La Asociación PERIODISTAS para la Defensa del Periodismo Independiente
expresó ayer su rechazo al intento oficial de sancionar en forma
administrativa a Crónica TV por haber transmitido un acto del partido
neonazi Nuevo Triunfo, de Alejandro Biondini, y al estatal Canal 7 a raíz
de una frase sobre el presidente Fernando de la Rúa que, según
el Comité Federal de Radiodifusión, habría afectado
la investidura presidencial. Durante una conferencia de prensa ofrecida
ayer por la tarde, los directivos de la asociación, Magdalena Ruiz
Guiñazú, Horacio Verbitsky, Mónica Gutiérrez,
José Ignacio López, Carlos Gabetta, Rogelio García
Lupo e Isidoro Gilbert afirmaron que se trataba de una inadmisible restricción
a la libertad de información y de prensa. Asistió a la conferencia
la periodista Nancy Pazos, en cuyo programa en Canal 7 el actor cómico
Fernando Peña respondió en forma humorística a una
pregunta sobre el regalo que le haría en su cumpleaños a su
tocayo presidencial, desencadenando la represalia oficial. La comunicación
del Comfer al Canal 7 sostuvo que en la respuesta se utilizaron términos
soeces que no se condicen con el respeto a la investidura presidencial. El Comfer fundamentó las medidas en los artículos 5, 14 y 18 de la actual Ley de Radiodifusión que regulan el contenido, los objetivos y los caracteres de la información difundida por la radio y la televisión. La declaración difundida ayer por PERIODISTAS recuerda que esta ley fue sancionada durante la última dictadura militar y no sólo contiene disposiciones restrictivas y obsoletas, sino que sus contenidos contradicen claramente los principios de los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución en 1994. La existencia de esta ley, mordaza aún sin modificaciones, es una deuda de la democracia con la libertad de información más amplia e irrestricta. Por otro lado, el propio COMFER presenta estos argumentos para defender la necesidad de una nueva ley. Paradójicamente, con esta medida no hace más que reforzar la vigencia de la reprochable legislación actual, que debe ser modificada. La idea de una información veraz o fiel que el Estado se arroga el derecho de calificar y tutelar es inadmisible en nuestro marco jurídico. La declaración dejó constancia del repudio de PERIODISTAS a toda manifestación nazi y por la violación a las leyes contra la discriminación y en defensa de la democracia en que habría incurrido el orador, pero afirmó que su castigo corresponde a la Justicia, que ya en otra ocasión condenó a Alejandro Biondini. Esto no justifica que el COMFER haga responsable al medio por las expresiones o acciones de terceros, con una medida que coacciona a los emisores a ejercer censura previa sobre las manifestaciones que puedan verter los entrevistados o los protagonistas de los hechos que transmiten. Es una tarea esencial que el debate sobre la nueva Ley de Radiodifusión contribuya a depurar su texto de la permanencia de normas fecundadas en los años de la represión. Verbitsky recordó que la Convención Americana de Derechos Humanos también prohíbe cualquier restricción indirecta de la libertad de expresión, por medio del control sobre las frecuencias que usan las emisoras y sólo admite la calificación previa de materiales de entretenimiento para regular su acceso a niños y adolescentes, por razones morales. Según Mónica Gutiérrez, esta actitud oficial amenaza a todos quienes transmiten programas en vivo y no conocen qué van a decir sus entrevistados. Gabetta añadió que, aun cuando fueran grabados, esta forma de censura sería inaceptable. La Asociación PERIODISTAS fue creada en 1995 como consecuencia de los frecuentes ataques del anterior gobierno a la prensa, que incluyeron agresiones físicas y verbales, proyectos de ley mordaza y condenas judiciales. La de ayer fue la primera declaración que señala un graveataque a la libertad de prensa desde que asumió el gobierno de la Alianza presidido por Fernando de la Rúa.
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