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SEGUN LOS INVESTIGADORES, HAY MAS
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Por Adriana Meyer 
La SIDE habría recibido en julio una partida adicional de 10 millones de pesos en concepto de fondos reservados a través de un decreto presidencial. El dato surgió en la causa sobre los supuestos sobornos cobrados por varios senadores para la aprobación de la Reforma Laboral. Los investigadores habían recibido un anónimo que los alertaba sobre este hecho y lo pudieron comprobar con la declaración de la subsecretaria Legal y Técnica, María Elena Machinea. Sin embargo, una alta fuente de la Secretaría de Inteligencia desmintió la existencia del decreto, mientras que el ministro del Interior, Federico Storani, dijo desconocer la existencia del anónimo y calificó como �inverosímil� la versión. Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado empezaron a sospechar hace un mes que la Secretaría de Inteligencia había recibido partidas adicionales secretas a partir de la declaración del secretario de Hacienda, Mario Vicens. Cuando estudiaron los pocos números que mostró el funcionario �que se amparó en el secreto de Estado, porque entonces aún no había sido levantado por el presidente Fernando de la Rúa�, enfocaron su atención hacia la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, el organismo que autoriza al Ministerio de Economía la entrega de los fondos a una repartición determinada, bajo la forma de decreto secreto. Le pidieron al juez un allanamiento de esa secretaría, pero no accedió. Sin embargo, citó a declaración testimonial a la funcionaria del área. María Elena Machinea, prima del ministro de Economía, fue interrogada el martes y aseguró que �no hubo decretos� del Poder Ejecutivo que durante el primer semestre del año autorizaran una reasignación de partidas para �gastos reservados� de la SIDE. Para graficar sus dichos, la secretaria mostró en el juzgado los libros de protocolo que contienen los decretos emitidos durante el primer semestre de este año. Allí aparecieron sólo dos que autorizaron fondos adicionales para la Cancillería. En ese momento, los fiscales evidenciaron su intención de ampliar el período investigado y conocer si existe algún otro mecanismo por el cual la SIDE puede mover dinero. Y, según aseguran, encontraron un decreto que fue emitido en el segundo semestre y con destino a la Secretaría de Inteligencia. Uno de los denunciantes del caso, el abogado Carlos Iglesias, recibió en el fax de su estudio un breve mensaje anónimo escrito en computadora que mencionaba la existencia de un decreto reservado para �impulsos legislativos�, que habría tenido como objetivo desviar fondos a la SIDE para un presunto pago de coimas. Iglesias es un letrado vinculado a los ex concejales radicales Eliseo Roselló y Miguel Herschberg, que tienen un eterno enfrentamiento con De la Rúa. Sin embargo, otros libelos que llegaron al caso ya habían dado cuenta de la misma versión. Durante la declaración de Machinea, los fiscales confirmaron la existencia del decreto que autorizó al Ministerio de Economía la entrega de 10 millones de pesos para la SIDE. Ahora, el juzgado le pidió a la Secretaría de Hacienda que envíe el expediente de esa erogación para averiguar cuál fue el destino que los espías le dieron al dinero y la fecha en que fue pedido. Si bien el decreto sería del mes de julio, es decir posterior a la aprobación de la Reforma Laboral, los investigadores sospechan que el pedido puede haber sido formulado mucho antes. �La explicación que den sobre el destino de los fondos puede ser razonable, pero no descartamos que los 10 millones hayan salido de la SIDE en abril y el decreto posterior haya servido para cubrir el faltante�, especuló ante este diario una fuente del caso. En el Gobierno desmintieron en forma enfática el asunto. �Desconozco absolutamente y me parece un tanto inverosímil, no hay razonabilidad de un decreto que hable de impulso legislativo�, respondió Storani consultado al respecto, en declaraciones a la prensa en la Casa de Gobierno. Mientras tanto, en la causa el movimiento no cesa. El juez citó a declarar a los dos empleados de la SIDE que retiraron dos cheques con fondos reservados justo un día antes de que el Gobierno anunciara que las negociaciones por la Reforma Laboral se habían destrabado. Y también convocó al funcionario firmante de los cheques. Además, tras la inspección ocular en el despacho del senador Emilio Cantarero, el juez cotejará la tipografía de las máquinas de escribir que hay allí con la del mensaje que el legislador le envió a la periodista María Fernanda Villosio para tratar de parar el escándalo que le estallaba en el rostro.
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