|
Por Victoria Ginzberg
 El
gobierno italiano recibió la confirmación oficial: el represor
Jorge Olivera fue liberado en base a un fax carente de validez y adulterado.
Así se lo dijeron al viceministro de Relaciones Exteriores de Italia,
Franco Danieli, y al embajador de ese país, Giovanni Jannuzi, en
Cancillería y en la Subsecretaría de Derechos Humanos. En
una reunión privada con algunos diputados, Danieli expuso su hipótesis:
hubo “imbecilidad, mala fe, inexperiencia o borrachera” por
parte de los jueces y una maniobra oscura de los abogados, a quienes calificó
de “rápidos”. En Italia, familiares de desaparecidos
presentaron la querella por el fraude realizado por Olivera y sus defensores.
“No voy a dar mi opinión personal. Desde el gobierno italiano
hay una firme determinación de recolectar los elementos de prueba
para que el ministro de Justicia decida si inicia una acción penal”,
manifestó Danieli durante una conferencia de prensa brindada después
de su reunión con la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti.
Antes se había entrevistado con el secretario de Política
Exterior de la Cancillería, Enrique Candiotti. Por la tarde, la
Cancillería argentina le entregó la certificación
oficial de la falsedad de la solicitud de partida de defunción
de Marie Anne Erize, documento que dejó libre a Olivera. Aunque
no lo expresaron públicamente, Danieli y Jannuzi estaban desconcertados
por la decisión de los jueces de la Sala IV de Apelaciones de Roma.
En la conferencia de prensa, Danieli diferenció al gobierno de
su país –que es parte civil en el proceso abierto contra el
ex general Guillermo Suárez Mason– de los magistrados que
liberaron a Olivera. Y dijo que de comprobarse las sospechas de fraude,
“el gobierno italiano estaría en deuda con las leyes y la
Constitución”. La decisión de los magistrados provocó
que fueran denunciados ante el Consejo de la Magistratura de su país.
Y, a partir de la información recopilada ayer por Danieli, el ministro
de Justicia, Piero Fassino, podría aplicarles una sanción
disciplinaria.
Jannuzi reveló que en el expediente de extradición de Olivera
no existe ningún original del papel cuestionado sino un simple
fax, que los jueces María Luisa Carnevale, Serenella Siriaco y
Massimo Michellozzi consideraron suficiente para evitar que el secuestrador
y torturador de la joven Erize no continuara encerrado.
Desde Roma, Marcantonio Bezicheri, uno de los defensores de Olivera, ya
abrió el paraguas: dijo que si el documento resultara falso, “nosotros
los abogados no tendríamos ninguna responsabilidad porque ha sido
solicitado y enviado desde Argentina”. Pero el uso de un documento
falso también es un delito penado por las leyes italianas. De hecho,
Danieli aseguró que si la solicitud de partida de defunción
y los sellos oficiales fueran apócrifos, se querellaría
a quienes los utilizaron y que Olivera podría ser calificado como
cómplice. De hecho, la fiscalía de Roma ya anunció
la apertura de una investigación. A esas causas judiciales se sumó
ayer la iniciada por Lita Boitano –de Familiares de Desaparecidos
Italianos– y Laura Bonaparte –de Madres de Plaza de Mayo, Línea
Fundadora–. En Argentina, los fiscales Guillermo Montenegro y Paulo
Starc tienen a su cargo la querella por “falsificación de
documento público” y esperan que el Registro Civil de la ciudad
y la Cancillería les confirmen la adulteración del papel.
Danieli y Jannuzi se reunieron por la mañana con Candiotti, quien
les informó que el documento presentado por Olivera carece, en
principio, de validez para certificar la muerte de Erize porque era una
simple solicitud. Al mediodía, Conti les refirió el resultado
de una investigación realizada por su dependencia de la que se
desprendían irregularidades más graves, como el agregado
de la fecha y lugar de la muerte. Luego, la Cancillería le entregó
la certificación oficial de la falsificación. Estos papeles
servirán para fundamentar las querellas contra Olivera y sus abogados,
tanto aquí como en Italia .
Antes de irse a Uruguay, Danieli se entrevistó con los diputados
Marcela Bordenave, Gustavo Cardesa y Marta Ortega, y un asesor de Alfredo
Bravo, de la Comisión de Derechos Humanos. Allí se refirió
crudamente a los magistrados italianos que dejaron libre al oficial acusado
del secuestro de Marie Anne Erize y ratificó el apoyo de su gobierno
a las causas en las que se investigan las desapariciones de ciudadanos
italianos en Argentina y Chile.
|
