Por Guillermo Zysman
Desde Rosario

  “Me hicieron muchísimo daño”, sostiene Manuel Aníbal Mejía Saldaña sin poder ocultar sus emociones. El 27 de mayo de 1999, este médico nacido en Perú y con largos años de vida argentina se enteró de la resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario que lo suspendía por 90 días como jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra Anatomía Normal por “transgredir normas éticas”, al inducir a sus alumnos a adquirir apuntes suyos en un instituto privado, a cambio de aprobar los exámenes. Al mismo tiempo que Saldaña denunciaba las irregularidades del procedimiento –”no pude ejercer un derecho constitucional básico como el de la legítima defensa”–, su contestador automático recibía innumerables llamadas intimidatorias: “Ya te cagamos, peruano, ¿viste qué fácil que era?”, “te sacamos de tu puesto, ahora te vamos a devolver a tu país, de donde nunca tendrías que haber salido”. El 7 de septiembre, Saldaña presentó ante el Instituto Nacional contra la Discriminación –Inadi– una denuncia por discriminación y xenofobia contra la decana de Medicina y otras autoridades universitarias, convencido de que su condición de peruano, nacionalizado argentino, fue el causal de su “expulsión encubierta”.
En 1976, Saldaña ingresó como profesor a la misma casa que le había otorgado su título de médico algunos años antes. Ya en 1982, después de ejercer cargos voluntarios y ad honorem, obtuvo por concurso el nombramiento rentado de jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra de Anatomía Normal. Tras 17 años de dictar clases “sin ningún inconveniente”, el 26 de mayo del año pasado una de sus alumnas, María Florencia Mondino, presentó ante la decana Raquel Chiara una imputación en su contra. Mondino denunció que Saldaña inducía a todos sus alumnos a concurrir al instituto privado Latarjet, donde se vendían apuntes elaborados por él mismo, como condición para aprobar la materia. “Nunca lo hice, jamás se me hubiera pasado por la cabeza. Para mí es un honor ser docente universitario pese a que gano 170 pesos, es mi vocación”, se defiende Saldaña.
Un día después, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina resolvió separarlo por noventa días de “cualquier actividad relacionada con el trato directo con los alumnos”. “Cuando me enteré –recuerda quebrado Saldaña–, me sentí humillado, sentí que eran los últimos días de mi vida. Mi hija mayor de sólo 12 años se enteró de esto porque sus maestras le preguntaban por el caso y quedó muy afectada.”
“Desde el momento de la suspensión misma se cometieron innumerables y gravísimas irregularidades”, dispara Francisco Waldemar Palermo, abogado patrocinante de Saldaña. Según Palermo, el Consejo Directivo lo suspendió sin iniciarle juicio académico, cuando en realidad ese órgano colegiado no tiene esas atribuciones. El artículo 14 de la ordenanza que regula el juicio académico contempla la suspensión preventiva sólo “durante la sustentación del juicio académico”, a fin de no entorpecer la investigación. “Lo sancionaron anticipadamente, y lo más grave fue que no lo dejaron defenderse”, apunta Palermo.
Las anomalías no cesaron allí. El asesor jurídico de la UNR, Oscar Borgonovo, fue el encargado de desestimar los reparos y las presentaciones de la defensa de Saldaña, cuando a la vez se desempeña como abogado defensor de Mondino en la querella por calumnas e injurias que le inició Saldaña. La conducta parcial de Borgonovo desembocó en una denuncia penal en su contra por negocios incompatibles con el ejercicio de funcionario público y prevaricato.
Pasados los 90 días de la suspensión, y pese a que Saldaña solicitó su reincorporación, la Facultad de Medicina no emitió resolución administrativa alguna, por lo que no pudo volver a ocupar su cargo desdeentonces. “Lo han condenado sin juicio, esto es una expulsión encubierta -denuncia Palermo–. Si se caen en todos estos vicios, uno debe sospechar que hay discriminación.”
“Me han hecho mucho mal, me han discriminado por ser peruano, incluso ya había tenido problemas en ese sentido anteriormente. Tal vez esto ocurra porque soy un profesor muy exigente”, reflexiona Saldaña, quien mantiene a sus cuatro hijos con los ingresos que recibe como médico del PAMI. “Algún día –continúa– va a quedar demostrado que todo esto estaba armado. Incluso ya hubo alumnos que desinteresadamente salieron a apoyarme, pero la decana les rechazó la carta en la que negaban que yo los incentivaba a ir a ese instituto privado. Han usado a una alumna para cometer este acto malicioso y destruirme”, arremete Saldaña contra sus colegas profesores, al tiempo que recuerda que, días antes de la suspensión, el titular de la cátedra, Juan Carlos Barrovechio, “le sugirió” que apruebe a un alumno, hijo de un profesor amigo.
Para Roberto Arévalo, presidente de la Asociación de Residentes y Estudiantes Peruanos de Rosario, “éste no es un caso de discriminación aislado, está enmarcado en una campaña de persecución y discriminación contra nuestra colectividad, que algunos medios como la revista La Primera y Radio 10han instalado haciendo apología del odio racial”, asegura antes de mencionar el atentado que sufrió su sede el año pasado cuando una bomba incendiaria cayó en uno de sus patios.
El Inadi recibió la denuncia y, si bien el instituto no comenta los casos que está investigando, Página/12 pudo establecer que le envió una nota oficial a la decana Raquel Chiara para que informe su versión de los hechos. Todo indica que la denuncia de Mejía Saldaña no fue descartada.

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