EL GOBIERNO INVESTIGA EL SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE REGISTROS DEL AUTOMOTOR
Caja de cambio de favores políticos

Durante el Gobierno de Carlos Menem se produjo una explosión de apertura de registros del automotor, donde se acude para todo trámite relacionado con el auto. En épocas de bonanzas, cada uno rendía 400 mil pesos netos. Fueron dados a familiares y amigos del poder.

Por David Cufré

 Una de las derivaciones de la crisis por las supuestas coimas en el Senado es la investigación que inició el Ministerio de Justicia sobre el otorgamiento de registros del automotor a cambio de favores políticos. Este ha sido el mecanismo más extendido y uno de los más escandalosos de reparto de una de las principales cajas en manos de gobiernos. Y ha sido una de las formas que encontraron dirigentes del máximo nivel para enriquecerse o, si se quiere, financiar sus campañas políticas. Esa actividad en cuestión rinde unos 150 mil pesos anuales netos, monto que trepó a más de 400 mil en años de elevadas ventas de cero kilómetro. Una verdadera explosión de apertura de registros se produjo durante el menemismo, cuando se crearon 398 delegaciones, más del doble de las que existían hasta 1989. Las principales figuras del gobierno de Carlos Menem han participado de ese negocio. Pero no se ha limitado su alcance a ese grupo, aunque es por lejos el más favorecido. Dirigentes del radicalismo, del Frepaso, de partidos provinciales, jueces y militares también se han beneficiado –y lo siguen haciendo– de esa actividad, cuyo costo recae, en última instancia, sobre los ciudadanos. El juez federal Gabriel Cavallo también inició una causa por supuestas irregularidades (ver aparte), que se tramita en forma paralela a la investigación oficial.

La secretaria y el cuñado de Eduardo Menem; personas ligadas al ex presidente Carlos Menem –incluida su sobrina Marcela Fátima, la hija de su cocinero y una muy buena amiga de su hija Zulema, Claudia Pombo–; el cuñado de Eduardo Duhalde; la esposa de Alberto Kohan; la cuñada de Carlos Corach; la hermana de Ramón Hernández; la cuñada de Alberto Pierri; el hijo de Hugo Anzorreguy; la hermana de Raúl Granillo Ocampo; el hermano de Rodolfo Barra; el padre del secretario de Eduardo Bauzá; la esposa y el hijo de César Arias; la esposa de Hugo Toledo; la hermana de Julio Mera Figueroa; la ex esposa y la ex suegra de Carlos Grosso y el yerno del ex senador sanjuanino Carlos Gómez Centurión son titulares de registros del automotor. Son algunos nombres de una lista mucho más amplia, en la que también figuran el hijo de Martín Balza; la ex esposa del Beto Alonso; una de las cantantes de Las Primas; el juez José Luis Ventimiglia; el hijo del gobernador radical Sergio Montiel; el hijo del ex senador Elías Sapag y tantos otros (ver recuadro aparte).

En la Alianza hubo fuertes discusiones sobre qué hacer con ese negocio. “Muchos esperaban poder usar sus influencias para conseguir registros cuando asumiéramos el poder. Es un sistema tan habitual que ya está incorporado al inconsciente de la clase política. No fue fácil parar la rifa de los registros”, confió bajo compromiso de absoluta reserva de su identidad un encumbrado dirigente aliancista a Página/12. Finalmente, el Gobierno decidió no otorgar ningún registro, suspender la concesión de los últimos quince que dispuso el menemismo en su último mes de gestión e iniciar una investigación sobre el funcionamiento de los existentes. Esas medidas defraudaron las expectativas de dirigentes de nivel medio de la Alianza, puesto que la explotación de los registros es una de las formas de financiar carreras y pagar favores a punteros.
Si bien se canceló el reparto de nuevas delegaciones, queda el problema de los ya otorgados. La voluntad política del Gobierno llegó hasta investigar a los concesionarios, para comprobar si cumplen las reglamentaciones propias de su funcionamiento. En caso de no hacerlo, se abrirán sumarios para revocar las licencias, que fueron entregadas de por vida. Pero hasta el momento el Gobierno no fue más allá, como podría ser una anulación masiva de licencias –amparándose en un nuevo marco legal, a ser dictado por el Congreso–. El Poder Ejecutivo busca con la Ley de Emergencia Económica revisar todos los contratos firmados durante la administración anterior. Esa fue una salida a otros contratos irregulares,pero serviría como herramienta para aplicar en las escandalosas entregas de los registros del automotor.
Cómo conseguir un registro
Las personas seleccionadas para administrarlos han sido en su mayoría punteros políticos o, como se ve, familiares de destacados dirigentes. Los registros se encargan de anotar la propiedad de todos los vehículos que existen en el país. Los propietarios de las unidades deben pagar alrededor de 120 pesos por el trámite que acredita su titularidad del auto, ya sea por la compra de un cero kilómetro o un usado.
Se trata de un servicio tercerizado por el Estado y los administradores son elegidos por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, a cargo desde 1983 hasta hace dos semanas de Mariano Durand. Entre las tareas de esa dependencia también figura la inscripción de todas las prendas de vehículos, los números de chasis y motor de las unidades y los resultados de las verificaciones técnicas. El costo de los trámites fue rebajado en un 10 por ciento en promedio por la actual administración, dado que los valores anteriores fueron considerados demasiado onerosos.
Hasta que el Gobierno modificó de raíz la forma de obtener una licencia (ver reportaje aparte), la “palanca” era la forma más común para conseguirla. Diputados y senadores han sabido utilizar sus influencias. Por caso, el secretario privado del senador Remo Costanzo, Martín Fraga, administra un registro en el conurbano. El legislador y Fraga figuran en el expediente abierto por el juez Carlos Liporaci para averiguar si se pagaron coimas en el Senado.
Durante la administración de Raúl Alfonsín, el entonces senador nacional por San Juan, Carlos Gómez Centurión, consiguió que se le entregara a su yerno un registro en Capital Federal. Casualmente, el senador del Partido Bloquista votaba en ese entonces junto a la bancada radical las leyes que interesaban al Poder Ejecutivo. Ese registro es administrado en la actualidad por el hermano de su yerno, Alejandro Germano.
“En el gobierno radical había que anotarse en una lista. Cada vez que se abría un registro entraba el que figuraba primero. Pero con el menemismo fue descarado. A cada político de peso que quería un registro se lo daban, sin importar si en la zona ya había varios”, describió una fuente inobjetable a Página/12. En el partido de La Matanza se pasó de seis registros en 1989 a doce en la actualidad. Uno de ellos recayó en Facundo Taborda, un hombre de Eduardo Menem que estuvo involucrado en el escándalo de la quiebra del Banco de La Rioja. En Lomas de Zamora también se duplicó la cantidad de registros en los últimos años y uno fue para la esposa de Hugo Toledo. Son algunos casos que describen un funcionamiento generalizado con los registros, que el Gobierno resolvió cortar, al menos hacia adelante.

�Se movían influencias para conseguir registros�

Por D.C.
El Gobierno investiga la designación de titulares de registros del automotor durante el gobierno menemista. En caso de detectar irregularidades iniciará sumarios para revocar las licencias. Pero no habrá una anulación masiva de las que fueron entregadas a familiares o amigos de políticos, jueces y militares. El subsecretario de Justicia, Carlos Balbín, es el responsable de la depuración. “Para el Gobierno no es una cuestión menor y por eso estamos actuando”, aseguró en diálogo con Página/12.
–¿El Gobierno revocará la titularidad de los registros del automotor que se hayan otorgado a familiares o amigos de políticos?
–Es una cuestión jurídica. Para revocar las licencias el Estado debe iniciar una acción judicial y el juez, resolver. La administración no puede revocarlas por sí sola. Ahora, si el registro fue otorgado de manera ilegal, nosotros vamos a actuar. De hecho hemos detectado algunos casos puntuales e iniciado sumarios.
–¿Pero no existen otras formas de corregir esa situación escandalosa?
–Es un tema que analizamos. Y prueba de ello es que hemos tomado medidas. No es una cuestión menor para nosotros. Por eso iniciamos una investigación. La primera medida fue no crear ningún registro nuevo. La segunda fue prohibir que cualquier funcionario, hasta tres años después del desempeño de su cargo, pueda acceder a un registro automotor. Y lo mismo para sus familiares. Antes no existía esa prohibición.
–¿Los registros se han utilizado para pagar favores políticos?
–No puedo afirmarlo. Lo que puedo decir es que el procedimiento para la creación de registros hasta diciembre del año pasado era discrecional. Lo que nosotros hemos hecho es modificar la discrecionalidad y establecer reglas claras para que accedan las personas idóneas. Claramente es reprochable que un funcionario mueva sus influencias para conseguir un registro para sí o un familiar. Y eso sin duda ha pasado.
–¿La ganancia neta de los titulares de registros ronda entre los 10 mil y 15 mil pesos mensuales?
–Depende de dos circunstancias. La primera es el movimiento del mercado automotor, cuando se venden más coches ganan más, y obviamente lo contrario cuando bajan las ventas. El segundo punto es que no existe una distribución igualitaria de legajos entre los diferentes registros. O sea que un registro puede ganar mucho más que otro que está a tres cuadras. Teniendo en cuenta estas dos aclaraciones, es posible que la ganancia promedio sea la que usted menciona. De todos modos, nosotros rebajamos los aranceles que cobran los registros por los diferentes trámites en un 10 por ciento promedio. Actualmente tienen 45 aranceles diferentes.
–¿Por qué un registro tiene más legajos que otros?
–Hubo subdivisiones de zonas que hicieron que algunos registros sean más rentables que otros. Otra medida fue suspender las designaciones hechas por el gobierno anterior en su último mes de gestión.
–¿Por qué?
–Se decidió hacer un estudio de cada caso en particular. Fueron quince registros que se otorgaron a un mes de que asumiera la Alianza. Pero nosotros no los hemos puesto en funciones. Nuestra propuesta política ha sido dictar normas claras. Redactamos cinco resoluciones para establecer las nuevas reglas de creación de registros y designación de sus titulares. En el primer caso, se abrirá una delegación cuando sea necesario en función de los usuarios, en base a un cúmulo de variables e informes técnicos que lo avalen. En cuanto a los titulares, vamos a exigir un examen público, se abrirá un padrón donde deberán inscribirse los interesados y se les exigirá una garantía monetaria o inmueble para que el Estado pueda resarcirse de eventuales perjuicios económicos. Además, la titularidad no será de por vida, como ocurría antes, sino por un período de diez años. También se exigirá un título profesional. Actualmente el 75por ciento de los titulares no son profesionales. Y finalmente, vamos a exigir antecedentes comerciales y penales, para acreditar la idoneidad de los aspirantes.

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