Por S. M.
Desde Roma
 El g obierno porteño comprobó que fueron arrancadas 20 hojas del tomo del Registro Civil que contenía la instancia de la ausencia con presunción de muerte de Marie Anne Erize Tisseau asentada en un libro de 1991. Además, en el Libro Indice �que contiene la lista alfabética de todos aquellos por los que se solicita el trámite� el nombre de la joven francoargentina desaparecida en San Juan en 1976 fue adulterado y cambiado por el de Marie Anne Ercole (un apellido que aparece en el renglón inmediatamente anterior al de Erize), por el cual no se podía llegar al libro que contenía la ausencia con presunción de muerte. Todo ello le da fuertes indicios al jefe de Gobierno Aníbal Ibarra de la existencia de una organización que arrancó las hojas, adulteró el nombre para borrar huellas con la finalidad de construir el documento apócrifo en el que se basó el tribunal italiano para liberar al represor Jorge Olivera. Ibarra ordenará una pericia caligráfica del nombre cambiado y su gobierno se presentará como querellante en la causa que se sigue en Buenos Aires por uso y falsificación de documento público.
Olivera fue detenido en el aeropuerto de Fiumicino, en esta ciudad, hace tres meses, a pedido del juez francés Roger Le Loire, por el secuestro y desaparición de Marie Anne Erize, producido en octubre de 1976, en San Juan. El militar argentino, que integró el grupo de tareas que secuestró y torturó a Marie Anne, estuvo detenido en la cárcel romana de Regina Coeli durante 43 días, hasta que el tribunal de feria formado por María Luisa Carnevale, Serenella Siriaco y Massimo Michelozzi dispuso sorpresivamente su liberación, en una audiencia que debía decidir un pedido de prescripción del delito que se le imputa a Olivera. El tribunal consideró que, según la legislación italiana vigente, el delito había prescripto, con lo cual avanzó en el asunto de la extradición, denegándola.
Ahora bien, la fecha tomada para considerar que el delito estaba prescripto fue la que presentaron los abogados del represor, Augusto Sinagra y Marcantonio Bezicheri, en el papel �trucho�, cuya falsedad ya corroboraron el Gobierno porteño y la Cancillería argentina y hoy reconocerá oficialmente el gobierno italiano a través de su ministro de Justicia, Piero Fassino. Ayer, el coordinador de la secretaría nacional de los Democratici de Sinistra, Pietro Folena, le dijo a Ibarra en la reunión que mantuvieron por la mañana: �Esta resolución apesta a Italia�.
En su fallo, los jueces romanos sostienen, entre otras cosas, que:
 �La defensa del extraditado ha objetado en particular la prescripción aplicada al delito atribuido a Olivera, depositando en la audiencia un certificado en el cual consta que la ciudadana francesa de cuyo secuestro ha sido acusado Olivera, habría fallecido el mismo año en el cual se produjo el secuestro en el lejano 1976�.
�No es necesario disponer un aplazamiento del procedimiento con el fin de permitir a las partes el examen de la documentación�.
�La fecha en la cual inicia a contar la prescripción no puede dejar de ser la que se refiere al mismo año del secuestro (año 1976) ya sea a la luz de la documentación producida por la defensa y que comprueba el fallecimiento de la ciudadana francesa atribuida a la fecha del 11.11.1976...�.
El abogado Sinagra es un personaje bastante conocido en este país, cuna de la Logia P2 �a la que pertenecieron José López Rega, Licio Gelli, el dictador Emilio Massera y, según se afirma en una página de Internet, también integra la jueza Siriaco, una de las que liberó a Olivera�. Sinagra fue defensor del propio Gelli, del asesino nazi Erich Priebke y del gobierno de derecha de Turquía en el caso en el cual se extraditó alopositor Abdalá Ocalán (condenado a muerte en Ankara). Ahora, enfrentará junto a su socio Bezicheri una investigación oficial. Lo mismo ocurrirá con el tribunal que liberó a Olivera.
La fiscal que tiene esa causa es Laura Condeme, que hoy tomará declaración testimonial a Ibarra sobre la falsificación de documento público. Pero, debido a una presentación efectuada por los familiares de desaparecidos ítalo-argentinos en Roma, esta causa se unificará en manos del fiscal Giancarlo Capaldo, que ayer se reunió con el jefe de Gobierno porteño en sus oficinas de la Città Judiciale.
Capaldo y su par Francesco Caporale (que ayer también participó del encuentro con la delegación argentina) son los fiscales de todos los casos que se siguen en este país por los desaparecidos durante la dictadura argentina. El Estado italiano es querellante en los casos ya abiertos por desapariciones ocurridas en el campo �El Vesubio� �y por el cual se está juzgando a Carlos Guillermo Suárez Mason y otros militares� y por el Plan Cóndor, y en los próximos que se abrirán, como el de la ESMA y Automotores Orletti.
Antes ambos fiscales Ibarra relató lo que contará hoy frente a Laura Condeme en calidad de testigo: que el documento por el cual se liberó a Olivera es falso y, además, que fueron arrancadas las hojas del libro donde estaba el pedido de ausencia con presunción de muerte de Marie Anne Erize gestionado por el juez porteño Juan Posse Saguier en 1991. Y que, por si fuese poco, fue adulterado el apellido de Marie Anne en el Libro Indice para dificultar el acceso al tomo verdadero.
Ibarra presentará todas estas pruebas (un informe preparado por el secretario de Gobierno porteño, Raúl Fernández, en base a los datos aportados por el director general del Registro Civil de Buenos Aires, Esteban Centenaro) pero no dejará ahí el asunto. Ya ha dado instrucciones a Fernández para que el Gobierno de la Ciudad se presente en calidad de querellante en la causa por falsificación de documento público abierta en la Argentina contra Olivera y sus abogados. El jefe de Gobierno porteño tiene pocas dudas de que este operativo fue realizado por una organización. �Es demasiado grande para que fuese obra de un abogado aislado�, se lo escuchó decir ayer en Roma.
LOS ABOGADOS NO QUIEREN A OLIVERA
No a los falsificadores
Por I.H.
El presidente del Colegio de Abogados de Capital Federal, Atilio Alterini, le pedirá mañana al consejo directivo de la entidad que envíe al mayor Jorge Olivera a ser juzgado por el tribunal de disciplina ante la sospecha de que violó normas éticas. �No queremos falsificadores de documentos entre nuestros matriculados�, dijo Alterini.
La semana pasada el Colegio de Abogados le encomendó al decano de la Facultad de Derecho y ex camarista, Andrés D�Alessio, que investigara en Italia la actuación de Olivera dentro de la causa en la que fue detenido por el secuestro y la muerte de Marie Anne Erize durante la dictadura militar. El propio gobierno argentino denunció que el militar había falsificado la solicitud de partida de defunción de la joven.
La institución que representa a los abogados porteños ya había rechazado a mediados de agosto un pedido de la mujer de Olivera en la que solicitaba respaldo para su marido.
En Italia, D�Alessio se entrevistó con el procurador del tesoro, el procurador general y con el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, que está de gira en ese país. Ayer le informó al titular del Colegio que había recogido suficientes pruebas.
�Los abogados deben manejarse de acuerdo con derecho y en el marco de la ley, y quienes así no lo hicieren recibirán las sanciones correspondientes�, señaló Alterini al anunciar que pedirá que lo juzgue el tribunal de disciplina.
EL DESTINO DE SANTUCHO Y URTEAGA
Neustadt y la represión
Los abogados de las familias de Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga solicitaron que se citara a declarar al periodista Bernardo Neustadt en la causa donde se investiga el destino de los ex jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo. El pedido se basó en la declaración reservada de un militar que afirmó que el periodista concurría asiduamente a la unidad militar de Campo de Mayo. El testigo señaló varios lugares dentro del regimiento en los que se habrían realizado entierros clandestinos.
El militar que compareció ante el juez Alfredo Bustos mencionó también que el ex juez (Rafael) Sarmiento visitaba la guarnición militar. Sobre este último dijo que se hacía pasar por psicólogo y que participaba en los interrogatorios. �La verdad es que a estos tipos no se les puede sacar nada�, habría afirmado cuando se cruzó con el militar testigo. En relación con Neustadt aseguró que no lo vio dentro de los centros clandestinos donde estaban los detenidos, sino en reuniones con los jefes de Campo de Mayo, Antonio Domingo Bussi y Santiago Omar Riveros. Pero antes de estas citaciones, el magistrado fijará fecha para escuchar al ex jefe de Ejército Martín Balza. Los abogados Manuel Gaggero y Elena Mendoza pidieron que autoridades de la provincia de Entre Ríos informaran y certificaran si la escuela 180 de la localidad de María Grande lleva el nombre �Mayor Juan Carlos Leonetti�, en honor al militar que dirigía el grupo de tareas que irrumpió, en julio de 1976, en el departamento de Villa Martelli donde estaba la dirigencia del ERP.
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