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Por
Susana Viau
Nuevos documentos incorporados a la investigación de las megacoimas
del caso IBM-Banco Nación probarían lo que el juez Adolfo
Bagnasco, desde Estados Unidos, colocó en el plano de las sospechas
indemostrables: que los americanos supervisaron el Proyecto Centenario
y trazaron una estrategia tendiente a relevar de responsabilidades a la
casa matriz, cargando los platos rotos en la cuenta de los ejecutivos
locales.
Los papeles fueron secuestrados durante un allanamiento fortuito a IBM,
realizado por el juez penal económico Bernardo Vidal Durand. El
allanamiento a las oficinas de la corporación fue la medida que
durante cinco años reclamó el fiscal Carlos Cearras y Bagnasco
siempre se resistió a ordenar. El viaje del juez a Nueva York tuvo
como objetivo tomar declaración testimonial a dos altos directivos
de la empresa. Antes, los había liberado del pedido de captura
internacional y arresto por “sugerencia del Ministerio de Justicia”
y porque, sostuvo, podían ser víctimas de un eventual síndrome
de “angustia procesal”. Generalizado, el argumento del juez
puede tener efectos incalculables.
A mediados de agosto y después de historiar las dificultades que
había enfrentado para interrogar a ambos ejecutivos, Bagnasco resolvió
transformar las indagatorias de Steve Lew y Peter Rowley en declaraciones
testimoniales.
Sin embargo, no fue ese el único aspecto llamativo de la resolución.
En una clara expresión de independencia del Poder Judicial, el
juez admitió que su decisión siguió la recomendación
del ministro de Justicia, que vio en la anulación del pedido de
captura y el cese de la condición de imputados la única
alternativa para lograr los testimonios de los directivos rebeldes, calificados
por Bagnasco como “trascendentes (...) para el descubrimiento de
la verdad material”. Una vez eximidos de la prisión y la presión,
Lew y Rowley se avinieron a declarar. Y el juez viajó. El fiscal
Cearras declinó acompañarlo, tal vez para no convalidar
medidas difícilmente digeribles.
Entre tanto, tres documentos relevantes se incorporaban a la causa. Eran
los que Vidal Durand había obtenido en el allanamiento a IBM, a
causa de una denuncia por evasión presentada por la Unidad de Inteligencia
Fiscal. Uno de ellos contendría, al parecer, las instrucciones
para la estrategia defensiva de la IBM. La receta era simple: evitar por
todos los medios que el agua llegara a las puertas de IBM-Estados Unidos
y envolviera a sus directivos (que estarían entonces obligados
a rendir cuentas a las Justicia de su país). Las responsabilidades
debían recaer, según el instructorio, en los ejecutivos
de IBM Argentina.
Los otros dos documentos capturados por el juez penal económico
llevan la firma del técnico californiano Steve Lew (uno de los
declarantes ante Bagnasco) y del abogado de IBM para América Latina,
David Cartenutto. Son los informes de auditoría hechos por los
americanos en agosto de 1995, cuando estalló el escándalo.
Terminado el relevamiento, los enviados por la casa matriz regresaron
a su base. Cuando más tarde volvieron a Buenos Aires fue para desprenderse
de Ricardo Martorana y Gustavo Soriani, en quienes recayó la responsabilidad
procesal. El material deja mal parado a Wilmer Gueyçamburu, el
ibemeísta jubilado que dejó su apacible retiro de Boca Ratón
para sustituir –por decisión de IBM Estados Unidos– al
presidente Martorana. Es que Gueyçamburu había respondido
un pedido de la justicia con una nota donde aseguró que no había
constancias escritas de aquellas auditorías. Los nuevos documentos
podrían poner Gueyçamburu al filo del falso testimonio.
Lo cierto es que Bagnasco deberá traer resultados muy “trascendentes”.
Lo bastante para justificar la supresión de los pedidos de captura
y arresto que han dejado a IBM en el umbral del éxito de esa estrategia
que el juez “intuye” y confirman los nuevos aportes al expediente.
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