mil dólares de uno de Carolina del Norte?�, se preguntó ayer Jorge Di Fiori, presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Este fragmento del discurso que pronunció ante un numeroso y heterogéneo auditorio el titular del nucleamiento que reúne a grandes comercios y prestadores de servicios fue la primera manifestación pública de una cámara empresaria sobre la crisis precipitada en el Senado. Los legisladores presentes �entre ellos Antonio Cafiero� disimularon el mal trago con sonrisas forzadas. Fernando de la Rúa, a su turno, omitió cualquier referencia al escándalo del Congreso.
�El país tiene reservas morales para superar este amargo proceso (en alusión a las supuestas coimas en el Senado). A condición de que sea un punto de inflexión para introducir reformas audaces como elecciones internas abiertas, eliminación de listas sábana, transparencia en la captación y uso de los recursos financieros�, arremetió Di Fiori. En línea con que la actividad política, al igual que todo el funcionamiento del Estado, debe implicar la menor cantidad de recursos posible, el titular de la CAC citó un trabajo de la Fundación Konrad Adenauer, que compara cuánto cuestan anualmente los parlamentarios argentinos versus los norteamericanos.
Según precisó el hombre que habló en nombre de las empresas privatizadas y los grandes hipermercados, un legislador santafesino demanda 1,7 millones de pesos por año contra los 306 mil de uno de Baviera, cuya economía es catorce veces más grande que la de la provincia gobernada por Carlos Reutemann. Del mismo modo que un diputado entrerriano, necesita diecinueve veces más recursos que un colega de Kansas.
�También habría que calcular cuánto resigna por suspender su actividad comercial o profesional un legislador cuando acepta un cargo público. Yo, como presidente de la Sociedad Rural, perdí al menos un 50 por ciento de mi patrimonio�, afirmó a Página/12 Guillermo Alchouron, diputado por Acción por la República. A su lado en la mesa, pero políticamente bastante más distante, el frepasista Rafael Flores también ensayó una defensa. �En Washington, los legisladores no sólo disponen de muchos más recursos para su trabajo en el Capitolio: también tienen un equipo de cincuenta personas que los asesoran desde el distrito que representan.�
Por lo demás, todo fue previsible. Di Fiori reclamó seguridad jurídica, básicamente para las empresas privatizadas, y cosechó aplausos cuando reclamó por rebajas de impuestos, en particular los que cobran las provincias, como Ingresos Brutos y Sellos. Asimismo, el hombre de la CAC respaldó la convertibilidad y la apertura de la economía.
El Presidente, también consiguió aplausos: �No habrá intervencionismo estatal, ni discriminaciones, ni alteración del rumbo�, prometió. �Vengo a ratificar la lucha frontal contra el déficit fiscal y respeto a los mercados�, reiteró varias veces el titular de la Rosada. Con prudente silencio, lo escucharon las diversas figuras que la CAC congregó ayer en el Hotel Hilton para celebrar su 76º aniversario: Ana María Luro, de Adelco, el ministro de la Corte, Antonio Boggiano, y ex funcionarios menemistas como Jorge Rodríguez y Raúl Granillo Ocampo, compartieron el almuerzo junto al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, entre otros.
| Negociación con Brasil
El secretario de Industria, Javier Tizado, ratificó el criterio oficial para negociar con Brasil un régimen automotor común y dejó al descubierto el resquemor que le producen las terminales argentinas. �La protección del 35 por ciento actual (arancel que se cobra a las autopartes que se importan desde afuera del Mercosur) sólo se justifica si la industria estuviera muy integrada. Pero en Argentina la actividad automotriz fue perdiendo integración, hasta llegar a un 30 por ciento actual. Por el contrario, las automotrices brasileñas llegan a tener entre el 60 y 80 por ciento de partes fabricadas en su territorio.� El punto que impidió poner en marcha un régimen automotor común es la diferente interpretación de Brasil respecto a un punto del acuerdo: el que sostiene que cada país debe incluir al menos un 30 por ciento de piezas locales. La diferencia gira en torno de cómo se mide ese porcentaje. Para Argentina es la sumatoria de piezas fabricadas íntegramente en su territorio. |
�DE LA CRISIS NO SE SALE CON PRIVILEGIOS SECTORIALES�
Servicios versus Industria
No hubo ninguna mención expresa a otra cámara empresaria ni a ninguna medida concreta. Pero el discurso del titular de la CAC prueba que la pelea entre la industria �representada por la UIA y la Cámara Argentina de la Construcción� y los servicios está tan viva como siempre. �No vamos a apoyar la decisión de salir de esta crisis con privilegios sectoriales�, fue la alusión de Jorge Di Fiori al Compre Nacional anunciado por el Gobierno hace pocas semanas.
�Sin industria no hay nación. Pero tampoco hay nación sin finanzas y sin servicios�, sentenció poco después. �Advertimos que algunos, especulando con las dificultades que atravesamos, pretenden que ciertos sectores subsidien la promoción de otros, bajo la excusa de que ellos y sólo ellos son los que pueden dinamizar la economía�, remató el empresario.
�Nos engañaríamos si pensáramos que la prosperidad de un sector puede conseguirse a costa del otro�, insistió el hombre de la CAC. Quizás uno de los grandes riesgos que entraña el Compre Argentino para las privatizadas es que podría obligarlas a comprar localmente muchos productos que hoy importan desde proveedoras integradas a sus casas matrices.
�El Compre que promueve el Gobierno es una manera de asegurar mecanismos de licitación transparentes, pero esto no significa otorgar ningún privilegio�, defendió ante Página/12 el secretario de Industria, Javier Tizado, después de que el presidente de la CAC había terminado su discurso. El hombre que hasta pocas semanas atrás revistó en las filas del Grupo Techint aseguró que la norma argentina está �acorde con las pautas fijadas por la Organización Mundial de Comercio e, incluso, es mucho menos estricta que la que rige en otros países, como los Estados Unidos�.
Fernando de la Rúa fue menos directo y sonó más complaciente con los empresarios de servicios. �Vamos a brindar seguridad jurídica a todos: empresarios, inversores y trabajadores. Y vamos a favorecer el crecimiento equitativo sin privilegios�, aseguró.
Cuando, a principios de mes, la UIA organizó su celebración anual, José Luis Machinea anunció la decisión de reglamentar el Compre como la gran medida oficial para auxiliar a la industria. Casi al mismo tiempo, Economía e Infraestructura giraron al Congreso el proyecto de ley para crear un fondo fiduciario que permita financiar parte del Plan de Infraestructura, caballito de batalla para promover la construcción. Justamente, el punto más polémico de esa iniciativa resultó el que reserva las futuras licitaciones a las constructoras argentinas y las extranjeras ya radicadas.
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