|
La Alianza consiguió rechazar en la Comisión de Juicio
Político de la Cámara de Diputados un pedido de juicio político
al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, que había sido presentado
por el PJ a raíz del escándalo de las supuestas coimas en
el Senado. Para lograr defender al ministro, la Alianza debió acudir
a un recurso extremo: ampliar, a último momento, el número
de los integrantes de la comisión para asegurarse la mayoría.
El oficialismo ganó la votación catorce a ocho. Pero no
logró alinear a los diputados rebeldes Alfredo Bravo y Elisa Carrió,
que adhirieron a la postura del PJ.
En la reunión no faltaron los gritos. El clima empezó a
recalentarse apenas la presidenta de la comisión, Margarita Stolbizer,
anunció que habían decidido completar los lugares vacantes
de la comisión e incluso nombrar a dos nuevos integrantes, los
radicales María García de Cano y Julio Tejerina. La maniobra
sirvió para que pasaran de 13 a 16 integrantes y se aseguraran
la mayoría más allá de las disidencias de Bravo y
Carrió. Ese anuncio desató las primeras acusaciones del
justicialista Carlos Soria, autor del pedido de juicio político,
quien después de darles una irónica “cordial bienvenida”
a los nuevos miembros aseguró que “es una burda maniobra para
imponer una mayoría circunstancial resuelta entre gallos y medianoche”.
Stolbizer se defendió: recordó que en marzo la Cámara
de Diputados votó una resolución autorizando al presidente
de la Cámara a ampliar las comisiones y designar a los renunciantes.
La argumentación a favor de rechazar el juicio también fue
hecha por Stolbizer, quien sostuvo que no había fundamentos suficientes
para enjuiciar al ministro, ya que la acusación “se basa en
dos notas del periodista Joaquín Morales Solá, que hablan
de intercambio de favores” y la famosa expresión de la Banelco.
Soria dijo que existen “causales” claras para abrir una investigación
tras las denuncias que existen contra Flamarique “cuando la sociedad
está reclamando transparencia, como prometió la Alianza
en su campaña electoral”.
Elisa Carrió se diferenció de la postura de la Alianza:
planteó la necesidad de abrir una investigación y advirtió
su preocupación porque “no puede ser que esta crisis se lleve
a un honesto como Juan Melgarejo y terminen quedando los corruptos en
sus bancas”. “Los que degradaron la política y las instituciones
son algunos de los que hoy acompañan el pedido de juicio político,
pero esa historia no implica que la repitamos”, agregó Carrió.
Y remató en tono profético: “La historia no justifica
el futuro”. Por su parte Bravo, tras recordar los muchos rechazos
a juicios anteriores que defendió la comisión durante el
gobierno de Menem, pidió “dar una señal distinta”.
Los aliancistas Juan Pablo Cafiero y Melchor Cruchaga votaron en contra
del juicio político, pero insistieron en que el caso “no está
cerrado” y si existiesen otros elementos más contundentes
se podría volver a analizar porque, recalcaron, “la voluntad
de la Alianza no es proteger a nadie”.
Mientras tanto, puertas adentro de la CGT oficial la versión de
que el eventual reemplazante de Flamarique sería Juan Pablo Cafiero
no es vista con buenos ojos. Ayer, los voceros de la CGT oficial no ocultaban
su malestar ante la posibilidad de que Flamarique sea reemplazado por
Cafiero, aunque Rodolfo Daer evitó manifestar abiertamente su posición.
“La CGT confía en la responsabilidad y los criterios ecuánimes,
justos y solidarios del presidente De la Rúa en la designación
de sus colaboradores”, dijo. Los dirigentes de CGT rebelde que lidera
el camionero Hugo Moyano, en cambio, calificaron al presunto candidato
a titular de la cartera laboral como “una figura simpática”.
|
