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Por
Facundo Martínez
El orden del día que se iba a tratar hoy en la asamblea de
representantes de Boca experimentó algunas modificaciones. Varias
agrupaciones oficialistas plantearán que, hasta tanto no se le
dé al convenio Boca-ISL Worldwide, para la cesión de los
derechos de imagen, una forma definitiva, no se vote su aprobación,
aunque propondrán que se ratifiquen las gestiones que viene realizando
al respecto la comisión directiva. Por su parte, los opositores
pedirán por el “rechazo absoluto” de este acuerdo por
entender que “es inconveniente para Boca”. Tampoco se tratará
la expulsión de los dos socios barrabravas, Rafael y Fernando Di
Zeo, porque ambos dejaron de pagar sus cuotas sociales y ya fueron depurados
del padrón. Una representante, consultada por Página/12,
confió que el abogado Daniel Wolanik, integrante de la mesa de
representantes, e hijo del letrado oficial del club, fue amenazado por
los violentos en un intento por evitar las expulsiones.
Pese a que el oficialismo de Boca controla la mayoría en la asamblea
de representantes (la relación es de 185 votos contra 25 de la
minoría), no conseguirá hoy la aprobación del acuerdo
con ISL, por el que la empresa de capitales germano-suizos se haría
cargo de la comercialización de todos los derechos del club. “El
acuerdo es favorable para el club. Pero vamos a pedir que no se apruebe
en esta asamblea. Lo que queremos aprobar es la gestión de la comisión
directiva para que siga con las negociaciones, que permitan darle al acuerdo
su forma definitiva”, le dijo a este diario la abogada Estela Iribarren,
representante por la agrupación Dale Boca.
En tanto que los opositores plantearán hoy que se rechace de lleno
esta propuesta. “Este pacto con ISL obra en detrimento de la sociedad
civil y de sus fundamentos –argumentó Pablo Abbatángelo,
presidente de la agrupación interna La Bombonera–. Boca debe
tender al bienestar general y no a la celebración de contratos
que beneficien exclusivamente a terceros.”
Según el dirigente opositor, “este vínculo sólo
les sirve a las actuales autoridades para descomprimir la asfixiante situación
económico-financiera a la que llevaron al club, que tiene un pasivo
de 48,2 millones de pesos, de los cuales 13,8 millones corresponden a
deudas vencidas”. Para Abattángelo, “este acuerdo se
quiere firmar para conseguir los 12 millones que adelantaría ISL,
que se usarán para pagar las deudas del pasado”,
Además del acuerdo Boca-ISL, los representantes deberán
tratar otras cuestiones: la aceptación del balance del año,
que según el oficialismo dio superávit por 4,07 millones
de pesos; la incorporación de una nueva estrella, la 35ª,
al escudo, por la obtención de la Copa Libertadores; la posibilidad
de que se negocie con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la entrega
de La Candela a cambio de más tierras en Casa Amarilla, y la expulsión
de los socios que integran la barra brava del club y que han sido imputados
en causas judiciales por participar en hechos de violencia.
Este último punto será también foco de tensiones:
dentro del oficialismo hay quienes argumentan que no es necesario expulsarlos
porque ya fueron depurados del padrón, y quienes pretenden que
se aplique el derecho de admisión, por lo que han recibido amenazas.
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