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Por
Andrea Ferrari
Río Negro se convirtió ayer en la primera provincia
del país donde la ligadura de trompas y la vasectomía son
métodos anticonceptivos legales, que no requieren autorización
judicial. La Legislatura provincial aprobó por mayoría absoluta
un proyecto de tres diputadas de la Alianza que modifica la ley que regula
el ejercicio de la profesión médica a fin permitir esas
intervenciones para personas mayores de 21 años. “Estamos
consagrando el derecho personalísimo de las mujeres a decidir,
en igualdad de oportunidades”, dijo a Página/12 Amanda Isidori,
una de las autoras del proyecto. La aprobación de la ley tiene
un antecedente inmediato: una jueza autorizó diez días atrás
a 20 mujeres de la ciudad de Villa Regina a ligarse las trompas en un
hospital público. Entre todas tienen 128 hijos.
Fue precisamente el caso de esa ciudad rionegrina el que empujó
la iniciativa de las legisladoras Isidori, María Inés García
y Delia Dieterle. En marzo pasado, el médico Mario Mas –titular
del servicio de Tocoginecología del Hospital de Villa Regina–
abrió un registro para las mujeres que quisieran someterse a esa
intervención: en apenas un mes hubo 70 inscriptas. Eran todas mujeres
de bajos recursos que habían fracasado con los métodos anticonceptivos
habituales o que no habían tenido acceso a ellos. Los hijos fueron
sumándose hasta ser demasiados. Apabullado por la cantidad de pedidos,
el médico reclamó que se eliminara la exigencia de una autorización
judicial. Después vinieron los recursos de amparo: primero 20 y
luego otros 5. “Tenemos más casos que no pudimos presentar
por motivos económicos”, explica Mas. El 15 de septiembre,
la jueza María Evelina García se expidió: declaró
inconstitucional la ley que obstaculiza la ligadura de trompas por contradecir
el artículo 19 que defiende “las acciones privadas de los
hombres que no ofendan el orden ni la moral ni perjudiquen a un tercero.”
En tanto, el proyecto ya había llegado a la Legislatura. Pese a
la controversia que suele despertar el tema, la ley fue aprobada ayer
por unanimidad casi absoluta: sólo se abstuvo un legislador del
PJ que adujo “objeciones de conciencia”. “Hubo discusiones
–admite María Inés García– y propuestas
desechadas. Por ejemplo, un diputado había sugerido que se incluyera
el “consentimiento” del marido, que luego se cambió por
“conocimiento”, pero finalmente no se incorporó nada
de ello: nosotras consideramos que esto es un derecho personal”.
Según la norma, un equipo interdisciplinario asesorará a
cualquier persona mayor de 21 años que requiera una ligadura de
trompas o vasectomía y le explicará cuáles son los
métodos anticonceptivos a su alcance. Pero la decisión es,
en última instancia, del paciente y no del médico. El proyecto
obtuvo 42 votos a favor y aunque requiere una segunda votación
–el sistema de Río Negro exige esa doble vuelta– las
autoras dan por sentado que el resultado será el mismo.
La ligadura de trompas es un método quirúrgico para lograr
la infertilidad femenina, al que se apela cuando un nuevo embarazo puede
poner en riesgo la salud de la mujer. Actualmente, en la mayoría
de los hospitales los médicos se oponen a realizar la práctica
sin autorización judicial porque la ley nacional 17.132 prohíbe
a los profesionales “practicar intervenciones que provoquen la esterilización
sin que exista indicación terapéutica perfectamente determinada”.
En realidad, con los métodos actuales, la práctica es reversible
en buena parte de los casos. También lo es la vasectomía,
que rara vez se realiza en el país (ver aparte).
Muchos jueces, sin embargo, consideran que la autorización no es
necesaria y no la expiden, por lo cual la paciente queda en medio de un
peloteo entre unos y otros. Pero no es así en todos los ámbitos:
los propios médicos admiten que en las clínicas privadas
la intervención se efectúa sin autorización judicial.
“Quisimos consagrar la igualdad de oportunidades, ya que esta práctica
se realizaba en función de que lasmujeres tuvieran plata para pagarla,
estableciendo una discriminación con mujeres de escasos recursos”,
argumenta Amanda Isidori.
En el Congreso nacional hay en este momento un proyecto de la diputada
Marta Milesi para autorizar la ligadura de trompas en los hospitales públicos
sin intervención judicial. También la ombudsman porteña,
Alicia Oliveira, le reclamó al Gobierno de la ciudad una norma
para que no se exija en los hospitales de la ciudad el permiso del juez.
Pero ha sido Río Negro la pionera en cambiar las leyes. Anoche,
al médico Mario Mas aún le resultaba difícil creer
que su iniciativa hubiera llegado tan lejos.
–¿Por qué se produjo en Villa Regina esa explosión
de casos? –le preguntó este diario.
–Era una necesidad, yo lo único que hice fue preguntar.
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Qué
dicen los médicos
La ligadura de trompas es un método de infertilización
femenina: al unir las trompas se evita que óvulos y espermatozoides
se encuentren. Existen diversos procedimientos para hacerlo y con
las técnicas actuales puede revertirse en un gran número
de casos.
Hay diferencias, sin embargo, en las evaluaciones que hacen del
tema los médicos. Mario Mas, titular del Servicio de Tocoginecología
en el Hospital de Villa Regina, afirma que “en los lugares
donde se trabaja seriamente la reversibilidad está en torno
al 70 por ciento”.
En cambio, para Oscar Contreras Ortiz, director del Departamento
de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de
la UBA, la posibilidad de revertir el procedimiento rondaría
el 50 por ciento en algunos casos, pero “si se realiza en un
lugar donde no están bien entrenados, los porcentajes de
recanalización de las trompas son muy bajos”. Para Contreras
Ortiz, “mientras no se modifique el Código Penal, estos
casos deben ser sometidos a la Justicia”.
Sergio Pasqualini, director médico del Instituto Halitus,
no arriesga porcentajes pero afirma que “hablar de esterilización
es antiguo, ya que es posible revertir la intervención”.
“Es otra cosa hipócrita -reflexiona–, porque en
los hospitales no se hace pero en los sanatorios sí. Todos
lo hemos visto.”
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