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Banzer se dobla pero no se rompe

El presidente boliviano aceptó postergar la construcción de tres cuarteles en la zona cocalera, pero la guerra campesina continúa.

Choque: El diálogo estuvo a punto de ser frustrado por otro choque entre militares y campesinos que culminó con dos indígenas muertos y 29 heridos.

Presidente Hugo Banzer.
No tan estable como parece.


Por Oscar Guisoni
Desde La Paz 

t.gif (862 bytes) Después de quince días de protestas y bloqueos, los productores de coca del Chapare consiguieron lo que Hugo Banzer había jurado, en su último discurso, que no iba a negociar: que se postergara la construcción de tres cuarteles militares, financiados por los Estados Unidos, en la zona. Después de dos días de maratónicas conversaciones, el ministro del Interior, Guillermo Fortún, ofreció a los cocaleros detener la construcción de los cuarteles a cambio de que cesen los bloqueos. Como el gobierno no quiso incluir en las negociaciones el cese de la erradicación de cultivos de coca, Evo Morales salió de la reunión calificándola de fracaso. Los cocaleros piden que se autorice a cada familia del trópico cochabambino a sembrar al menos un cato de coca al año (40 x 40 metros), algo que para el gobierno resulta inaceptable, ya que de este modo volvería a haber producción de coca destinada al narcotráfico.
El diálogo estuvo a punto de ser frustrado, en la madrugada del sábado, por otro enfrentamiento ocurrido entre militares y campesinos que culminó con un saldo de dos indígenas muertos y 29 heridos. El incidente se produjo cuando una caravana de camiones que se encontraba varada en Cochabamba desde hace una semana abandonó la ciudad el viernes por la noche, rumbo a La Paz. El viaje fue alentado por el gobierno, que ve con mucha preocupación el desabastecimiento que aqueja a la principal ciudad boliviana. Los camioneros tenían la esperanza de que los bloqueos hubieran disminuido gracias al acercamiento producido entre campesinos y autoridades. Los trailers partieron escoltados por militares, encargados de garantizar su seguridad y desbloquear la carretera asfaltada que une las dos ciudades. Pero al llegar a Vinto, una población ubicada a 17 kilómetros de Cochabamba, se encontraron con que el paso estaba cortado por más de 1500 campesinos. El ejército tomó entonces una decisión fatal. A las 4 de la madrugada los soldados irrumpieron en la villa, rodeándola desde dos frentes. Entonces comenzó una batalla campal, que duró hasta la salida del sol. Gases y disparos de metralla sembraron el caos, mientras los soldados no se contentaban con desbloquear la carretera, sino que se metieron también en las casas de los indígenas que estaban durmiendo. Al terminar el combate se pudo determinar que dos indígenas habían muerto por heridos de bala y 29 personas más se encontraban heridas, 4 de ellas de extrema gravedad. Entre los heridos se encuentran al menos 5 niños menores de 15 años.
Las conversaciones con los campesinos, que mantienen bloqueadas las principales carreteras del Altiplano, están previstas para el lunes. Los indígenas, liderados por Felipe Quispe, �el Mallku�, quieren que el gobierno se traslade a dialogar a la localidad de Achacachi, a orillas del Titicaca, una de las poblaciones más rebeldes del Altiplano. El gobierno aún no ha aceptado. A última hora del sábado se anunció también que la huelga que han comenzado hace tres días las esposas de los policías, reclamando que se cumplan los acuerdos entre policías y gobierno firmados en abril, ha comenzado a hacerse masiva. La convulsión en Bolivia, como se ve, dista mucho de estar acabándose.

 

 

Las armas las carga Mr. M. 

En momentos en que la crisis política en Perú parecía disminuir en intensidad, ayer surgió un nuevo escándalo de tráfico de armas maquinado desde el Estado. El mes pasado, la vinculación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) con la venta de 10.000 kalashnikovs a la guerrilla colombiana había debilitado críticamente a Vladimiro Montesinos, especialmente ante Estados Unidos. Y ayer el servicio de inteligencia colombiana, la DAS, interceptó un nuevo cargamento de 11.500 rondas de kalashnikov, la mayor parte de fabricación peruana, dirigidas a las FARC colombianas. El jefe de la DAS, Gustavo Jaramillo, subrayó que este tráfico de armas se realizaba �en complicidad con algunas personas de los estamentos oficiales de dichos países�.

 

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