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Cavallo practicó dos allanamientos
investigando la casa de Liporaci

Allanó una escribanía y una inmobiliaria buscando datos sobre la fastuosa mansión del juez que investiga las coimas senatoriales.
Además, los peritos de la Corte harán la tasación del inmueble.

La casa de Liporaci está en Vicente López, en la calle Gaspar Campos. Su valor está en debate.
El juez asegura que le costó 610.000 pesos pero los investigadores sospechan que vale más del doble.

 Por Irina Hauser 

t.gif (862 bytes) La mansión donde vive el juez Carlos Liporaci en Vicente López es una de las pistas claves para saber si se enriqueció en forma ilícita. Por eso, con la orden del juez Gabriel Cavallo ayer fueron allanadas la inmobiliaria y la escribanía que intervinieron en la operación de compraventa. El magistrado declaró que por ella pagó 610 mil pesos, pero los investigadores sospechan que tal vez no sea cierto, ya sea porque pagó más o porque la adquirió subvaluada. El fiscal Pablo Recchini, que tiene a su cargo la pesquisa, también pidió que los peritos de la Corte Suprema hagan una tasación del inmueble. 
Liporaci no puede disfrutar de la casa que se compró hace casi tres meses. No sólo por estar abrumado de trabajo con la causa de los supuestos sobornos en el Senado. Ayer a la mañana un falso rumor catapultó a un ejército de periodistas hacia la puerta de la mansión del juez convencidos de que lo que se había allanado era precisamente su casa. Lo que los policías revolvieron fueron las oficinas de la inmobiliaria Bellagamba y de la escribanía de Néstor Tamborenea. Se llevaron carpetas del inmueble, planos, facturas y también el protocolo de escrituras. 
Recién la semana próxima la Justicia tendrá alguna conclusión sobre el procedimiento. Los investigadores quieren juntar todos los datos posibles para calcular el verdadero valor de la vivienda. Por ejemplo, quieren ver qué comodidades ofrecía la inmobiliaria cuando la tenía en venta. También apuntan a chequear cuánto pagó Liporaci de honorarios al escribano, si firmó algún contrato con la inmobiliaria y qué comisión convino. Más allá de todo esto, la fiscalía pidió peritos del alto tribunal y martilleros para poder hacer una tasación certera. 
Según una versión periodística, el propio magistrado había admitido haber pagado 1,5 millones por su nuevo hogar. El dato disparó una denuncia en penal y una investigación el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de los juicios políticos contra jueces. Por ambos carriles la pesquisa marcha a un ritmo bastante acelerado para lo que suelen ser los tiempos judiciales comunes y a pesar de que la Corte aún no les remitió todas las declaraciones juradas de Liporaci que permitirán establecer su posible evolución patrimonial. Por ahora sólo cuentan con los listados de bienes que declaró a comienzos de este año y una modificación que hizo el 31 de agosto para agregar la información sobre su flamante residencia. 
Ante la Magistratura, Liporaci presentó espontáneamente los detalles sobre su patrimonio aclarando que por la casa pagó 610 mil pesos. Sin embargo, en su declaración oficial ante la Corte señaló que esa suma como correspondiente al valor fiscal, que suele ser muy inferior al valor real. �Esto no pasó desapercibido�, dijo un allegado al expediente. Pero no es el único punto llamativo. Para pagar solicitó un crédito de 210.700 pesos y se comprometió a devolver 200.000 en el plazo de un año y el saldo de 10.700 en 12 cuotas mensuales. Pero, según los cálculos iniciales su capacidad de ahorro no le alcanzaría para saldar toda esa deuda en tan poco tiempo, a menos que tenga ingresos mayores que los que declara.

 

EMILIO CANTARERO ELIGIO HACER SU DECLARACION POR ESCRITO
Para evitar nuevos bloopers

Por A. M.
�Senador Cantarero, ¿usted cobró un soborno a cambio de su voto favorable a la sanción de la Ley de Reforma Laboral?�, le preguntó el juez federal Carlos Liporaci al semiconfeso legislador salteño. �Me remito al escrito�, respondió el imputado casi sin mover un músculo de su cara. Emilio Cantarero fue indagado ayer en la causa que investiga el presunto pago de coimas para la aprobación de la polémica norma, pero su abogado presentó un escrito y le recomendó no contestar el interrogatorio. Es el senador que habría admitido ante el diario La Nación haber sido sobornado.
El matutino publicó el 30 de agosto la confesión de �un legislador justicialista� que �habló con la condición de no ser identificado�. El anónimo entrevistado aseguró que �los sobornos son una práctica habitual�, que �quienes hablaron fueron los que no cobraron�, y que �todos estamos en esto�. Esa misma tarde, el ex presidente del bloque justicialista del Senado, Augusto Alasino dijo en conferencia de prensa que �estamos ante un novedoso golpe de Estado� y Cantarero negó haberse autoincriminado sin que nadie lo hubiera señalado, pero no fue muy convincente. Al día siguiente el matutino reveló que él era el confeso. Una semana más tarde, Cantarero denunció a la periodista que escribió la nota, María Fernanda Villosio, por coacción. 
El senador ingresó a las 10.30 en un automóvil particular por el garaje subterráneo del edificio de Comodoro Py 2002, por donde suelen entrar y salir tanto los convictos como los importantes funcionarios devenidos sospechosos, sin tomar contacto con los periodistas que aguardaban su llegada. El fiscal Federico Delgado esperaba poder hacerle varias preguntas, lo que hubiera producido una extensa indagatoria. Pero la audiencia no pasó de una hora y media porque ante cada consulta el acusado se remitía �al escrito� en forma inexpresiva. 
�Cantarero respondió íntegramente el cuestionario que el tribunal le formuló, por lo cual se acompañó un extenso escrito�, indicó el defensor de Cantarero, Andrés Marutian. En esa presentación, que no supera las trece carillas, cuestionó a Villosio por haber �faltado a la verdad� y aseguró que no tuvo �nada que ver con los hechos�. El resto de las páginas las utilizó para desarrollar explicaciones jurídicas sobre el cohecho y para describir la trayectoria de su cliente. Marutian comentó que �las preguntas de cargo fueron las mismas que se le hizo al senador (Ramón) Ortega, agregándole obviamente lo dicho por la periodista Villosio� y remarcó que en la causa �la variante que ha habido� luego de las indagatorias de Ortega y Cantarero es que, dijo, �el juez tipifica la acción haber recibido sobornos de parte del Gobierno nacional y/o terceras personas que se tratará de identificar�.
En el juzgado desmintieron al letrado. �No respondió ninguna pregunta lo que equivale a una virtual negativa a declarar�, aseguró a Página/12 una alta fuente del caso. Quienes presenciaron la indagatoria comentaron que su defensor lo �amordazó� �prohibiéndole contestar preguntas y presentando el escrito� porque temió que su verborragia volviera a ponerlo en aprietos.


Un abogado con historia

La denuncia contra el juez Carlos Liporaci por enriquecimiento ilícito fue presentada por un abogado vinculado con la venta de armas. Juan Finazzi representó al Commerce International Group (CIG), una empresa con base en Marbella que intervino en la venta de granadas argentinas a Pakistán, concretada en los últimos meses del gobierno de Raúl Alfonsín. Resultó que las 20 mil espoletas para bomba de mortero estaban en mal estado y la CIG querelló a las autoridades de Fabricaciones Militares por �defraudación por calidad simulada�. La causa la instruyó Liporaci y sobreseyó a los imputados, medida que fue confirmada por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación. Desde entonces, Finazzi se transformó en el perseguidor del magistrado. Lo denunció por mal nombramiento de un perito. El juez Claudio Bonadío, que lo sobreseyó, también terminó querellado por el aguerrido letrado. Finalmente, el juez Gustavo Literas tampoco encontró mérito para procesar a su colega. Finazzi promete revancha.

 

 

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