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Por Cristian Alarcón 
Terciando desde el sur en la guerra de abortistas y antiabortistas de Estados Unidos, el Arzobispado de Buenos Aires emitió ayer un comunicado en el que sostiene que la píldora autorizada por la Food and Drug Administration (FDA) atenta contra �los derechos humanos� de �los que no tienen voz para defenderse�. Como un rebote tercermundista de aquella polémica, para los dirigentes políticos y los especialistas argentinos la situación norteamericana pone en evidencia el retraso del país en las políticas de salud sexual y reproductiva. �Es imposible que pensemos en su aplicación cuando ni siquiera podemos lograr un sistema de salud en el que se hable de anticonceptivos�, opinó la diputada bonaerense Susana Amaro, autora del proyecto de ley de Salud Reproductiva que se consensúa en la provincia. �En realidad, lo único que traería verdaderos cambios sería que el Congreso y las 12 provincias en las que no existen leyes vinculadas a la salud sexual y reproductiva las sancionaran�, señaló María José Lubertino, del Instituto Social y Político de la Mujer. Con Estados Unidos son 13 los países en los que millones de mujeres evitan los abortos traumáticos, utilizando para interrumpir sus embarazos la RU-486, o mifepristone. Ese compuesto fue descubierto en 1980 en Francia y actúa directamente en la inhibición de progesterona, hormona sin la cual no se desarrolla el óvulo fecundado. El método se completa con otra pastilla de misopostrol, un medicamento que induce las contracciones intrauterinas. Realizado dentro de los primeros 49 días posteriores a la gestación, tiene una eficacia de un 92 por ciento y casi no presenta efectos secundarios. Si bien las asociaciones antiabortistas en sus campañas insisten con los perjuicios para la salud de las mujeres que las consumen, de las primeras 2100 en las que la FDA probó la pastilla sólo 4 tuvieron hemorragias graves después de interrumpir sus embarazos. �Pediremos ante la Virgen de Luján por las madres que se hallen ante la decisión del posible uso de la píldora para que les dé fuerzas para optar por la vida�, dice el comunicado del Arzobispado de Buenos Aires. Coordinador del programa de salud reproductiva de la Fundación Nicholson, el especialista Edgardo Rola desdramatizó ayer el asunto en una entrevista radial: sostuvo que en Francia su utilización no incrementó el número de abortos y que sólo se utiliza en un diez por ciento de los casos. Rola apuntó que la ilegalidad del aborto en la Argentina provoca un alto nivel de hipocresía que sólo se puede llevar adelante entre las clases más acomodadas. �Hay un número importante de mujeres de alto nivel económico que para practicarse un aborto van a Miami y por 500 dólares lo hacen en una institución pública con asesoramiento psicológico�, dijo. Rola subrayó que desde la Fundación Nicholson trabajan para �convencer a las autoridades de que se deben aprobar leyes de salud reproductiva para que los métodos anticonceptivos sean accesibles a la gente sin tener en consideración su capacidad adquisitiva�. Ese eje �la existencia o la inexistencia de políticas públicas y leyes que regulen la entrega de información y el acceso a métodos anticonceptivos� es el punto en común señalado por las dirigentes mujeres consultadas por este diario. Entre los ruidos tumultuosos de un congreso partidario, la legisladora porteña Clori Yelicic se mostró cauta: �Para nosotros, hoy todavía ni siquiera es posible el uso de un método así desde lo legal. Creo que estamos en una etapa muy inicial en la que recién acabamos de aprobar una ley en la ciudad�, dijo. Yelicic tiene presente esos otros ruidos del jaleo que armaron frente a la Legislatura porteña los jóvenes ultracatólicos que la acusaron de abortista hasta el cansancio. Aceptando el riesgo de imaginar la aplicación de la RU-486 en el país, María José Lubertino planteó una situación particular. �Si el artículo 86 del Código Penal prevé la posibilidad de abortos no punibles en casos como el de la violación, quizás sería importante que pudiera adoptarse el uso de la píldora, que es un método menos cruento�, sostuvo. La diputada del Frepaso, Susana Amaro, autora del proyecto de salud sexual y reproductivapara la provincia de Buenos Aires, no descarta que una situación como ésa requiera de nuevas maneras de resolución. �En el futuro hay que repensar qué hacer con todos estos casos �opinó�. Una criatura de diez años violada por su propio padre no tiene hoy la seguridad de que el Estado se ocupe de su salud responsablemente. Es cierto que habría que darle un marco a ese tipo de situaciones.� Aun teniendo en cuenta esta hipótesis, ambas coinciden en que es inútil un debate sobre la píldora abortiva cuando existe un importante �retraso en la protección de la salud sexual y reproductiva de la gente�. Graciela Giannetasio, diputada nacional por el justicialismo y autora del proyecto de salud reproductiva que se debate en el Congreso, marcó la diferencia entre una norma como la que promueve y la aplicación de un método como el de la RU-486, �que resulta ajeno a nuestra cultura�. Ayer, en su crítica sobre el raquítico desarrollo de políticas públicas que se ocupan de la salud sexual y reproductiva, especialmente de los sectores más pobres, Edgardo Rola marcó que si bien �están soplando buenos vientos� en el interior del país, la excepción �es la provincia de Buenos Aires, donde el ministro de Salud, Juan José Mussi, mantiene una posición bastante retrógrada�. Lo cierto es que tanto en la provincia como en el estresado Senado de la Nación los proyectos en marcha no tienen prioridad uno.
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